Van 51.000 nuevas solicitudes de reparación por Doña Juana

Comenzaron a correr los términos para radicar documentos. Hay distintas cifras sobre el potencial de posibles beneficiarios. Ciudadanos buscan conformar una veeduría.

Redacción Bogotá
17 de marzo de 2015 - 02:00 a. m.
El 27 de septiembre de 1997 ocurrió el deslizamiento de 1 millón 200 mil toneladas de basura en Doña Juana. / Archivo
El 27 de septiembre de 1997 ocurrió el deslizamiento de 1 millón 200 mil toneladas de basura en Doña Juana. / Archivo

Pasados 17 años de la tragedia ambiental ocurrida en el relleno sanitario Doña Juana, aún hay quienes reclaman, al menos, una indemnización por los perjuicios sufridos. Ayer comenzaron a correr formalmente los términos para que los habitantes de la zona de influencia, que no se beneficiaron con el único fallo que ha emitido la justicia sobre el caso, presenten documentos que los acrediten como víctimas. La Defensoría del Pueblo, encargada de recibir las solicitudes, comenzó a hacerlo hace seis meses, y hasta ayer contaba unas 51.000 peticiones.

Los interesados tienen plazo hasta el próximo 15 de abril, cuando la Defensoría dejará de recibir documentos y comenzará a evaluar cada petición para determinar quiénes están habilitados para reclamar, pues deben demostrar que vivían, trabajaban o estudiaban en la zona entre el 27 de septiembre y el 31 de diciembre de 1997.

En una sentencia de 2012 el Consejo de Estado declaró al Distrito responsable de la tragedia que comenzó el 27 de septiembre de 1997 con el deslizamiento de 1 millón 200 mil toneladas de basura y se prolongó por varios meses en los que los habitantes de hasta cinco kilómetros a la redonda sufrieron los efectos de la contaminación. El alto tribunal reconoció en ese fallo a 1.472 ciudadanos como beneficiarios de una indemnización. La ley, sin embargo, permite que quienes no salieron beneficiados y de todas formas se consideren víctimas, se adhieran a esa demanda para que se determine si también los deben reparar económicamente.

La cifra de 51.000 solicitudes aumenta a diario. De hecho, cuando El Espectador indagó por el tema el miércoles pasado, iban unas 38.000. Para Julián Fernández, director de recursos de acciones judiciales de la Defensoría, es difícil calcular cuántas serán al final. Explica que hay distintas cifras de la proyección del total de afectados: “El Consejo de Estado estimó 65 mil, pero para tasar la condena”, que fue por $227.440 millones. “Otros podrían considerar que el área afectada abarcaba 150 mil residencias, lo que daría 600 mil personas. Pero también la Alcaldía tiene otro referente, que son las UPZ, y así serían 900 mil las personas a indemnizar. Eso no significa que todas reclamen”.

Diego García, concejal progresista que ha seguido el caso de cerca, le dijo a este diario que en los últimos días los abogados que promueven las reclamaciones adelantan “una acción masiva” para que los habitantes de la zona de influencia se metan en el proceso. Por eso la abogada Melva Oviedo, quien ha asesorado a los habitantes en este caso, cree que los 51.000 aún son muy pocos, aunque está claro que todos deberán demostrar su condición de afectados.

Cuenta que las casas de la justicia de las localidades de Usme, San Cristóbal y Ciudad Bolívar, donde la Defensoría está recibiendo las solicitudes —además de su sede principal en Chapinero— se congestionaron la semana pasada. La entidad contrató a 42 personas para que evalúen las carpetas que entreguen los reclamantes, y busca tres sedes más para atenderlos.

El otro llamado a la gente es para que no pague por los trámites. La Defensoría difundió en un comunicado la semana pasada que “ha recibido múltiples quejas de los usuarios sobre la presencia de tramitadores que cobran dinero para radicar las solicitudes de indemnización”. El funcionario de la institución afirma que la alarma surgió por el trabajo en terreno, aunque no precisó quiénes estarían sacándole provecho a la situación. El concejal advierte que hay “vivos” cobrando por ayudar con los trámites. “Eso se vuelve una locura, porque habrá confusión si no se dice que los requisitos se pueden cumplir sin problema”.

La abogada Oviedo agrega que “hay gente que ha querido buscar certificación de las juntas comunales sin haber vivido en el sector”, sólo con el fin de arañar algún beneficio. “No se las han dado. Además, no sé hasta dónde la Defensoría considere como válida una certificación de una junta comunal”.

Las semanas que vienen el proceso seguirá igual de movido. Al tiempo, los ciudadanos buscan crear una comisión que verifique el cumplimiento de la sentencia. Oviedo agrega: “Esperamos que la gente cree sus grupos veedores, cuatro o cinco, se capacite y esté en condiciones de hacer seguimiento al caso Doña Juana”.

Tres tipos de indemnizaciones
El fallo que el Consejo de Estado profirió en 2012 estableció tres clases de indemnizaciones dependiendo de la cercanía de las víctimas al lugar de la tragedia. La clasificación determinó que se podían considerar afectados quienes estuvieran hasta 5 kilómetros alrededor del relleno Doña Juana, así:
* 6 salarios mínimos ($3’366.100) para habitantes de 0 a 1,5 kilómetros alrededor del relleno.
* 4 salarios mínimos ($2,577.400) para habitantes de 1,5 a 3 kilómetros alrededor del relleno.
* 2 salarios mínimos ($1,288.700) para cada persona del tercer
nivel de afectación (de 3 a 5 kilómetros alrededor del relleno).

Por Redacción Bogotá

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