Caso Neruda sigue en pie

Aunque un grupo de 11 forenses aseguró ayer que Pablo Neruda falleció por cáncer de próstata, el juez Mario Carroza dijo que la investigación continuará su curso.

El jefe del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, y el forense Francisco Etxeberría durante la presentación de los resultados sobre la muerte de Pablo Neruda. / EFE

Fue en 2011 cuando Manuel Araya, chofer del poeta chileno Pablo Neruda, habló con la revista Proceso. Allí dijo que no quería morirse sin decir la verdad, su verdad, sin que se supiera que el poeta fue envenenado el 23 de septiembre de 1973 por órdenes de Augusto Pinochet.

Sus afirmaciones circularon por los medios y dos años después llegaron, de modo oficial, a las oficinas del juez Mario Carroza. Entonces comenzó la investigación formal. La teoría de Araya se apoyaba en hechos verídicos y que los investigadores fueron comprobando poco a poco. Pablo Neruda salió de su casa en una ambulancia el 19 de septiembre de 1973 hacia la clínica Santa María, en Santiago de Chile. El país vivía por esos días en el caos: en las calles detenían a supuestos seguidores de Allende y las fuerzas de Pinochet estaban dedicadas a anular cualquier posible tinte de izquierda.

Neruda, que según el dictamen oficial sufría de cáncer de próstata, se dirigió hacia la clínica mientras en otro auto lo seguía Araya. En el camino fueron detenidos en varias ocasiones; los registraron y les preguntaron hacia dónde iban. Cuando llegaron a la clínica, Neruda fue hospitalizado y Araya estuvo a su cuidado.

Cuatro días después, el 23 de septiembre, Araya salió de la clínica para comprar una serie de medicamentos. Antes de salir, dice el chofer, vio que uno de los médicos aplicaba una inyección a Neruda en el pecho. Araya, tres décadas después, aseguró que dicha inyección no era más que veneno y que ese acto no tenía más objeto que asesinar al poeta, cercano al gobierno de Salvador Allende. El poeta —bautizado como Ricardo Neftalí Reyes y premio Nobel de Literatura en 1971— deseaba viajar a México después de recuperarse, para crear desde allí un movimiento opositor a Augusto Pinochet. Eso dice Araya, eso ocultó Araya desde el momento en que, afuera de la clínica, fue detenido por autoridades pinochetistas y llevado al Estadio Nacional, que se convirtió por entonces en el centro de reclusión de opositores.

Por estas declaraciones, el 8 de abril de este año un grupo de forenses exhumó los restos de Neruda en Isla Negra, su antiguo hogar, a donde fue trasladado en 1992 luego de estar enterrado por casi 20 años en el Cementerio Central de Santiago. Desde allí, algunos tejidos fueron a dar a España y Estados Unidos; otros más fueron analizados por el Servicio Médico Legal (SML) de Chile. Siete meses después, que transcurrieron en silencio, en los que hubo pocos o ningún rumor sobre los resultados, el grupo forense aseguró que Pablo Neruda no fue envenenado. “No se han encontrado agentes químicos relevantes que pudieran relacionarse con el desenlace de la muerte del señor Pablo Neruda”, dijo Pablo Bustos, director del SML.

Dicho de otro modo: en los restos de Neruda no existe ninguna sustancia extraña que permite apoyar la versión de Araya. Allí, los peritos sólo encontraron más pruebas para afirmar que Neruda murió, en efecto, por un cáncer de próstata. “Se confirma, por diversas técnicas complementarias entre sí —dijo Bustos—, la existencia de lesiones metastásicas diseminadas en varios de los segmentos del esqueleto en justa correspondencia con la enfermedad por la que estaba siendo tratado el señor Pablo Neruda”.

La versión del asesinato de Neruda habría sonado desvariada en otro contexto. Sin embargo, dada su cercanía con Allende y su participación en partidos de izquierda, el poeta se habría convertido en una pieza incómoda. Era un hombre reconocido, galardonado, leído; las sospechas aumentaron cuando en 2004 se comprobó que Eduardo Frei —presidente de Chile antes que Salvador Allende y líder de la oposición— presentaba restos de sustancias tóxicas y que habría muerto a causa de ellas y no por una bacteria, como se dijo en principio.

A pesar de las conclusiones de los peritos, entre quienes están el español Francisco Etxeberria —quien participó en el estudio de los restos de Salvador Allende y del cantautor Víctor Jara—, la toxicóloga Ruth Wickener y Guillermo Repeto, el juez Mario Carroza dijo que la investigación seguirá abierta y que aún no es posible colegir, con toda certeza, que Neruda fue asesinado. “Judicialmente el juez jamás da algo tan categórico —dijo ayer—, porque es necesario tener todos los antecedentes y en este minuto no sabemos si los tenemos o no”.

Aún queda pendiente, por ejemplo, encontrar el historial de Neruda en la clínica Santa María, que habría desaparecido. La clínica, había dicho Carroza meses atrás, no ha colaborado tanto como debiera. La familia de Neruda apoya la decisión del juez.

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