:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/X2CGpPqJKkcGOMp-w2qBI-T_Pnw=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/2P4ICVRX5NAWTF36DS4BDYWUCU.JPG)
El Distrito, representado por la Secretaría de Salud, se convertiría en el administrador de los recursos que el gobierno nacional gira con destino a la atención en salud para la población afiliada al régimen subsidiado. Esto se haría a través del Fondo Distrital de Salud e implicaría la eliminación de las empresas promotoras de salud del régimen subsidiado (EPS-S). Una batalla que empezó Guillermo Alfonso Jaramilllo, secretario de Salud de Bogotá, y que se convirtió en la consigna de la mayoría de los secretarios de esa cartera en todo el país.
Sin embargo, Distrito y Nación no se ponen de acuerdo. Mientras que el primero insiste en sus pretensiones, el Ministerio de Salud sólo ha accedido a que el gobierno nacional gire directamente el dinero a las clínicas y hospitales que las secretarías identifiquen como óptimos prestadores del servicio. Es decir, luego de meses de negociaciones, el Gobierno se resiste a permitir que la Secretaría de Salud administre directamente los recursos.
El ministro de Protección Social, Alejandro Gaviria, y Guillermo Alfonso Jaramillo han sostenido varias reuniones en los últimos meses. De hecho, el Distrito le envió al ministro un proyecto de decreto presidencial que contenía sus pretensiones, basadas en los sucesivos incumplimientos y barreras de acceso que las EPS-S imponían a sus afiliados con tal de retener los recursos girados por la Nación y dilatar la prestación del servicio. Gaviria apostó por la iniciativa y en medios de comunicación aseguró que el tema estaba en discusión.
Han pasado las semanas y, sin embargo, el decreto nada que se concreta. Se rumoraba que las EPS y sectores políticos estaban presionando al Gobierno para que no expidiera el decreto, a lo cual Gaviria ha respondido que eso es falso y “un irrespeto afirmarlo”.
El ruido venía de afuera: ciertos círculos de la sociedad se oponen a la fórmula distrital argumentado que se abriría la puerta a la corrupción y al clientelismo. Pero ayer, como le confirmó a El Espectador el mismo Gaviria, el Ministerio de Protección Social tenía listo un decreto presidencial transitorio pendiente de que el presidente Juan Manuel Santos lo apruebe con su firma. Según el documento, el gobierno nacional giraría los recursos del régimen subsidiado directamente a los hospitales y clínicas del país, y las secretarías se encargarían de administrar y supervisar el régimen, con la Superintendencia de Salud, en cabeza de Gustavo Morales, como la entidad encargada de decidir qué EPS sale del negocio y cuál se queda.
Según Gaviria, el proyecto de decreto elaborado por el Distrito es ilegal. “En la medida en que le permitía al Distrito decidir cuál EPS salía. Esa función es de la Superintendencia de Salud, las secretarías no pueden ser juez y parte”, asegura. El ministro también explicó que el borrador presentado por la administración distrital tenía un “roce conceptual”, pues “el Distrito quiere manejar los recursos del régimen subsidiado, y yo no puedo ser irresponsable en otorgar esas funciones cuando las secretarías ya tienen unas que chocan con el manejo de dinero”. Gaviria explicó que el decreto será transitorio durante seis meses, con posibilidad de prorrogarlo, mientras el Congreso discute la reforma a la Ley 100 que su ministerio le presentará. “Es transitorio porque se necesita una solución de fondo, y para que esto se aplique a perpetuidad se necesita que lo decida el Congreso, junto con otras medidas y reformas para que sea armónico”.
Pese a estar listo el decreto para la firma del ministro, la medida aún no ve la luz, por cuenta de la resistencia del Distrito. ¿La razón principal? Guillermo Alfonso Jaramillo insiste en tener la potestad para decidir qué EPS-S se queda y cuál se va.