Viviendas gratis, en obra negra

La Contraloría emitió una función de advertencia por la baja ejecución en la construcción de casas de interés social. En 43 municipios ni siquiera hay proyectos.

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En el despacho del gobernador Álvaro Cruz reposa una función de advertencia emitida por la Contraloría General. La conclusión del documento, recientemente conocido por Cruz, ha preocupado a más de un alcalde municipal: “El impacto del programa de vivienda gratuita ejecutado por el Gobierno Nacional para resolver las necesidades de vivienda de interés social para los pobladores de Cundinamarca fue del 1,93%”, porcentaje que el organismo de control cataloga como “muy bajo”. Y lo es, teniendo en cuenta que en el departamento existe un déficit habitacional cercano a las 215.663 viviendas.

Para cubrir este déficit, señala la Contraloría, sería necesario invertir $9,2 billones, cuando “el programa 100% gratis a nivel nacional tiene un costo cercano de $4,4 billones”. Municipios como San Cayetano, Caparrapí, Yacopí, Jerusalén, Pulí, Villagómez y Ubalá presentan un déficit de vivienda mayor al 70% (ver infografía). La situación se agrava en Anapoima y San Antonio del Tequendama, municipios que “no se beneficiaron del programa de subsidio familiar de vivienda en especie por encontrarse sancionados. En la actualidad tienen programas de vivienda inconclusos”, señala el informe.

De los 116 municipios que tiene el departamento, 43 presentaron proyectos para el programa de vivienda gratuita que no fueron aprobados. La razón: incumplieron con los requisitos de postulación del Ministerio de Vivienda, como “estar calificados de acuerdo a las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) y Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT)”.

El problema no se limita a los proyectos rechazados. En los 12 programas de vivienda aprobados por el ministerio existen retrasos, según constató la Contraloría. Los municipios que están quedados en ejecución son El Colegio, Fusagasugá, Girardot, Guachetá, Nemocón, Pacho, Pasca, Ricaurte, Simijaca, San Juan de Rioseco, Soacha y Tocaima. En estas zonas, asegura el órgano de control, “las unidades residenciales no tienen el suficiente seguimiento y responsabilidad frente al cumplimiento normativo de obras y calidad de construcción”.

Una preocupación esbozada por la Contraloría en el informe tiene que ver con los problemas de convivencia que ha generado la construcción de viviendas de interés social en algunos municipios: “El Ministerio de Vivienda debió realizar en cada uno de los 12 municipios favorecidos fases de inducción y sensibilización a la comunidad receptora. Debió propender por descartar prevenciones y temores por posibles problemas de orden público (pandillas, delincuencia, etc.)”.

Otra tarea que quedó pendiente fue la creación de “programas de capacitación y emprendimiento para que los nuevos residentes generen ingresos y aseguren una estabilidad económica a mediano y largo plazo”. En caso contrario, “se corre el riesgo de que las familias que lleguen a ocupar las viviendas asignadas no estén lo suficientemente preparadas para asumir el nuevo rol de vida, lo cual generará problemas de hacinamiento y convivencia”.

Así las cosas, la Contraloría le solicitó al gobernador Cruz un plan para incorporar a los municipios que fueron marginados del programa de vivienda gratuita y para solucionar, cuanto antes, la situación de Anapoima y San Antonio del Tequendama. Implementar los programas de emprendimiento económico y garantizar el subsidio del 100% de las viviendas prometidas serán dos retos adicionales que Cruz tiene por cumplir.

‘Vamos en un 70%’

 Las cifras que presentó la Contraloría en la función de advertencia no coinciden con el balance que entregó la Gobernación de Cundinamarca. Según la Unidad Especial de Vivienda del departamento, la ejecución del programa de viviendas gratuitas “está en el 70%”. Sobre los 43 proyectos que fueron rechazados, voceros de la dependencia dijeron que “la obligación es de los municipios, pues son ellos quienes aportan el suelo”. Lo único que puede hacer el departamento, según la entidad, “es pedirles a los municipios que gestionen el suelo urbano para los programas de vivienda de interés social”.

El gobernador Álvaro Cruz admitió que se han presentado “algunas demoras” en la ejecución del programa de vivienda. Aclaró, sin embargo, que en municipios como “Soacha se han entregado alrededor de 1.700 viviendas terminadas. En este municipio están la mayoría de subsidios, casi 2.000 de 4.700. El departamento ha acompañado el proceso en los demás municipios, pero no está aportando recursos. La única forma de solucionar el problema es que en la revisión de los planes de ordenamiento territorial se amplíe el área de servicios para que puedan disponer de lotes”.

De otro lado, la Unidad Especial de Vivienda dijo que, de los 12 proyectos que se adelantan en el departamento, cuatro ya fueron entregados: Urbanización Valle del Sol, en Girardot; Urbanización Diana Carolina Etapa III, en Ricaurte; Urbanización Sicuara o La Esperanza II, en Simijaca, y el Proyecto Torrentes, de Soacha.

Estos proyectos se limitan al casco urbano de los municipios. En el caso de los programas de vivienda rural, el panorama no es alentador. El gobernador Cruz, en diálogo con El Espectador, sostuvo que “con recursos de las regalías aportamos fondos para atender 4.000 viviendas en 66 municipios. El Banco Agrario no aprobó los proyectos de 14 municipios, por algunas razones que no comparto. Fueron aprobadas, en total, 3.700 viviendas. El órgano ejecutor de esas viviendas es el mismo Banco Agrario y hemos tenido muchas demoras, tanto así que los proyectos aprobados en 2012 no han sido entregados. Algunos ni siquiera han avanzado su construcción”.

 

 

@elenaflorezr

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