“Vuelven los toros a Bogotá, pero los animalistas seguiremos manifestándonos”

Ahora que los taurinos se preparan para su nueva temporada en la capital, luego de cinco años, Natalia Parra, directora de la Plataforma Colombiana por los Animales ¡Alto!, hace un recuento de lucha de los defensores de los animales y sus planes para que esa práctica cese.

Los animalistas anuncian que el 22 de enero de 2017, cuando comienza la temporada taurina de Bogotá, se manifestarán en los alrededores de la Plaza de Toros de Santamaría. / Foto: Archivo El Espectador

Existen ciertas discusiones que no podían darse hace poco más de medio siglo, no por otra cosa, sino porque la moral de los tiempos no daba para más. En la actual etapa de la historia, tenemos el privilegio de asistir a una de las discusiones más interesantes, porque la cuestión, lejos de frenarse en el relacionamiento ético entre nuestra especie, está yendo más allá: hacia la consideración de las demás especies con que habitamos el planeta.

Quienes optamos por destinar nuestro tiempo y otros factores o recursos a la búsqueda de lo que denominamos “convivencia interespecial”, nos enfrentamos día a día a toda clase de vejaciones ejercidas por los seres humanos hacia otros animales, conductas generadas principalmente por una cultura de la violencia inculcada generación tras generación. De esos vejámenes, quizá el más simbólico en nuestro país son las corridas de toros.

Y lo son porque consisten en un espectáculo basado en la tortura y matar a un ser sintiente de manera deliberada y seviciosa. Una tradición traída por quienes, en un afán de mostrar su “españolismo”, vendieron la idea de que la vida se puede vulnerar con tan sólo inventar una excusa.

Por eso nunca le pregunte por estas épocas del año a un activista animalista sobre sus vacaciones. Estos son unos de nuestros meses más complicados, dado el número de ferias y fiestas que incluyen en sus programaciones la tortura de uno o varios animales. Ahora, luego de cuatro años, se suma de nuevo la temporada taurina en Bogotá.

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Mucho se ha dicho y se ha especulado, pero es clave tener en cuenta la siguiente cronología para entender el contexto actual en la materia:

1989: El Congreso aprobó el estatuto de protección animal que estableció las conductas que constituyen maltrato animal, y estableció unas sanciones, hoy fortalecidas por ley 1774 de 2016. Sin embargo, aunque reconoció que varias de esas conductas ocurren en las corridas de toros y otras fiestas crueles, procedió a excepcionarlas de lo restrictivo, de una manera muy particular.

2004: El Congreso emitió la Ley la 916, que elevó el reglamento taurino a ley de la República. Gastando tiempo precioso de la rama legislativa para volver ley el reglamento de una actividad tan específica.

2010: La Corte Constitucional emitió la Sentencia 666, buscando ponderar dos derechos en tensión. Uno: el derecho a la cultura de la gente que aún se identifica con esas fiestas; y dos: el deber estatal de proteger a los animales. Si bien la Corte declaró exequible la excepción de la Ley 84, no blindó esas actividades constitucionalmente, brindando la posibilidad de que el Congreso elimine el artículo y establezca así que las prácticas taurinas no están en el terreno de lo constitucionalmente protegido. Así mismo, reconoció la sintiencia de los animales y generó condiciones para la realización de estos eventos. Dichas condiciones se las han venido pasando por la faja las corporaciones taurinas y algunos alcaldes.

2012: Con la llegada de Gustavo Petro a la Alcaldía de Bogotá y tras su compromiso con diversas organizaciones sociales para generar acciones de defensa de la vida animal, decidió no acudir al palco de la temporada de ese año. Llamó a la Corporación Taurina de Bogotá para condicionar el préstamo de la Plaza de Santamaría, recordándole que la Sentencia 666 dice: “siempre y cuando se entienda que estos (los animales) deben, en todo caso, recibir protección especial contra el sufrimiento y el dolor durante el transcurso de esas actividades”, y les propuso hacer los eventos sin lastimar al animal. ¡Por supuesto que a los taurinos no les interesa una corrida sin sangre, sin tortura y sin muerte! Y no aceptaron.

2013: La Corporación Taurina no pudo realizar su lucrativa temporada, dado que el entonces alcalde decidió dejar de facilitar ese bien público para las corridas, amparado en la decisión del Tribunal de Cundinamarca que establecía que la Plaza fue usufructuada durante años por dicha corporación sin que mediara un concurso público para esos efectos. Prosiguió una pugna jurídica, entre Corporación Taurina, Alcaldía y organizaciones sociales.

2013 a 2016: La Plaza estuvo libre de tortura. No se realizaron corridas. Se realizaron eventos sin maltrato animal.

2013: La Corte Constitucional aceptó una tutela de la Corporación Taurina y emitió un fallo que ordenó “restituir de manera inmediata la Plaza de Toros de Santa María como plaza de toros permanente para la realización de espectáculos taurinos y la preservación de la cultura taurina, sin perjuicio de otras destinaciones culturales o recreativas siempre que éstas no alteren su destinación principal y tradicional, legalmente reconocida, como escenario taurino de primera categoría de conformidad con la Ley 916 de 2004”.

Y agregó: “La administración distrital habrá de abstenerse de adelantar cualquier tipo de actuación administrativa que obstruya, impida o dilate la celebración de espectáculos taurinos en la Plaza de Toros de Santa María”. En posterior aclaración del fallo, la Corte estableció un tiempo perentorio para la adjudicación de la plaza a un oferente exclusivamente taurino, para la temporada de 2017 y poniendo un límite de tiempo al reforzamiento estructural iniciado.

2015: La ONU generó la observación para Colombia en la que, dando alcance a la Convención de Derechos del Niño, ratificada por nuestro país, establece la urgencia de alejar a niños, niñas y adolescentes de la tauromaquia, tanto como espectadores como en su entrenamiento para dañar animales (niños toreros).

2015: Organizaciones sociales y ciudadanos independientes, decidimos promover una consulta popular y presentamos un proyecto a la Alcaldía como instancia competente para el caso, con la propuesta jurídica y de pregunta a poner a consideración de los habitantes de Bogotá. El proyecto fue aprobado en el Concejo con 29 votos a favor y 6 en contra. La legalidad de la pregunta fue aprobada por el Tribunal de Cundinamarca. Una tutela interpuesta por 18 taurinos ante el Consejo de Estado suspendió la consulta. Prontamente, la Corte Constitucional, en revisión de esa tutela, podría dar vía libre al mecanismo.

2016: Con la entrada del gobierno de Enrique Peñalosa también llegó la fecha perentoria establecida por la Corte. Pese a las declaraciones constantes del alcalde contra el regreso de las corridas a Bogotá y la exploración de alternativas legales por parte de la Gerencia de Protección Animal y del IDPAC, las herramientas, al menos desde la entidad territorial, se evidenciaron realmente escasas.

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Ciertas presiones al IDRD tuvieron su efecto y en julio la entidad abrió los primeros prepliegos para escoger al nuevo organizador de las corridas en la Santamaría. Por medio de observaciones en todo el proceso, el cronograma fue retrasado y pudimos incluir algunos cambios (sólo una fracción de nuestras observaciones fue aceptada), que impactaron la contratación en lo económico (logrando cargar a la unión temporal con un 30% en pagos de impuestos y un leve cánon de arrendamiento del 13%, lo cual les implicó encarecer los abonos), reducción del tiempo que habían establecido en un principio para la temporada, entre otros detalles que complican un poco a la Corporación en su lógica orientación de ganar utilidades y contratar un cartel de alto costo.

Vuelve entonces la Temporada Taurina, pero también volvemos a manifestarnos pacíficamente y ya estamos convocando para el 22 de enero a varios actos simbólicos en las inmediaciones de la Plaza.

Ahora, si el Congreso es el único facultado para darle fin a esta práctica cruel, ¿por qué no lo ha hecho? La respuesta no es distinta a la de otras reivindicaciones sociales. La mayoría de congresistas tiene relación directa con quienes se lucran del maltrato animal, de hecho algunos legisladores son propietarios directos. Adicionalmente, las corridas son un bastión del estatus quo; abolirlas o tomar acciones para debilitarlas podría abrir boquetes políticos indeseables para algunos. Si bien en los últimos cinco años hemos podido conformar una Bancada Animalista interpartidista, ésta es minoritaria.

En el 2016 fueron hundidos un proyecto de ley y una proposición que afectaban las corridas. El Gobierno Nacional tuvo una posición fatídica y poco congruente con su retórica de la paz y el respeto a la vida. En el 2017 esperamos que tengan suerte dos proyectos en curso, que también afectan dicho negocio.

La condición de las y los activistas consiste en enfrentar derrota tras derrota sin dejar de empujar la puerta. Porque aunque parece que se abre demasiado lento, ya va entrando la luz. Son cada vez más las personas que simpatizaron con las corridas o espectáculos similares que hicieron un proceso ético interno, hasta apartase; son cada vez más las personas que se manifiestan por las redes y otros espacios exigiendo que Colombia deje de ser uno de los únicos ocho países que permiten estos actos; de a poco, son cada vez más los políticos que asumen la defensa animal. Es admirable el tesón de las y los animalistas en todo el territorio nacional, que no se vencen ante negativas e incluso amenazas.

A la nueva temporada de Bogotá, la Corporación Taurina le ha llamado “fiesta de la libertad”. Cínico eslogan, cuando su libertad parte de arrebatársela despiadadamente a otro.