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Caminar por algunas calles de Bogotá puede ser una carrera de obstáculos. Además de tener que transitar por corredores en mal estado y esquivar bolardos, ciclistas y carros mal parqueados, también se debe sortear vendedores ambulantes que impiden desplazarse con comodidad. Sin embargo, detrás de esta situación hay un debate complejo. Si bien la administración tiene entre sus prioridades la protección del espacio público, bajo la consigna de devolverlo a los ciudadanos, cumplirla a cabalidad no ha sido tarea fácil.
Pese a que en los últimos dos años se han recuperado 46 kilómetros de andenes, plazas y parques, la cantidad de vendedores informales sigue siendo alta, debido a que algunas familias ven las calles como una opción de sustento y otras como una oportunidad de negocio. A la fecha, el Distrito cuenta con un registro de 51.725 vendedores informales. Sin embargo, los líderes de esta población señalan que podrían ser casi 200.000 las personas que trabajan en las calles.
El proceso
La misión de recuperar el espacio público ha sido una labor interinstitucional, encabezada por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep). La entidad distrital ha centrado su trabajo en los últimos dos años y medio en los ejes donde hay mayor flujo peatonal, como andenes y estaciones de Transmilenio. Según Nadime Yaver, directora del Dadep, la elección de los espacios a intervenir se realiza teniendo en cuenta, entre muchos otros factores, aspectos como la concentración de vendedores y la seguridad. “Para elegirlos se dialoga con los alcaldes locales. Tras analizar todos los factores, entre ellos las denuncias por hurto, se determinan las zonas prioritarias”.
Este año, los trabajos se han concentrado en las localidades de Chapinero, Santa Fe, Suba, Kennedy, Usaquén, Teusaquillo, La Candelaria y Bosa. Cuatro de ellas tienen un factor común: según cifras de la Policía, el año pasado registraron un alto número de denuncias por hurto. Chapinero, por ejemplo, registró en 2017 la tasa de robos más alta de la ciudad, con 4.227 casos por cada 100.000 habitantes.
La otra cara de la moneda
Aunque con la recuperación del espacio público el Distrito busca mejorar las condiciones de comodidad y seguridad para los peatones, quienes más se han visto afectados son aquellos que tienen las calles como lugar de trabajo. Es el caso de Félix Palacios, quien, a causa de un negocio que lo dejó en la ruina, hace 18 años decidió salir a la calle a ganarse la vida. Vende comida rápida en la carrera 15 con calle 75, ofrece sus productos desde $4.000 a $7.000, dependiendo del combo que seleccionen sus clientes. Además es uno de los líderes de esta población.
“El panorama actual es la zozobra. A nosotros nos quitan el lugar de trabajo y no nos dan alternativas ni soluciones claras y concretas. Estamos a favor de acogernos a programas sostenibles que nos garanticen cinco años laborales, porque vivimos de esto”, defiende Palacios, quien reitera que en la ciudad hay al menos 200.000 vendedores informales.
A la voz del líder se suma la de Inti Asprilla, representante a la Cámara por Bogotá, quien aseguró que, a pesar de existir un registro oficial, el Distrito no tiene claridad sobre cuántos vendedores ambulantes hay en la capital y, por eso, entidades como el Instituto para la Economía Social (Ipes), que se encargan de ofrecer alternativas a esta población, se quedan cortas en las ofertas. “La cifra que maneja el Ipes responde sólo a aquellos que se han acercado a las alcaldías locales para sumarse al Registro Individual de Vendedores Informales (RIVI). Los demás quedan por fuera”, afirma Asprilla.
Al contrario de lo que señalan el líder y el congresista, el Ipes resalta su labor. Dice que a la fecha ha abordado a 27.500 vendedores de la economía informal, es decir, casi la mitad de los inscritos en el RIVI, el 16 % de los cuales han aceptado sus alternativas. “Actualmente estamos trabajando en un nuevo mobiliario, que va a estar en sitios autorizados por las entidades competentes. Son zonas donde vamos a poder ubicar a este gremio con asistencia técnica y acompañamiento del Distrito”, afirma Gladys Valero, directora del Ipes.
Asprilla no sólo reitera su queja, sino que la complementa. Señala que, si bien hay atención, el Distrito no está ofreciendo alternativas que respondan a las necesidades de los vendedores ambulantes. “Hay una especie de carrusel de ofertas, pues ofrecen oportunidades que no son útiles. Por ejemplo, a una señora que tiene tres hijos no es viable que le digan que haga un curso en el Sena, porque deja de trabajar y no puede conseguir el sustento diario”.
Ante esto, Félix Palacios advierte que la Corte Constitucional los avala para trabajar en el espacio público porque son personas en estado de vulnerabilidad y tienen derecho al mínimo vital. “Quiero que se nos permita seguir trabajando en tanto no haya alternativas que nos acojan. Somos parte de la economía de la ciudad y no somos delincuentes”, agrega.
Palacios y Asprilla concuerdan en que el problema de la ocupación del espacio público se debe atacar. No obstante, primero hay que saber cuántos vendedores hay en las calles, cuántos lo hacen por verdadera necesidad y dónde están los verdaderos problemas de seguridad. Con esto, insisten, se podrían unir para enfrentar juntos el problema, en lugar de acudir a las acciones policiales para sacarlos del espacio público, sin tener en cuenta los problemas adyacentes, como el desempleo y el desplazamiento. “Una de las soluciones que propongo para que la administración y el gremio puedan llegar a un consenso es pagar un tributo, así sea mínimo, por el uso del espacio público. Pero nosotros necesitamos ser escuchados por el alcalde”, concluyó Palacios.
Por ahora, la meta de la administración es recuperar otros 29 kilómetros más de andenes y parques, investigar a las grandes empresas que usan a los vendedores ambulantes para distribuir sus productos, ampliar las ofertas de formación para esta población e implementar un nuevo mobiliario que permita ubicarlos en sitios autorizados, todo con el ánimo de ofrecer una solución integral.