El 70% del área que ocupa Bogotá hoy en día es suelo rural: veredas que se extienden sobre los pliegues de los cerros orientales y hacia el páramo de Sumapaz, en localidades como Usme y Ciudad Bolívar. En estos territorios no vive la mayoría de los bogotanos, aunque sí se encuentra la mayoría de cosas: suministros de agua (páramos y nacimientos de quebradas y ríos), suelos aptos para la agricultura, reservas forestales y de fauna, entre otros. Aunque la mayor parte del territorio de la capital está catalogada como rural, la normatividad que se ha construido para estos territorios es deficiente y es en ellos donde suceden buena parte de las irregularidades que resultan de la mala planeación urbana: vivienda ilegal, destrucción de suelos agrícolas y explotación indebida de recursos naturales.
Entre otras cosas, la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que lleva por lo menos desde agosto en concertación con la Corporación Autónoma Regional sin que aún vea la luz, introduce grandes cambios en temas de la ruralidad de la ciudad; se estima que la revisión puede finalizar el próximo mes. La capital pasará de tener seis centros poblados rurales reconocidos oficialmente, a 10 en las localidades de Sumapaz (Nueva Granada se convertirá en el punto más distante del centro de Bogotá), Usaquén, Ciudad Bolívar y Usme, en donde no existía ninguno de estos territorios, a pesar de ser una de las localidades que más concentra suelos rurales aptos para el cultivo.
¿Por qué es importante esto? Porque, según cálculos de la Secretaría de Planeación, los suelos agrícolas de la capital le podrían proveer el 25% de los alimentos que requiere. Hoy, este porcentaje no pasa del 1%, afirma Diego García, director de Ambiente y Ruralidad de la Secretaría. Tener más centros poblados rurales reconocidos representa una apuesta por convertir estos lugares en polos de desarrollo. Poner a producir la tierra crea barreras para la expansión desmedida de la frontera urbana, mientras que se protegen recursos naturales y el modo de vida de los campesinos.
Para solucionar el vacío normativo, el POT contempla la creación de tres estructuras urbanísticas para el campo (socioeconómica y espacial, ecológica y funcional, y de servicios), tal y como sucede hoy con el suelo urbano. Estas categorías urbanísticas permiten pensar mejor temas como los servicios públicos y la construcción de vías, pero desde la lógica del campo y no de la ciudad, que extiende su desarrollo bajo el manto duro del concreto y el asfalto.
También se contempla la implantación de los territorios de borde, una jerarquía urbanística pensada para solucionar los problemas que se dan en los límites entre lo rural y lo urbano, en donde proliferan las construcciones ilegales, entre varios otros problemas. “Las ciudades de hoy ya están pensando en los límites de su desarrollo. Los mejores estándares de vida se tienen cuando se controla la expansión de la población y se entiende cuál es la capacidad de carga de los centros urbanos”, asegura García.
La revisión del POT le apuesta también al respeto de la normatividad ambiental, mediante la expedición de siete determinantes que establecen, entre otras cosas, que la ciudad debe construirse teniendo en cuenta sus recursos hídricos y no sobre ellos, como ha sucedido con los 13 humedales oficiales de la capital.
Concretamente en el tema ambiental, la máxima norma urbanística establece la creación del Parque Distrital de Montaña Cerro Seco, en el sector de Arborizadora Alta, en Ciudad Bolívar, un lugar al que se le había retirado su estatus de área protegida. También en esta localidad el POT le quitó al relleno sanitario Doña Juana 265 hectáreas que estaban destinadas para su expansión y que están ubicadas en un bello paraje de la vereda de Quiba, en donde existen acuíferos (depósitos subterráneos de agua) y un tipo de ecosistema presente en pocas regiones del país (subxerofítico).
La siguiente revisión del POT, que en ese entonces tendrá la posibilidad de modificar temas de fondo, pues será un análisis ordinario, se debe hacer en año y medio aproximadamente, cuando la siguiente administración distrital esté recién posesionada. Los cambios presentes son alentadores y sería esperanzador pensar que en el futuro se reforzarán para proteger el medio ambiente, la identidad campesina y la posibilidad de tener un futuro más sostenible y equitativo.