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Al relleno Doña Juana no le quedan más de cuatro años de vida útil. Pese a que el Distrito busca que le autoricen la construcción de la cuarta fase, para ampliarlo 330 hectáreas, tanto la administración como los opositores de la medida tienen claro que, en parte, la solución está en el reciclaje y las acciones de los habitantes. Pero ellos no son los únicos responsables. Por un lado está la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), entidad distrital encargada de la administración del relleno. Por el otro, el Consorcio CGR, actual operador del botadero y al que recientemente un tribunal de arbitramento le impuso una multa de $2.172 millones por incumplimientos del contrato, al no solucionar el tratamiento de lixiviados, la condición de las vías y la automatización del botadero.
Estos problemas no son nuevos. Sumados a la presencia de vectores en barrios aledaños, han sido tan adversas las condiciones en el sitio de disposición que el año pasado el consorcio fue multado en dos ocasiones por el Distrito y la Superintendencia de Servicios Públicos, mientras la Contraloría, la Fiscalía y la Personería abrieron investigaciones por el manejo de Doña Juana. Lo único que ha salido a favor del privado ha sido una resolución de la Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA), en la que autorizó un aumento de la tarifa de aseo, al encontrar que, efectivamente, el monto que recibía por la operación no era suficiente para cumplir a cabalidad el contrato.
El aumento autorizado oscila entre el 14 y el 30 %, lo que en un principio le daría vía libre a CGR para realizar algunas de las obras pendientes, como la construcción de una planta de lixiviados, y en esencia le permitiría a su socio mayoritario, la brasileña Estre Ambiental, concretar la venta de su participación en el consorcio al grupo francés Suez, dueño de Aguas de Barcelona, proceso que volvería a estar en entredicho, debido a la multa impuesta por el tribunal de arbitramento.
Con tan poco tiempo para ampliar la vida útil del relleno, la apuesta más grande por parte del Distrito es lograr la separación de residuos desde la fuente, es decir, que los habitantes de la ciudad separen lo aprovechable de lo que va al relleno. De esta forma se disminuiría la carga de material que llega a Doña Juana. Para entender su importancia hay que tener claro que al botadero ingresan a diario alrededor de 6.200 toneladas de basura, de Bogotá y los municipios Cáqueza, Choachí, Fosca, Une, Ubaque y Gutiérrez. De esta cantidad, se estima, se podrían aprovechar al menos 2.800 toneladas.
Por un lado, el plástico y el papel que llegan al relleno producirían la energía suficiente para satisfacer a la ciudad por un mes, mientras que con el aprovechamiento de otros residuos, como cartón, metales o vidrio, en tres años se tendría el dinero suficiente para construir 30 colegios nuevos en la capital. Si bien el nuevo esquema de aseo obliga a los habitantes de la ciudad a separar sus residuos, de tal forma que se pueda aprovechar una mayor cantidad de estos, hoy solo se recicla el 14 %.
De acuerdo con Erika Nieves de la subdireccción de disposición final de la Uaesp, una de las principales excusas de los ciudadanos es que separar los residuos es una labor dispendiosa, a la que hay que dedicarle tiempo. “El tema es de mucha cultura ciudadana y estamos iniciando un trabajo muy fuerte para aumentarla. Sin embargo, no es lo único, también trabajamos en tecnologías de tratamiento. No estamos poniendo todos los huevos en una sola cesta sino que hacemos y evaluamos las diferentes alternativas para que la implementación de una no limite a las otras”.
El fin, de acuerdo con Nieves, es que con el reciclaje la cuota de llenado del relleno no se complete tan pronto, mientras que con la implementación de nuevas tecnologías se busca optimizar el terreno, es decir, habilitar espacios donde ya se han vertido residuos. Siendo así, con los resultados de nuevos estudios que se tendrían antes de finalizar este año, se solicitaría a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ampliar la vida útil del relleno, ya que, de acuerdo con un análisis hecho en 2016 por la Universidad Nacional en la ciudad, no existen predios con condiciones similares para construir un nuevo relleno. “Hemos analizado todas las alternativas y en el país no hay una zona con la capacidad de recibir la basura que genera Bogotá”.
Alternativas
No todos piensan lo mismo. El representante a la Cámara Inti Asprilla, quien, al igual que su padre, ha seguido el proceso de Doña Juana, aunque coincide con Ortega en que no hay un área en la ciudad con la capacidad de recibir los residuos, considera que ampliar la vida útil de Doña Juana no es viable, “porque se ha comprobado que es un hecho de discriminación ambiental con los habitantes del sur”.
Por eso interpuso una acción popular en contra de ampliar la vida útil del relleno, que ya fue aceptada por la justicia y con la que busca, según él, velar por el derecho a la prevención de desastres —ya que en cualquier momento puede ocurrir una emergencia por una explosión o derrumbe del relleno—, por el derecho a la salubridad pública y por un ambiente sano.
Para Asprilla, la solución está en la construcción de plantas de aprovechamiento de los residuos, para producir energía. “Hay un estudio de la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca. Sin embargo, ese estudio fue desechado por el actual alcalde de Bogotá y paradójicamente quien terminó utilizándolo fue la Gobernación, que ha empezado a mirar las posibilidades para hacer plantas de tratamiento de basuras”.
Contrario a lo dicho por Asprilla, según la subdirectora de disposición final de la Uaesp, esta opción sí se ha contemplado. Junto al Banco Mundial se analizó la posibilidad de implementar algún tipo de tecnología en el relleno y se determinó que se pueden generar materiales de alto poder calórico para producir energía y productos para comercializar. Además se estudia la posibilidad de potencializar la planta de energía que se construyó en 2009 y que opera en Doña Juana.
El problema, según ella, es que para darles vía libre a estos procesos se debería hacer un nuevo cobro, vía tarifa, para cubrir la operación y administración. “Hoy en día no está tan claro cómo es el reconocimiento de esos gastos, por lo que se tendría que hacer una nueva solicitud a la CRA, esta vez directamente el Distrito, para determinar los cobros y aumentar la tarifa de aseo”. Por otro lado, agrega, se debe determinar cómo se haría el contrato, “si por una APP (asociación público-privada) o si la administraría el Distrito, pero este proyecto tiene unos costos de inversión con los que muy probablemente no se cuenta”.
Según el profesor Óscar Suárez, de la Universidad Nacional de Colombia, se podría optar por plantas de aprovechamiento térmico de los residuos o biogestores, que separan los gases y los líquidos de las basuras para convertirlos en energías limpias o combustibles, de las que se podrían beneficiar las familias aledañas al relleno. La demora, según Suárez, “es cuestión de actitud, cultura política y presión ciudadana. Los costos de su implementación dependen del tamaño de la ciudad, pero su retorno no supera los cinco años”.
Por ahora, la solución está en manos de los habitantes de la ciudad, quienes desde ya deben empezar la separación de residuos. En bolsas blancas lo reutilizable y en negras lo que va directo a Doña Juana. Mientras no se solucionen los problemas operativos en el relleno, para todos esta es la mejor manera de evitar una nueva crisis por las basuras que produce la ciudad.