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Hace un año, Mariano Rajoy fue portada en muchos periódicos del mundo. Después de meses de tropiezos y escándalos de corrupción se convirtió en el primer jefe del gobierno español en ser apartado de su cargo desde que ese país tomó el camino de la democracia. Su nombre entrará a los libros de historia con esa sombra imborrable. También lo hará una polémica decisión con la que trató de reivindicar un trágico episodio de España y que ha generado largas filas en embajadas y consulados del mundo. Colombia no ha sido la excepción.
La historia es conocida. En 1492, mientras los barcos de Cristóbal Colón llegaban a América, los Reyes Católicos tomaron una radical decisión: expulsar a todos los judíos de su territorio. Quedarse implicaba ser asesinado a menos que se convirtieran al catolicismo. Se trató del inicio de una cruel diáspora hacia varios continentes que Rajoy quiso enmendar después de cinco siglos. Hace cuatro años aprobó una ley -la 12 de 2015- que les daba la opción a los descendientes de judíos sefardíes de nacionalizarse como españoles sin tener que renunciar a su ciudadanía de origen.
En apariencia, los trámites que exigían eran sencillos: un posible descendiente de sefardíes debía demostrar su ascendencia a través de un árbol genealógico y, de alguna manera, probar un vínculo con España. Esto último podía acreditarse de varias formas: podía demostrar que se tenía un negocio o inversión en ese país, que había residido durante mínimo seis meses o que desarrollaba actividades culturales. Todo debía ser aprobado por un notario español.
Un año antes de entrar en vigor la ley comenzó a circular una lista de apellidos que podrían tener algún vínculo sefardí. Entre ellos estaban Pérez, García y Sánchez. No pasó mucho tiempo para que el número de solicitudes que buscaban beneficiarse de ese anuncio en Bogotá se multiplicaran. Después de meses de insistencia la embajada española no ha querido revelar la cifra exacta, pero el embajador Pablo Gómez de Olea ha dado algunas pistas. Al parecer, hay más de 5.000.
Según Antonio*, un diplomático del Gobierno colombiano que conoce de cerca el funcionamiento de las embajadas y que prefiere mantener oculto su nombre real, muchos colombianos han solicitado ser reconocidos como descendientes de sefardíes seducidos más por los beneficios de ser ciudadano español que por la reparación simbólica. Moverse sin restricción en el espacio Schengen o acceder a la pensión de España, que se cotiza solo por las semanas, siempre y cuando la persona pertenezca a un fondo público, son algunos de ellos.
Otras ventajas son judiciales. En pocas palabras, en España es común que la justicia descongestione las cárceles en vez de sobrepoblarlas. En ocasiones, las personas que están detenidas suelen ser sometidas a condiciones restrictivas de movilidad y deben presentarse una vez cada 15 días ante las autoridades. Es un tiempo que cuenta como privación de la libertad.
Antonio menciona un buen ejemplo para explicarlo: el caso del empresario colombo-español Carlos Mattos, solicitado por la justicia de nuestro país por su presunta participación en el caso Hyundai.
“Si Colombia pide la extradición de Mattos a la justicia española, él no sería considerado como ciudadano colombiano sino como español solicitado en extradición. Y como en España no tiene cédula sino DNI, son dos personas distintas. En ese detallito hemos estado patinando casi cuatro años”, dice este experto.
En otros términos, si Mattos es condenado, por ejemplo, en Colombia a cinco años, él puede alegar que ya los cumplió en España porque estaba sometido a medidas restrictivas.
De reparación histórica a negocio
Lo que empezó como una reparación histórica a una comunidad que fue atropellada, terminó, por lo menos en Colombia, convirtiéndose en un negocio. Desde que Rajoy expidió la norma, aquí, abogados y empresas empezaron a ofrecerse para realizar el trámite, que puede tardar hasta cinco meses, a un costo de 3.000 o 4.000 euros, es decir, entre $10,5 y $14 millones.
Una de esas compañías es Nacionalidades BN. Desde 2015 trabaja en la adquisición de la nacionalidad española para descendientes de judíos sefardíes. Hanoj Bar Nissim, su gerente, le explicó a Blu Radio que el costo tan elevado se debe a que es un proceso muy engorroso. Según él, como ya conocen muy bien la ley, las probabilidades de que la nacionalidad sea negada son bajas. En caso de que el notario de España no apruebe los papeles, dijo, devuelven el dinero.
Pero la cantidad inusual de solicitudes desde Colombia levantó muchas sospechas. En enero de este año las autoridades de España abrieron una investigación y se les ordenó a la Embajada y al Consulado de España en Bogotá suspender las inscripciones de trámites para otorgar la nacionalidad. Establecieron que cerca de 400 colombianos estaban gestionando el trámite, apoyados de profesionales que cobraban altas cifras por el proceso.
El tatequieto para los colombianos no fue el primero. En 2015, tras la avalancha de solicitudes de todo el mundo, el gobierno español aclaró que no era tan sencillo. No bastaba tener un apellido o algún vínculo con España, sino que se debía demostrar el linaje. En otras palabras, las personas debían tener documentos como registros civiles o DNI, autorizados por un rabino o por un experto en genealogía, en los que se demostrara que esa ascendencia sefardí sí existía.
Sin embargo, con las sospechas también llegaron las trampas. Carlos*, un colombiano judío sefardí que se acogió a la ley, cuenta que “en Colombia hay un grupo que se autodenominó la Academia Colombiana de Genealogía, que le supieron hacer la trampa a este requisito. Son personas aficionadas cuyas investigaciones han sido ampliamente cuestionadas en el gremio de genealogistas por no ser rigurosas”.
De acuerdo con Carlos, nadie va a notar si se falsifica un papel del siglo XVII o del siglo XX. Ahí, dice, empiezan las irregularidades. “Hay una sospecha de que exista una red de falsificadores de genealogías y notarios españoles y colombianos que reciben dinero a cambio de certificar la estrecha vinculación con España para efectos del proceso. Eso explica los altos costos del proceso que lo anuncian como una forma “que no tiene pierde” e “ir a la fija”. Y no es descabellado. Cada abogado, en los cuatro años que lleva la ley, ha manejado entre 1.000 y 1.500 casos”.
¿Pero por qué no es tan sencillo adquirir esta nacionalidad? La razón es simple: el proceso no termina con la genealogía. Cuando estos papeles son aceptados por un notario español, se debe presentar un examen de conocimiento en el Instituto Cervantes de España. Es decir, a los 3.000 euros que cuesta el trámite se le suma el valor del test, que oscila entre 70 y 80 euros. También el de los tiquetes hasta Europa. En Colombia, debido a las denuncias, la prueba ya no se puede presentar en Bogotá.
“Son 25 preguntas que de hecho están en internet. No creas que te van a preguntar sobre la Inquisición o de historia, salen temas como cuál es el programa más visto o la última reina”, añade Antonio.
A las denuncias de Carlos y Antonio se suman las de Luis Portero, asesor jurídico de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE). “Un señor aseguró que el 60 o 70 % de los casos que llegaban a su despacho tenían una viabilidad para aprobar la nacionalidad. Eso ha prendido las alarmas, porque es una cifra muy alta. Se calcula, por estudios de ADN que se han hecho en todo América Latina, que solo un 20 % podría tener una descendencia”, dijo en entrevista con W Radio.
La complejidad de la genética
Uno de los estudios genéticos que cita Portero fue realizado por un biólogo colombiano. Su nombre es Juan Camilo Chacón y trabaja en el Museo de Historia Natural de Londres. Aunque no se conoce a ciencia cierta la cantidad de judíos sefardíes que llegaron a América, la investigación que él lideró y que fue publicada en la prestigiosa revista Nature Communications a principios de este año, revela que la huella genética de este pueblo sí está presente en los habitantes del continente.
Para llegar a esta conclusión Chacón analizó el genoma de más de 6.500 personas que residen en áreas urbanas de cinco países de América Latina: Colombia, Perú, Chile, México y Brasil. Y para poder determinar el porcentaje de descendencia, los comparó con los de 2.300 personas de otras regiones del mundo.
En términos detallados, lo que hizo este científico fue intentar establecer de dónde vienen los cambios en el código genético de las poblaciones humanas y así comprender cómo se relacionan genéticamente. Para lograrlo, dice, hay que tener claro que el 99,9 % del genoma de los humanos es igual. En el 0,1 % restante están las diferencias, codificadas en tres millones de letras del código genético. Es decir, en ese pequeño porcentaje están las pistas sobre las mutaciones entre los ADN de poblaciones que habitan diferentes latitudes.
El principal hallazgo de su investigación sugiere que el 23 % de los latinoamericanos estudiados comparten, en promedio, más de un 5 % de ancestría con judíos conversos, sobre todo con aquellos que habitaron diferentes lugares en el Mediterráneo.
“Actualmente los habitantes de América Latina presentan mayor afinidad con el perfil genético de judíos sefardíes que los españoles”, explica Chacón.
Sin embargo, Chacón es prudente con los resultados. ¿El motivo? La muestra, advierte, solo fue de 6.500 personas y en América Latina viven más mil millones de personas. Además, las muestras fueron tomadas en las ciudades y no reflejan la diversidad de poblaciones rurales. En Colombia, por ejemplo, la seleccionada fue Medellín.
La ley que repara a los descendientes de los judíos expulsados de España vencerá el próximo 1° de octubre. ¿Surtió efecto la reparación? ¿Enmendó la decisión de Rajoy el error que cometieron sus antepasados? La cifra exacta de cuántos colombianos solicitaron ser españoles-sefardíes aún es un misterio, pero los hechos parecen indicar que las buenas intenciones del exjefe español no surtieron efecto y, por el contrario, generaron un negocio que se expandió a miles de kilómetros de distancia.