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El Congreso aprobó la ley Reactivarte

En la plenaria de la Cámara de Representantes se discutió el proyecto de ley Reactivarte. Se dieron argumentos a favor y en contra de la iniciativa. Las principales preocupaciones recaen en que el documento, tal como se planteó, no cuenta con las voces de los gestores culturales y pone sobre la mesa la posibilidad de que se beneficien empresas cuyo fin último no es el bien social de la cultura. El proyecto de ley se aprobó en el Congreso y pasa a sanción presidencial.

15 de diciembre de 2020 - 12:57 p. m.
Detrás de los reparos a Reactivarte está la idea de que una ley para la cultura debe respaldar a quienes están en el eslabón más bajo en la cadena de producción del sector. Algunos grupos culturales, así como algunos artistas, se opusieron a la aprobación de la ley.
Detrás de los reparos a Reactivarte está la idea de que una ley para la cultura debe respaldar a quienes están en el eslabón más bajo en la cadena de producción del sector. Algunos grupos culturales, así como algunos artistas, se opusieron a la aprobación de la ley.
Foto: Cortesía: Secretaría de Cultura de Bogotá

La ley Reactivarte tiene como objetivo desarrollar medidas que permitan la reactivación y el fortalecimiento del sector cultural y de la economía creativa en todo el territorio nacional. La ponencia, a cargo de Esteban Quintero Cardona, enfatizó en el carácter incluyente del proyecto, en cuanto a la discusión que este tuvo entre los partidos políticos, y en que es una ley que está en mora de concretarse, pues es una deuda histórica que tiene el Estado con el sector. Sin embargo, algunos representantes, como María José Pizarro, Ángela María Robledo y León Fredy Muñoz, recalcaron que cualquier ley enfocada en el sector debía incluir las voces de los gestores culturales y este proyecto de ley no las tiene.

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La creación de FONCULTURA para administrar y destinar los recursos al sector cultural y creativo es uno de los propósitos con los que se creó el proyecto. A partir de diferentes fuentes de financiación, que incluyen aportes del Presupuesto General de la Nación, apropiaciones del Ministerio de Cultura, recursos provenientes de Cooperación Nacional e Internacional, entre otros; se busca financiar los proyectos culturales y de economía naranja relacionados con la investigación, identificación, apropiación social, protección, manejo, salvaguarda y sostenibilidad del patrimonio cultural material e inmaterial del país; así como proyectos de turismo cultural y que estimulen la profesionalización de los gestores culturales. A lo anterior se le suma la flexibilización en el uso de los recursos de la Ley de Espectáculos Públicos para apoyar la producción y circulación de propuestas artísticas, pues actualmente los recursos son destinados para el fortalecimiento de la infraestructura cultural y para dotaciones; y la reducción al 4% de la tarifa de retención en la fuente para 27 actividades culturales y creativas. También se habla del retorno del 20% de los recursos de la Estampilla Procultura.

Los coautores y ponentes enfatizaron en que el proyecto de ley se construyó a partir de la concertación entre partidos políticos, así como desde unas mesas de trabajo con la ministra de Cultura y su equipo, por lo que le atribuyeron a este el carácter de incluyente. “Nosotros, como congresistas, siempre hemos estado muy preocupados con respecto a cómo hacer para que lleguen más recursos a la cultura de nuestro país. Yo creo que con este fondo podemos, de alguna manera, potencializar estas fuentes de financiación para así irrigar la cultura del todo el territorio nacional”, afirmó Quintero. A esta voz de apoyo se sumó la de Martha Villalba: “esta iniciativa busca reactivar uno de los sectores que ha sufrido en la pandemia y que tiene grandes rezagos a lo largo de la historia”.

Sin embargo, y a pesar de que existe un consenso frente a la necesidad de que se apruebe una ley para el sector cultural, el proyecto de ley tuvo algunos reparos: Reactivarte no cuenta con las voces de los gestores culturales y existe el riesgo de que la ley beneficie económicamente a empresas cuyo fin último no responde al carácter social de la cultura. “Hemos recibido innumerables llamados y cartas donde los gestores dicen que el proyecto no recoge las iniciativas del sector. Una de las preocupaciones de ellos es que el fondo se va a ir para la economía naranja. Diferenciemos, realmente, esta última del quehacer de la cultura. Son muy diferentes. Tenemos que trabajar para que esos hacedores de cultura, que salvan vidas, que nos les interesa industrializarse, tengan más recursos”, afirmó el representante León Fredy Muñoz.

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Por su parte, Ángela María Robledo añadió: “La cultura es base fundamental de un país y de su democracia, así como es clave para vivir en paz. Eso está consignado en la Constitución del 91, poco a poco se ha avanzado, pero esto nunca se ha hecho realidad. Yo reconozco que hay avances, pero hay que recordar que los artistas presentaron el Plan de Salvamento del Sector de las Artes y la Cultura. A nosotros nos parece que el proyecto de ley se queda corto, sin embargo, hay que fortalecer lo interesante: la articulación de las políticas nacionales y regionales con recursos. Ahora, nuestras aspiraciones están en en el censo de artistas y en el estatuto de la cultura”.

María José Pizarro se sumó a los reparos de Muñoz y Robledo para expresar, lo que a su juicio, son dos peligros grandes que hay detrás de la ley que se aprobó en el Congreso. Primero, se teme una desviación de recursos. “El peligro recae en que estos sean tomados por empresas que no necesariamente tengan su función social en la construcción cultural. Por lo tanto, no cumplen con la función real de la cultura. Pueden caber figuras de negocios de la economía naranja que no tienen que ver con el desarrollo social y cultural en nuestro país. Reactivarte y la economía naranja no solo tercerizan y privatizan los recursos públicos, sino que otorgan exenciones tributarias que no están contemplando el desarrollo social para las políticas culturales. Eso es lo más grave”. A esto añadió: “Estamos ahondando en una desprotección del creador cultural y, por ende, vamos hacia el debilitamiento de la producción, de la creación, de la investigación, de la formación y de la circulación de la cultura en nuestro país. Si los pocos recursos que hay no van para el sostenimiento del acervo cultural en Colombia, lo que tenemos es la imposibilidad de que las presentes y futuras generaciones puedan producir, sostener y resguardar” nuestra riqueza cultural.

Detrás de estos reparos está la idea de que una ley para la cultura debe respaldar a quienes están en el eslabón más bajo en la cadena de producción del sector, pues, en palabras de Pizarro, “se debe priorizar a quienes construyen y desarrollan socialmente la cultura”. Y es que algunos grupos culturales, así como algunos artistas, se opusieron a la aprobación de la ley Recativarte. Por ejemplo, La Mesa Amplia por el Arte y la Cultura Colombia, mientras se debatía en la Cámara de Representantes el proyecto de ley, escribió: “No a la aprobación. Exigimos que se separe el Viceministerio de Economía Naranja del Ministerio de Cultura y que cada uno tenga un fondo diferenciado. Toda actividad económica es susceptible a la creatividad, pero eso no los hace arte y cultura”. Patricia Ariza añadió: “El arte y la cultura se disolverán paulatinamente en la economía naranja”.

El proyecto de ley Reactivarte, luego de ser debatido y votado en la plenaria del Senado y de la Cámara de Representantes, fue aprobado en el Congreso.

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