Política de ciencia, a punto de salir del horno

“Colciencias seguirá siendo el rector del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación”, ha dicho su directora, Yaneth Giha, respondiendo a las críticas de muchos científicos al documento Conpes que se está escribiendo desde hace ya casi un año y que contiene la política que regirá al sector en los próximos diez años.

El documento es ambicioso: propone triplicar la cantidad de investigadores y multiplicar por nueve el número de doctores por millón de habitantes. En cifras, eso significa que, si Colombia tiene actualmente 8.280 investigadores, para el año 2025 tendría 24.000, y si hoy en día se forman anualmente 390 doctores, la idea es que en diez años esta cifra suba a 3.218 doctores por año. Porque si el país sigue al ritmo que ha tenido en los últimos tiempos, no llegará a ser siquiera el tercero más innovador de América Latina. Y si logra conseguir los recursos para llegar a estas metas, subiría su inversión del 0,19% del PIB en investigación y desarrollo a 0,93% en 2025 (casi el tan anhelado 1%). Con un componente adicional: si hoy es el Gobierno el que pone el 60%, en 2025 ese porcentaje deberá ser asumido por el sector privado.

La diferencia entre esta propuesta y todas las anteriores promesas de invertir sumas de nivel internacional en la investigación científica está en el compromiso de la financiación: “La razón por la cual nunca se logró llegar a las metas fue la falta de recursos”, explica Giha. Este documento “no se convertirá en Conpes —por lo menos en lo que se refiere a Colciencias—, si no tiene recursos asociados”.

¿De dónde saldrá la financiación?

Esa es la gran pregunta de las universidades, que son las que ejecutan el 44% de la inversión nacional en investigación. Y del total de las 286 instituciones de educación superior, 16 de ellas concentran la mitad de los investigadores del país, el 91% de las becas otorgadas para doctorados y el 40% de los grupos de investigación colombianos, según cifras de Colciencias.

Pero ¿quién pondrá los recursos? ¿Qué hacer luego con todos estos científicos formados? ¿Cómo mantener a los investigadores activos, con laboratorios debidamente dotados? Alejandro Olaya, subdirector de Colciencias, dice que la entidad cuenta con alrededor del 20% de todo el dinero disponible en el país para el sector de la ciencia, a lo cual se agregan los recursos de regalías, la inversión de la empresa privada, la que asumen otros ministerios, entre otros. “Lo que pide el Conpes es establecer una fuente de financiación clara para los siguientes diez años, preferencialmente con un Confis (Consejo Superior de Política Fiscal) o a través de otros mecanismos”.

El debate

Si la financiación es “la piedra angular del Conpes”, como la definió Olaya, el llamado de Colciencias es “a cerrar filas frente a estas metas”. Pero el camino no ha sido fácil, a pesar de los siete talleres temáticos en los que participaron 15 entidades gubernamentales, los seis talleres regionales a los que asistieron 350 personas y la publicación de la primera versión del documento en las páginas web de Colciencias y del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la cual generó varias cartas de reacción, como la que le enviaron al presidente Santos varias asociaciones científicas a principios de enero.

Con base en los casi 500 comentarios recibidos que sistematizó el DNP, el Gobierno trabaja actualmente en una segunda versión en la cual se busca responder a los puntos que fueron recurrentes: reconocer el papel de la ciencia y la tecnología en la construcción de un país en el posconflicto, la falta de claridad en el tema regional, la creación de cinco o seis centros (o focos) de investigación, consolidar la ciencia, la tecnología y la innovación como la base real de la competitividad de alto nivel, y, por supuesto, la financiación: en total se necesitan $34 billones para esos diez años.

“Si queremos avanzar en la excelencia científica, tenemos que elegir unos focos donde el país tiene grandes desafíos sociales por resolver”, explicó Olaya a El Espectador. Tres focos centrales —energía, salud y alimentos— y tres transversales —biotecnologías, nanotecnologías y tecnologías de la información y las comunicaciones—, donde el país tiene capacidades científicas consolidadas. El de nanotecnología está en Medellín, con varias universidades involucradas, como la del Norte, los Andes, la Industrial de Santander, la de Antioquia y la Pontificia Bolivariana; empresas como Sumicol, Corona, Andercol y EPM, y los gobiernos local y nacional. La directriz será trabajar con base en problemáticas identificadas. Al fortalecer esos focos, Colciencias tiene como objetivo lograr que el país y sus regiones avancen en su desarrollo social y económico a través de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Giha es optimista, pero cauta: “Lograremos recursos, quizá no para triplicar pero sí para duplicar”, dice. “Si nos dan menos (de lo solicitado), vamos ajustando las metas”. La idea es que en marzo esté definido el texto del nuevo Conpes, luego de la socialización de la segunda versión.

“Colciencias seguirá siendo el rector del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación”, ha dicho su directora, Yaneth Giha, respondiendo a las críticas de muchos científicos al documento Conpes que se está escribiendo desde hace ya casi un año y que contiene la política que regirá al sector en los próximos diez años.

El documento es ambicioso: propone triplicar la cantidad de investigadores y multiplicar por nueve el número de doctores por millón de habitantes. En cifras, eso significa que, si Colombia tiene actualmente 8.280 investigadores, para el año 2025 tendría 24.000, y si hoy en día se forman anualmente 390 doctores, la idea es que en diez años esta cifra suba a 3.218 doctores por año. Porque si el país sigue al ritmo que ha tenido en los últimos tiempos, no llegará a ser siquiera el tercero más innovador de América Latina. Y si logra conseguir los recursos para llegar a estas metas, subiría su inversión del 0,19% del PIB en investigación y desarrollo a 0,93% en 2025 (casi el tan anhelado 1%). Con un componente adicional: si hoy es el Gobierno el que pone el 60%, en 2025 ese porcentaje deberá ser asumido por el sector privado.

La diferencia entre esta propuesta y todas las anteriores promesas de invertir sumas de nivel internacional en la investigación científica está en el compromiso de la financiación: “La razón por la cual nunca se logró llegar a las metas fue la falta de recursos”, explica Giha. Este documento “no se convertirá en Conpes —por lo menos en lo que se refiere a Colciencias—, si no tiene recursos asociados”.

¿De dónde saldrá la financiación?

Esa es la gran pregunta de las universidades, que son las que ejecutan el 44% de la inversión nacional en investigación. Y del total de las 286 instituciones de educación superior, 16 de ellas concentran la mitad de los investigadores del país, el 91% de las becas otorgadas para doctorados y el 40% de los grupos de investigación colombianos, según cifras de Colciencias.

Pero ¿quién pondrá los recursos? ¿Qué hacer luego con todos estos científicos formados? ¿Cómo mantener a los investigadores activos, con laboratorios debidamente dotados? Alejandro Olaya, subdirector de Colciencias, dice que la entidad cuenta con alrededor del 20% de todo el dinero disponible en el país para el sector de la ciencia, a lo cual se agregan los recursos de regalías, la inversión de la empresa privada, la que asumen otros ministerios, entre otros. “Lo que pide el Conpes es establecer una fuente de financiación clara para los siguientes diez años, preferencialmente con un Confis (Consejo Superior de Política Fiscal) o a través de otros mecanismos”.

El debate

Si la financiación es “la piedra angular del Conpes”, como la definió Olaya, el llamado de Colciencias es “a cerrar filas frente a estas metas”. Pero el camino no ha sido fácil, a pesar de los siete talleres temáticos en los que participaron 15 entidades gubernamentales, los seis talleres regionales a los que asistieron 350 personas y la publicación de la primera versión del documento en las páginas web de Colciencias y del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la cual generó varias cartas de reacción, como la que le enviaron al presidente Santos varias asociaciones científicas a principios de enero.

Con base en los casi 500 comentarios recibidos que sistematizó el DNP, el Gobierno trabaja actualmente en una segunda versión en la cual se busca responder a los puntos que fueron recurrentes: reconocer el papel de la ciencia y la tecnología en la construcción de un país en el posconflicto, la falta de claridad en el tema regional, la creación de cinco o seis centros (o focos) de investigación, consolidar la ciencia, la tecnología y la innovación como la base real de la competitividad de alto nivel, y, por supuesto, la financiación: en total se necesitan $34 billones para esos diez años.

“Si queremos avanzar en la excelencia científica, tenemos que elegir unos focos donde el país tiene grandes desafíos sociales por resolver”, explicó Olaya a El Espectador. Tres focos centrales —energía, salud y alimentos— y tres transversales —biotecnologías, nanotecnologías y tecnologías de la información y las comunicaciones—, donde el país tiene capacidades científicas consolidadas. El de nanotecnología está en Medellín, con varias universidades involucradas, como la del Norte, los Andes, la Industrial de Santander, la de Antioquia y la Pontificia Bolivariana; empresas como Sumicol, Corona, Andercol y EPM, y los gobiernos local y nacional. La directriz será trabajar con base en problemáticas identificadas. Al fortalecer esos focos, Colciencias tiene como objetivo lograr que el país y sus regiones avancen en su desarrollo social y económico a través de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Giha es optimista, pero cauta: “Lograremos recursos, quizá no para triplicar pero sí para duplicar”, dice. “Si nos dan menos (de lo solicitado), vamos ajustando las metas”. La idea es que en marzo esté definido el texto del nuevo Conpes, luego de la socialización de la segunda versión.