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En Charlottesville (Virginia) las protestas por parte de supremacistas blancos para que las estatuas del general confederado Robert E. Lee se dejaran en su lugar desató la inconformidad, el pasado mes de agosto, de algunos habitantes de esa comunidad que ven encarnada en dicha estatua lo que para muchos es el racismo aún presente en los Estados Unidos.
No es para menos el descontento. Una estatua como esta, ubicada en un lugar público, representa parte de la historia de la nación norteamericana. Una historia de esclavitud, segregación y racismo con la que muchos no se sienten identificados, y que por el contrario atenta contra la idea de inclusión de aquellos que fueron sujetos y comunidades excluidas de la pretendida democracia estadounidense.
Resulta sorprendente escuchar sobre este tipo de manifestaciones supremacistas a estas alturas de la historia de Occidente y en un país como los Estados Unidos. Sin embargo, Yolanda Sierra, docente investigadora del departamento de derecho constitucional de la Universidad Externado de Colombia y coordinadora de la línea de Investigación en Derechos Culturales, explica que esto se debe “a un estado de cosas culturales e históricas que lo permiten sin que sea considerado como pecado, malo o dañino”.
El problema de estas estatuas es la manera como dejan latente la exclusión en la comunidad, sin hacer comprensivo de manera estructural el fenómeno de segregación. A pesar de la derrota y rendición de los confederados en 1865, las estatuas de estos “héroes” se erigieron con el lema “¡El sur se alzará de nuevo!”. Además, el espacio público de estas ciudades no cuenta con manifestaciones que pongan en conflicto esa memoria de crueldad con la memoria de quienes fueron objeto de sus iniquidades.
Las víctimas son otro actor a tener en cuenta en las manifestaciones y prácticas culturales. “Las víctimas usan las prácticas culturales como un mecanismo de lucha, de resistencia política, de demanda social. Aunque no sean necesariamente artistas, usan las manifestaciones artísticas como un instrumento de lucha, para manifestar un “litigio estético”, que puede incluso ser más poderoso que el aparato judicial”, explica la constitucionalista Sierra.
Al respecto, Laura Quintana, profesora del departamento de filosofía de la Universidad de Los Andes, experta en temas de estética y política, da un ejemplo de ello: “Los murales que se propagaron por la ciudad de Bogotá y que le hicieron famosa tienen que ver con colectivos populares, aunque algunos fueran encargados y otros oficiales. Muchos de ellos tienen que ver con colectivos de muralistas o de víctimas, que querían hacer valer ese conflicto de las memorias y poder ilustrar o figurar traumas, formas de violencia, pérdidas que los afectaron y que no necesariamente tenían un lugar en la memoria oficial”.
La sociedad en general, con sus víctimas directas y quienes no necesariamente lo son, es otro actor que suma en la ecuación de la memoria (o las memorias). La memoria colectiva hace referencia necesariamente a la identidad de un pueblo. Sin embargo, en sociedades que han visto el horror de la guerra de manera crónica se hace necesario que la identidad no sea una “noción de identidad que aplane la heterogeneidad y que haga deseable justamente la idea de una unidad que reduce, minimice y neutralice los conflictos y las diferencias” asegura la profesora Quintana.
Por lo tanto no es la fuerza de la ley la que garantiza que hechos atroces se repitan, sino la sociedad misma al comprender y evitar la repetición de algunos hechos. ¿Por qué? La víctima no es la única que debe hablar sobre lo que pasó en un conflicto armado, se debe también hablar de cómo el Estado permitió cosas, afianzado por algunos patrones culturales permitidos por los integrantes de una comunidad, rutinizados, reproducidos.
“La memoria no tiene como objetivo solo ver lo que le pasó a las víctimas sino la comprensión de un fenómeno” su estructura, su historia, asegura la investigadora Sierra.
¿Y qué del Estado y las instituciones oficiales? Aterricemos al caso colombiano. Respecto a la reparación simbólica que buscan los acuerdos de La Habana, primero hay que tener en cuenta que se habla de un acuerdo, no de una rendición o la imposición de un vencedor sobre un enemigo derrotado.
Por lo tanto, las reparaciones simbólicas que surjan a partir de aquí son producto de dicho convenio. El monumento que se pretende hacer con las armas fundidas de las Farc, por ejemplo, no es un castigo o un recordatorio de la rendición de las Farc.
El monumento, la representación, debe estar pensado en que más de 50 años de guerra tienen un componente masivo y sistemático: “hay patrones culturales que se permiten en la sociedad y que se intensifican en los conflictos armados: las mujeres pueden ser usadas como instrumento sexual, los homosexuales son menos hombres, los campesinos, guerrilleros, por lo tanto, se les puede matar, exterminar”, explica Yolanda Sierra.
Son sistemáticos porque son patrones reproducidos en nuestra cotidianidad. “No es que nazcan en el conflicto armado”, agrega Sierra, sino que están latentes en nuestros códigos diarios, individuales y colectivos, que se desbordan en una situación de guerra ante los ojos impávidos del Estado.
De ahí la importancia de unas manifestaciones y prácticas culturales que permitan la comprensión de dicha lógica de la crueldad y sus efectos sobre sujetos concretos. Laura Quintana agrega: “Estas prácticas artísticas al transeúnte común y corriente le podían hacer pensar, sentir, mirar otras cosas sin tener que ir a la galería especializada de arte”.
Y añade: “Unas instituciones mucho más democráticas deberían empezar por reconocer que deben abrir el espacio para que puedan proliferar esas prácticas distintas de la memoria”.
¿Cómo, quién y dónde debería ser, hacer y estar el futuro monumento de las armas fundidas de las Farc? Estas preguntas serán abordadas en un coloquio interdisciplinar e interinstitucional el próximo 20 de septiembre en la Universidad Externado de Colombia. En este espacio, representantes de las Farc, el Gobierno y la academia, al final del encuentro, concretarán algunas recomendaciones para hacer al Alto Comisionado para la paz, encargado de la realización del monumento de acuerdo con lo acordado en La Habana.
Encuentre aquí la programación del coloquio