El plan europeo para democratizar la ciencia

Él es Robert-Jan Smits, director general de Investigación e Innovación en la Comisión Europea. Es considerado el padre del Plan S, con "s" de Science. / Crédito: Unión Europea

 Hace seis años, la ciudad de San Francisco fue el escenario de una inciativa mundial. Reunidos allí, más de 6.000 personas y más de 300 entidades científicas, firmaron la Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación (DORA). En ella se prometió que el factor impacto, considerado vital en la investigación actual, fuera olvidado. Ese arranque, al igual que otras apuestas similares, se quedó en el papel. Ahora la Unión Europea (UE) intenta revivirla. (Lea: Revelan la primera imagen del polo norte del sol) 

Su apuesta fue bautizada Plan S. La "s" hace referencia a la traducción al inglés de la palabra ciencia. Esta iniciativa, que se viene cociendo desde noviembre, busca que la investigación financiada con dineros públicos solo pueda colgarse en plataformas gratuitas y de acceso universal. Una idea tan lógica que podría sonar absurda, pero que hoy en día es una utopía. 

El problema es que la ciencia ha terminado por legitimar los estudios e investigaciones mundiales a partir de la revisión de otros científicos y del lugar en que se publique al final. Por eso cuesta creer que de un momento a otro este sistema abra sus puertas al acceso abierto (open access, en inglés) y haga a un lado la reputación de las revistas más codiciadas por los autores como Nature, Science, PNAS, The Lancet, que a la vez son las más caras. 

Esa realidad hace que la ciencia sea exclusiva. Si alguien no puede pagar una suscripción a estas revistas, no podrá tampoco tener acceso al conocimiento científico allí colgado. Además el sistema esconde otro asunto: el prestigio de los autores depende del impacto de su investigación dentro de esas plataformas, es decir que el peso de sus trabajos vale por el número de veces que se cite su artículo, citando a la vez la revista. 

Esas razones soportan el plan de la UE, imponer el open access en 11 países (Francia, Reino Unido, Irlanda, Finlandia, Noruega, Austria, Luxemburgo, Polonia, Suecia, Suiza y Eslovenia) y 18 organizaciones para 2020. Por ende, todas las investigaciones financiadas por estos gobiernos y entidades deberán publicarse en revistas de acceso abierto.