Concejales pidieron al Congreso estudiar su eliminación

Veeduría Distrital: ¿necesaria o sustituible?

En los últimos 13 años han cursado en la Cámara de Representantes tres proyectos para suprimir la entidad, al considerar que tiene bajo poder de coerción, pocos resultados y que es costosa. El ente de control asegura que su papel es importante en la lucha contra la corrupción en la capital.

La Veeduría fue creada en 1993 para velar por la transparencia y prevenir la corrupción en Bogotá. / Cristian Garavito

A la Veeduría Distrital le asignaron este año un presupuesto de $20.746 millones, que es la mitad de lo que recibió la Secretaría de la Mujer, lo que invertirá el IDU en la ampliación de 49 estaciones de Transmilenio y lo suficiente para construir dos megacolegios. Sin embargo, para algunos es mucho dinero para lo que hace. Al menos así lo creen 23 concejales que radicaron una carta ante la Cámara de Representantes pidiendo revivir el proyecto que busca eliminarla. Consideran que paga un arriendo exagerado, gasta demasiado en sus 74 empleados y a sus análisis les falta rigurosidad e investigación. Los argumentos son los mismos que otros han planteado en las tres ocasiones que han llevado la iniciativa al Congreso.

El origen

La Veeduría nació bajo el Decreto-ley 1421 de 1993, conocido como Estatuto Orgánico de Bogotá, en el que ordenaron crear un “instituto de participación ciudadana y comunitaria”, para velar por la transparencia y prevenir la corrupción. Aunque su papel es vigilar a la administración, el veedor lo elige el alcalde de turno y sus pronunciamientos no pasan de alertas y recomendaciones, pues carece de poder sancionatorio. Este es otro de los puntos que resaltan sus contradictores, al señalar que tiene funciones que ejercen la Personería y la Contraloría, pero sin la posibilidad de tomar acciones.

Por eso, en tres ocasiones, se ha llevado la iniciativa al Congreso. La primera fue en 2005, por cuenta de los representantes a la Cámara Germán Varón, Telésforo Pedraza, Gina Parody, Roberto Camacho, Armando Benedetti y Sandra Ceballos. Aunque se alcanzó a discutir, los autores la retiraron en mayo de 2006. La segunda fue en 2012, cuando el congresista José Gonzalo Gutiérrez la promovió en la Comisión Primera de la Cámara, pero fue archivada por cambio de la legislatura. La última fue en 2014, por cuenta de la congresista Olga Lucía Velásquez. A pesar de que tuvo primer debate, no hubo continuidad y también fue archivada.

En esta oportunidad, con el fin de evitar que esto se repita, los 23 concejales de Bogotá, que representan al Centro Democrático, el Partido Liberal y la U, esperan que se radique el próximo 20 de julio con el cambio de Congreso. “Esperamos que en esta oportunidad se valoren los argumentos de quienes ejercemos el control político sobre esta entidad, que poco le aporta a la ciudad y, por el contrario, tiene una carga burocrática alta”, dice el concejal Rolando González (Cambio Radical), quien lidera la iniciativa.

La propuesta va más allá de eliminarla. Proponen que la reemplace una nueva delegación de la Personería local. Esto, dice el cabildante, le ahorraría millonarios recursos a la ciudad. “Su planta le cuesta a la ciudad casi $15.000 millones al año y más de $6.000 millones en gastos de inversión”, agrega el concejal González.

Aunque su idea la respalda la mitad del Concejo, no todos están a favor o, por lo menos, no en este momento. Según el presidente del Concejo, Daniel Palacios, si bien la mayoría coincide en eliminarla, hay que tener en cuenta que la Veeduría acaba de publicar un informe de transparencia (en el que se determinaron los riesgos de corrupción en el Distrito), y que ubica al Concejo entre las entidades más vulnerable a prácticas deshonestas y malversación de fondos. “No la firmé, porque creo que no es el momento político, aunque sí creo se debe eliminar porque no genera ningún impacto en Bogotá”.

Que la refuercen

El veedor Distrital, Jaime Torres, defiende la entidad y señala que lo que se necesita es fortalecerla para liderar los temas de transparencia y anticorrupción. “La discusión debe ser la responsabilidad que la capital debe asumir con una institucionalidad adecuada y no sólo sobre la existencia o eliminación de una entidad”.

Resaltar que en el mundo se están conformando estos entes distritales y afirma que es la única entidad que “puede realizar acompañamiento a procesos contractuales distritales y locales, y hace investigaciones sumarias, que en meses permiten tomar decisiones administrativas preventivas”, por lo que sí está incidiendo en la eficiencia y transparencia de la administración.

Torres agrega que algunos de los mecanismos que viene usando son reuniones periódicas con el alcalde; recomendaciones a licitaciones, que han sido acogidas por los secretarios; informes de investigaciones sobre la gestión del talento humano y “ejercicios de control consolidados en proyectos claves, como Transmilenio por la séptima, metro, hospitales por APP o PTAR Salitre”.

En las próximas semanas la entidad se pronunciará sobre la sostenibilidad fiscal del Distrito, el impacto de la reforma a la salud, recomendaciones ambientales sobre las iniciativas en los cerros orientales, así como medidas y análisis transversales sobre el desarrollo de la ciudad.

Mientras comienza nuevamente la discusión en el Congreso para eliminar la Veeduría, en el Concejo se adelantará un debate de control político para analizar los alcances de la entidad y la veracidad de los análisis que hizo sobre los riesgos de corrupción en la ciudad. Su futuro está completamente en manos del nuevo Congreso.

 

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2018-05-09T22:00:39-05:00

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2019-06-18T18:18:24-05:00

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Mónica Rivera Rueda / [email protected] - @Yomonriver

Bogotá

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