Vivir en la ilegalidad

Los habitantes de este sector recibieron la noticia de que pertenecen a Bogotá. Esperan que el Distrito mejore por fin su barrio.

Guillermo Ortiz, el representante de este barrio ante el Distrito. / Gustavo Torrijos - El Espectador

Pasaron 47 años para que Guillermo Ortiz recibiera la noticia de que su barrio, San Gerardo, una urbanización pequeña de la localidad de Suba, es formalmente parte de Bogotá. Lo supo a través de los medios, que replicaron el anuncio del Distrito de que había legalizado cinco barrios de la capital. Pese a que vive allí desde 1968, este santandereano asegura que su casa era parte de “una jurisdicción espacial. Éramos como extraterrestres. No pertenecíamos a ningún lado, a pesar de estar a un paso de Suba”.

Cuando se legaliza un barrio se habla de que el Distrito reconoce un asentamiento urbano y lo adopta como propio a partir de unos estudios. Sus habitantes empiezan a recibir beneficios, como la generación de espacios públicos y la garantía de los servicios. Aunque también a cumplir con obligaciones, como el pago de impuestos. Así lo asegura Glenda Luna, directora de Legalización de la Secretaría de Planeación, quien agrega que este paso es obligatorio, pues a partir de la formalización, los barrios entran al Plan de Mejoramiento.

Guillermo recuerda, por ejemplo, que la llegada de los servicios públicos fue un lío: “Claro que teníamos servicios: agua en burro, luz de tizón y el teléfono humano, que era salir al cerro más alto y gritar”. Aunque esto fue hace mucho tiempo, él dice que aún tienen dificultades. Su vereda no cuenta con alcantarillado y por eso padecen un grave problema con el tratamiento de las aguas negras. Eso sin contar que a esta zona no llega transporte público y las vías no tienen señalización.

Guillermo dice que a pesar de que no recibían ningún beneficio del Distrito y no eran parte de Bogotá, lo impuestos jamás han faltado e incluso llegan más caros. “Nos cobraban como lotes baldíos, aun cuando tenemos nuestras casas. Eso sale carísimo. Hasta $6 millones nos pidieron una vez, ¿y cómo pagábamos eso si nosotros somos estrato 2 y 3? Soy legal para que me cobren, pero ilegal para recibir beneficios”, expresa.

Ellos se encargaron de arreglar sus vías, construyeron su alcantarillado comunitario y les pidieron a las empresas de servicios que llegaran hasta allá. Pero la paciencia también tiene un límite, así que estos ciudadanos decidieron emprender su batalla para dejar de vivir en la ilegalidad y para que todas sus inconformidades pudieran tener soluciones que salieran de los impuestos que pagan.

Sin embargo, Guillermo manifiesta que son muchos los requisitos que se deben cumplir para que el Distrito por lo menos evalúe si es viable que sean parte de la ciudad. Fueron nueve años de proceso para legalizar un barrio que sólo tiene 11 casas y 59 habitantes que viven en buenas condiciones. De hecho, Guillermo dice que no entiende cómo harán los barrios que están ubicados en las periferias de las localidades como Ciudad Bolívar o Usme, donde hay centenares de personas que viven en condiciones deplorables, sin tener dinero para sacar uno de los centenares de papeles que a él le tocó radicar.

La Secretaría de Planeación reconoce que es un proceso largo, pero afirma que las entidades intentan agilizar el paso, pues legalizar estas zonas se ha convertido en una obsesión, ya que la ciudad es una gran receptora de desplazados por la violencia que construyen sus viviendas en zonas de alto riesgo y que terminan por conformar grandes asentamientos donde nadie gobierna y hay carencia de servicios fundamentales, como el agua. De todas formas, el paso sigue siendo lento. En 2014 sólo fueron legalizados 11 barrios, una cifra baja si se tiene en cuenta que hay 121 que están en vía de legalización y casi 300 que están solicitando que se empiece con el proceso.

Para Fernando Viviescas, urbanista de la Universidad Nacional, el gran problema es que Bogotá se ha ido formando sin un plan. De acuerdo con este experto, los dirigentes han dejado que la ciudad vaya al ritmo del día a día y la improvisación. Por ejemplo, cuenta que ningún Plan de Ordenamiento Territorial ha sido aprobado desde el año 2000 por el Concejo y esto ha dejado de lado la única herramienta que serviría para que la capital colombiana entrara a la era de la planeación y la modernización.

“Con los POT, el problema de la legalización de los barrios se hubiera solucionado de una forma más ágil, porque comienzas a construir un modelo de ciudad serio y el POT obliga a ordenar a los ciudadanos, de tal manera que vivan en condiciones dignas, como la de un terreno que no esté en riesgo. Mientras eso no se arregle seguiremos igual, por más proyectos de mejoramiento y legalización que nos inventemos”, puntualiza Viviescas.

Lo paradójico, dice el urbanista, es que los ciudadanos son los que terminan pagando los platos rotos de la falta de planeación de las administraciones. Un ejemplo claro de eso es que las personas tienen que buscar al Estado para vivir legalmente, cuando debería ser al contrario.

Además manifiesta que este tema resulta importante, sobre todo si se tiene en cuenta que ya vienen las elecciones y ningún partido tiene entre sus estatutos temas como urbanización y planeación, lo que podría afectar a las 600.000 personas que hoy viven en barrios no legalizados.

Por lo pronto, Guillermo Ortiz celebra su gran triunfo de pertenecer por fin a una ciudad que lo había excluido por cuatro décadas y espera que después de este esfuerzo el Distrito por lo menos cumpla con lo que le prometió en el Plan de Mejoramiento de barrios, como el transporte y el alcantarillado, que le urgen a esta población donde la mayoría de personas ya se encuentran en la tercera edad.