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De a poco empiezan a trascender detalles de la estrategia que pondrá en marcha el Gobierno de Colombia frente al caso de las 402 piezas precolombinas que se exhiben en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Argentina.
En comunicación enviada a El Espectador, el Ministerio de Cultura informó que se activó el Convenio de cooperación 2990-1 de 2017 que busca prevenir y contrarrestar el tráfico ilícito de bienes del patrimonio cultural colombiano.
De dicho convenio, que se firmó el 16 de noviembre de 2017, hacen parte el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Dirección General de Impuestos y Aduanas, la Aeronáutica Civil y el Archivo General de la Nación. Para el caso puntual de las piezas precolombinas que se exponen en el Museo de Arte de la Fundación Malba en Buenos Aires, será el Ministerio de Cultura quien asuma la vocería y el liderazgo de la estrategia que se ponga en marcha.
De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, el cónclave conformado para el cuidado del patrimonio colombiano buscará "definir en los próximos días las acciones que se seguirán adelantando frente al caso".
El trabajo de este cónclave tiene antecedentes. Según reseña un documento oficial de la Cancillería, "el 21 de marzo de 2018 se realizó la primera devolución voluntaria de patrimonio paleontológico de la Nación, con el retorno de un cráneo de la especie Callawayasaurus colombiensis que se encontraba en calidad de préstamo en el Museo de Paleontológico de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos".
En este sentido, agrega el Ministerio de Relaciones Exteriores que "como parte del compromiso de Colombia contra el tráfico ilícito de bienes culturales, fueron restituidas: A Perú, el 15 de noviembre de 2017 una pieza de su patrimonio arqueológico; y a Brasil en mayo de 2018, siete piezas de su patrimonio paleontológico".
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Para el momento de la firma del convenio estaban activos 11 casos en los que Colombia realiza gestiones diplomáticas tendientes a recuperar bienes patrimoniales que se encuentran en otros Estados, entre los cuales se resaltan los casos de San Agustín y de la Colección Quimbaya.
Como parte del compromiso de Colombia contra el tráfico ilícito de bienes culturales, fueron restituidas: A Perú, el 15 de noviembre de 2017 una pieza de su patrimonio arqueológico; y a Brasil en mayo de 2018, siete piezas de su patrimonio paleontológico.
De momento, según el antropólogo Nicolás Loaiza Díaz, director general del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), el pasado martes 11 de febrero la institución que dirige radicó en la Cancillería una solicitud para empezar el proceso diplomático.
"Aún no se ha verificado la autenticidad de las piezas. Todo está en proceso para luego proceder con las gestiones diplomáticas a las que haya lugar. El ICANH, que es el encargado del patrimonio arqueológico, debe hacer el peritazgo de las piezas arqueológicas para verificar su autenticidad y proceder con las gestiones diplomáticas en caso de que se proceda con la repatriación", explicó Loaiza Díaz a El Espectador.
Según el antropólogo Ernesto Montenegro, quien dirigió el Instituto Colombiano de Antropología e Historia entre el 2013 y el 2019, una de las dificultades del proceso que se avecina es el de poner de acuerdo a la Cancillería y al Ministerio de Cultura.
"Las dificultades tienen que ver los recursos para enviar al arqueólogo que se encargue de analizar las piezas. Aunque en mi gestión se enviaron expertos para hacer análisis similares a Italia, España, Canadá o Bélgica, siempre hubo discusión con Cancillería sobre quién debía asumir los costos. No hay muchos recursos para estos trámites".
La Unesco tiene un tratado al que suscriben los países que se comprometen a luchar contra el tráfico de piezas arqueológicas. Dicho tratado está firmado por Colombia y Argentina.
El Convenio de Unidoit fue aprobado por la Conferencia diplomática celebrada el 24 de junio de 1995 en Roma.
El tratado fue redactado a petición de la UNESCO con el fin de que se formulara un conjunto uniforme mínimo de normas de derecho privado en materia de comercio internacional de obras de arte para complementar las disposiciones de derecho público contenidas en la Convención de la UNESCO de 1970.