Vecinos de Bogotá cierran sus puertas a quienes habitaban el Bronx

En los municipios de la sabana adelantan operaciones para devolver a los habitantes de calle a la capital. La Defensoría del Pueblo de Bogotá y ONG critican esta práctica.

Los operativos se han extendido hasta el municipio de Chía.

Tras la intervención del Distrito en el sector del Bronx, donde se concentraban alrededor de 2.000 habitantes de calle, muchos se han desplazado a otras localidades e incluso a municipios aledaños. Sin embargo, en las poblaciones de la sabana, las autoridades adelantan planes para evitar su ingreso y devolverlos a Bogotá.

Sólo quienes demuestren arraigo en el municipio son incluidos en los planes de atención en la población. Esas operaciones, que adelantan las administraciones junto con la Policía, han generado críticas de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la propia Defensoría del Pueblo. Para ellos, es una violación a sus derechos que deben revisar.

Y es que la orden en las poblaciones aledañas a Bogotá es clara. En Chía, Cota, Soacha, Sibaté, Funza, Madrid, Mosquera, Facatativá, Zipaquirá y Fusagasugá coordinan acciones, según ellos, para evitar la invasión de los habitantes de calle “que salieron en desbandada por la incursión de las autoridades en el Bronx”. Incluso, ya se han presentado casos en los que han expulsado a algunos de ellos que se han aventurado a llegar a esas poblaciones. La campaña incluye una invitación a la comunidad a denunciar su presencia en las calles.

El primer ejemplo está en Chía. A comienzos de semana, William Tamayo, el secretario de Gobierno del municipio, confirmó que el pasado puente festivo la Policía retuvo a dos habitantes de calle que no eran de la población. Por su parte, el teniente David Wilches, comandante de la estación de Policía de Chía, agregó que tras el llamado de la comunidad, los llevaron a la estación para requisarlos, establecer su identidad y saber si eran de la población.

“No se les encontró ni drogas ni armas. Hasta el momento se considera que vinieron de paso. En la estación tenemos a dos”, indicó el teniente Wilches. “Los llevamos a la estación y adelantamos las gestiones con la Secretaría de Integración Social de Bogotá para llevarlos a los centros de acogida que tiene el Distrito”, agregó Tamayo.

A través de un boletín, la alcaldía de Chía resaltó que la administración, en cabeza del alcalde Leonardo Donoso, “tiene las alarmas prendidas frente a una posible llegada de estos habitantes e invita a la comunidad a denunciar su presencia y a no apoyar la mendicidad, no dar limosnas e informar de inmediato a las autoridades”.

En Cajicá ocurrió algo similar. La Policía ubicó el pasado viernes a 10 habitantes de calle tratando que llegaron al municipio. Según el Periódico de Chía, “circunstancia ante la cual se reaccionó oportunamente y conforme a los planes que se habían fijado para bloquear el paso de los habitantes de la calle provenientes de la capital colombiana”.

Con esta foto, la Alcaldía de Cajicá dio a conocer los resultados de la operación en la que devolvieron a varios habitantes de calle a Bogotá.

A través de un boletín (con foto incluida), la administración publicó: “La Alcaldía junto con la Policía continúan controlando la entrada de los habitantes de la calle del Bronx al municipio”. Y explicó que luego de ubicar al grupo de indigentes procedente de Bogotá, los uniformados los retuvieron y los trasladaron nuevamente a la capital, “donde quedaron a disposición de la Policía del Distrito, para que los llevara a los programas de La Secretaría de Integración Social”.

No está bien

Si bien los habitantes de estos municipios han visto con buenos ojos el trabajo de las autoridades, las organizaciones de derechos humanos cuestionan esta práctica. “Además de la criminalización a los habitantes de calle (en la parte que dice que no tienen ni armas ni drogas) esto es algo inconstitucional. Les están negando los derechos a la libertad de circulación por el territorio nacional. Además, están incitando a la población a denunciar su presencia (que no tiene nada ilícito) ante la fuerza pública”, dijo Sebastián Lanz, de la ONG Parces.

Y agregó: “Las medidas de las alcaldías municipales para impedir que los habitantes de calle del Bronx migren a sus municipios parte de la criminalización de los habitantes de calle y de la mala información al resto de población, al invitarla a pensar en el habitante de calle como ladrón o usuario de drogas. En una escala internacional, el progreso y el desarrollo urbano se definen por la ausencia de personas en habitabilidad en calle... Acá se está jugando a "embellecer" zonas de la cuidad para esconder problemáticas sociales muy complejas”.

William Suárez, defensor del Pueblo de la seccional Bogotá, fue más crítico y señaló que ellos no quieren recibir al habitante de la calle porque les genera gastos en su presupuesto. Sin embargo, en principio "deberían acogerlos y luego articular con las autoridades nacionales el plan para atenderlos. Considero que no pueden devolverlos porque sí. Deben prestarle atención inmediata. Prevalecen los derechos humanos”.

Según el defensor, no puede ocurrir que por no ser del municipio los devuelvan a Bogotá, ya que muchos de ellos tampoco son de la capital, y si se aplica esa lógica, Bogotá también terminaría devolviendo a muchos habitantes de calle a sus municipios de origen. Y es que según datos del último censo de esa población en Bogotá (que contabiliza casi 9.000 personas), al menos 4 de cada 10 no son de la capital. De estos, la mayoría son oriundos de Valle del Cauca (450), Antioquia (440); Cundinamarca (360), Tolima (310) y Caldas (300).

“Hay una sentencia de la Corte Constitucional que indica que la indigencia es una forma de vida y que responde al libre desarrollo de la personalidad. Si un habitante de calle decide irse para Melgar porque allá es más calientito, no tienen por qué limitarle su libre movilización y su libre albedrío. Como funcionarios debemos ayudar y articular”.

Mientras en Bogotá la Secretaría de Integración Social sigue su trabajo por ofrecerles alternativas a los habitantes de calle, luego de la intervención del Bronx, muchos de ellos han preferido buscar nuevos rumbos. En las autoridades municipales está, más que rechazarlos, brindarles atención.

La preocupación de la Defensoría del Pueblo

Mientras organismos de control como la Personería han resaltado el trabajo del Distrito en cuanto a la atención de los habitantes de calle después de la toma del Bronx, para el defensor del Pueblo de la seccional Bogotá, William Suárez, son más las preocupaciones que los asuntos a destacar.

Relató el funcionario que al principio el Distrito invitó a la Defensoría a las reuniones previas a la operación. En esa oportunidad, él propuso hacer un censo, una caracterización de las personas que vivían en el Bronx para tener una intervención social integral, definiendo las opciones laborales y los tratamientos para los adictos.

“Infortunadamente no nos volvieron a invitar. Entonces ¿hoy cuáles son los resultados? Que hay un desplazamiento de habitantes de calle a diferentes sitios de Bogotá y a otros municipios; que están armando combos y cambuches en otras localidades. Ayer, unos ediles de Santa Fe dijeron que se estaban tomando la parte de los cerros, arriba de la Circunvalar, donde tenía el cambuche el asesino de Monserrate. No se previó el impacto y hoy está ocurriendo lo mismo que cuando se intervino el Cartucho”, indicó el defensor.

Agregó que a su despacho han llegado varias personas que vivían en el Bronx y que, sin ser delincuentes, también resultaron desplazados. No tienen dónde vivir, ni hay un plan de atención para ellos. “Todo esto nos preocupa. Por eso le vamos a hacer una serie de requerimientos a la administración, para que nos cuenten cuáles serán las solucione”, concluyó Suárez

 

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