Yo estuve exigiendo justicia en los casos de feminicidio

Isabel Agatón, abogada de la Secretaría de la Mujer de Bogotá que hoy tiene a cargo el caso de Yuliana Samboní, cuenta la experiencia de esa entidad en juicios como el de Fredy Valencia, el asesino de Monserrate.

Fredy Armando Valencia, conocido como el “Asesino de Monserrate”, fue sentenciado a 18 años de cárcel por un feminicidio. Fueron 11 las mujeres las que asesinó. Óscar Pérez
En el caso de las mujeres asesinadas en el cerro de Monserrate por Fredy Valencia, en aquellos en los que las mujeres fueron privadas de la vida por sus parejas, exparejas y desconocidos, la Secretaría de la Mujer de la Alcaldía de Bogotá, a través del grupo especializado para el litigio en casos de feminicidio, representó a las víctimas en los estrados judiciales exigiendo justicia.
 
Y su paso por las frías y lúgubres escaleras del complejo judicial de Paloquemao no ha sido en vano. Con el fin de incidir en la efectiva aplicación de la Ley Rosa Elvira Cely, desde su entrada en vigencia el 6 de julio de 2015, un equipo de abogadas asumió la representación de sobrevivientes y familiares de las mujeres que no sobrevivieron, para contribuir a que las investigaciones se orienten con los más altos estándares internacionales. Para que toda muerte violenta de una mujer se investigue como feminicidio, de manera que esta sea la primera hipótesis.
 
Una de las más importantes condenas fue la proferida en el caso de la primera víctima identificada de las once mujeres asesinadas por Fredy Valencia. Su cuerpo sin vida fue encontrado en el cerro de Monserrate en noviembre de 2015. La Secretaría de la Mujer estuvo en el proceso y solicitó la máxima condena ante el juez de primera instancia. Sin embargo, este impuso una pena de 9,5 años de prisión. Gracias a nuestra apelación y la de la Fiscalía se logró incrementar la sentencia a 18 años. La Secretaría logró que se reconociera a la sociedad como una víctima adicional de Valencia, con el argumento de que cada vez que una mujer es asesinada, todas las habitantes de la capital resultan afectadas en su derecho a la seguridad, a una vida libre de violencia y a una ciudad segura.
 
El cambio de la sentencia es un importante precedente. El Tribunal Superior cambió la interpretación del primer fallo, en el que se hizo una valoración de la marginalidad a favor de Valencia, y reconoció que esta muerte violenta fue perpetrada por el hecho de ser mujer.
 
Este año la Secretaría logró condenas que superan los 30 años de prisión contra parejas o exparejas de mujeres. Por ejemplo, la histórica condena de 40 años contra Édgar Pinto Valbuena, de quien se demostró que auspició la agresión a través de agentes químicos a su expareja. En el proceso también se demostró que un continuum de extremas violencias puede configurar tortura en el interior de las relaciones de pareja. Y se lograron condenas superiores a 15 años en los casos de tentativa de feminicidio perpetrados por violadores desconocidos.
 
En Bogotá, las autoridades que por mucho tiempo se resistían a reconocer que las mujeres eran asesinadas por lo que significa ser mujer en una sociedad patriarcal (es decir, por la histórica posición de desigualdad y subordinación que ha legitimado el ejercicio de la fuerza y el poder por parte de los varones sobre su libertad, su autonomía, su cuerpo y su sexualidad), hoy día, por la Ley de Feminicidio y el rol de la Secretaría, comprenden que lo que priva de la vida de manera violenta a 122 mujeres en la capital es precisamente el hecho ser mujer.
 
Eso se manifiesta en aspectos como la decisión de terminar la relación afectiva que las mujeres comunicaron a sus perpetradores; resistirse a una agresión sexual, como en el caso de Monserrate, o de un intento de violación en la localidad de Chapinero; haberse negado al desarrollo de roles tradicionalmente impuestos a las mujeres y realizar actividades relacionadas con la prostitución, entre otras.
 
En estos casos, la Secretaría ha hecho ver en los estrados judiciales cómo los perpetradores actuaron premeditadamente; cómo, en muchas ocasiones, lo hicieron en presencia de las hijas e hijos de la mujer asesinada; cómo el desenlace final fue antecedido de un continuum de violencias, y cómo también fueron privadas de la vida por un desconocido, agresor sexual o violador.
 
Además, la Secretaría ha impulsado iniciativas orientadas a reconocer beneficios a favor de sobrevivientes y víctimas de feminicidio, puesto que la experiencia del litigio le ha permitido observar de primera mano la desigualdad que enfrentan como consecuencia de un fenómeno que empieza a conocer el país.
Haber estado en estrados judiciales les permitió a estas abogadas conocer el drama que enfrentan las madres, padres, hermanas, sobrinas, hijas e hijos de las mujeres asesinadas, y el viacrucis que diariamente sufren quienes, milagrosamente, resistieron atentados que perseguían terminar con sus vidas.
 
La Secretaría también fortaleció los mecanismos de denuncia, asesoría y atención, como la Línea Púrpura y las casas refugio, y diseñó estrategias comunicativas y procesos de formación orientados a reconocer las violencias contra las mujeres y el feminicidio como máxima expresión de discriminación

 

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