Yo estuve en la planeación del golpe en el Bronx

Daniel Mejía, secretario de Seguridad de Bogotá, cuenta cómo se estructuró el operativo que acabó con la olla más grande del país y los vejámenes que allí se cometían.

Daniel Mejía
31 de diciembre de 2016 - 03:00 a. m.
Así se veía el Bronx un día después de la intervención de las autoridades.  / Foto: Cristian Garavito - El Espectador
Así se veía el Bronx un día después de la intervención de las autoridades. / Foto: Cristian Garavito - El Espectador

El Bronx, o la L, era el principal centro de operaciones de las estructuras criminales de Bogotá. En estas tres manzanas, entre las calles 9ª y 10ª y entre las carreras 15 Bis y 15 Bis A, ocurría todo tipo de delitos: explotación sexual de niños, niñas y adolescentes; homicidios, secuestros, torturas, tráfico de armas y al por mayor de sustancias psicoactivas, entre otros. Para el alcalde Enrique Peñalosa y su equipo, intervenir el Bronx y acabar con el control territorial que por años tuvieron los llamados ganchos (grupos criminales que allí operaban) no era una alternativa, era una obligación.

Eran conocidas las atrocidades y abusos que allí se cometían contra grupos vulnerables como menores de edad y ciudadanos habitantes de calle. Lo que faltaba, tal vez, era voluntad y decisión política para acabar de una vez por todas con esa república independiente del crimen que operaba en completa impunidad a pocas cuadras de la Casa de Nariño, la Alcaldía Mayor, el Congreso y las altas cortes.

La primera reunión para planear la intervención se realizó en la segunda quincena de enero, con el CTI de la Fiscalía y con la seccional de la Dirección de Inteligencia de la Policía de Bogotá. En ella se revisó la información de documentos de inteligencia, de investigación criminal, de fuentes humanas, grabaciones, videos, etc., sobre la estructura de los ganchos, sus miembros, ubicación y modus operandi. A partir de ese momento, el alcalde definió los dos objetivos fundamentales que debían cumplirse: primero, recuperar el control de la zona y desarticular las estructuras criminales; segundo, garantizar una oferta institucional amplia para los habitantes de calle y los menores de edad que allí se encontraban, respetando sus derechos fundamentales.

En cuanto a lo primero, se definieron las capacidades operativas necesarias para cumplir los objetivos de la intervención y minimizar los riesgos inherentes a una operación urbana en una zona donde podrían encontrarse entre 1.500 y 2.000 ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Para cumplir la segunda meta se establecieron con el ICBF y las secretarías de Integración Social y de Salud protocolos y rutas de atención para menores de edad y habitantes de calle, y se garantizaron los cupos necesarios para atenderlos en los centros destinados a ello. Siempre hubo un trabajo articulado y en equipo entre las entidades nacionales y distritales.

Durante un poco más de cuatro meses se realizaron múltiples reuniones de trabajo articulado con Policía, Fiscalía, CTI, ICBF, Integración Social y otras entidades. La información de inteligencia, la fecha y hora exacta de la intervención se manejaron en reserva y, finalmente, el sábado 28 de mayo a las 5:30 a.m. se dio inicio a la intervención integral del Bronx.

Los riesgos no eran pocos, y los habíamos tenido en cuenta. Los principales eran que alguna persona resultara herida o muerta en un eventual cruce de disparos, o la toma de rehenes como reacción. Sin temor a equivocarme, debo decir que el trabajo profesional, articulado y en equipo con la Policía, la Fiscalía, el CTI y el Ejército explica que la operación terminara en la recuperación territorial de esta zona, la captura de más de 22 miembros de estructuras criminales, la incautación de armas de fuego, granadas y una gran cantidad de dosis de estupefacientes sin un solo herido y sin cruces de disparos.

Integración Social y el Idiprón han garantizado una oferta permanente para los habitantes de calle que voluntariamente quieran ir a los albergues, a los hogares de paso y a los centros en donde pueden recibir atención y entrar en programas de tratamiento para aliviar su adicción a las drogas. A noviembre, más de 13.900 habían sido atendidos. En cuanto a la evolución de los indicadores de seguridad, las cifras muestran que en los meses posteriores a la intervención los homicidios en esta zona se han reducido en más del 20 %; los hurtos a personas, en 19 %; las lesiones personales, en 60 %, y el hurto a comercio, en 36 %.

Los retos son enormes. Habrá cosas por corregir y refinar, pero no podemos equivocarnos: la intervención era inaplazable y su correcta planificación permitió salvar a miles de niños, niñas, habitantes de calle y ciudadanos que frecuentaban este infierno en el centro de Bogotá.

Por Daniel Mejía

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