Opinión

Concubinato por acción y omisión

Los responsables de los crímenes contra menores de edad y mujeres sí se pueden señalar, son los representantes del Estado con su indiferencia e ineficiencia, y es el asesino, que comete el crimen que esa indiferencia y esas malas políticas perpetúan.

El intento de homicidio del que fue víctima la estudiante Daniela García ha sido uno de los macabros casos de impunidad en Colombia. Archivo

“Denunciados más de 4.000 casos de abuso sexual de niños en Colombia en 2017” … “El fin de semana una niña de cuatro meses fue violada por un soldado del Ejército”. 

Sally Palomino.

Este es el titular del 24 de abril del diario El País de España, uno de los más leídos en el mundo:

Así, tal como lo deja ver el titular, es como nos reflejamos como sociedad. Es nuestro espejo, eso somos, desquiciados, sin la más mínima noción de lo humano. Somos el resultado de la dejadez e indiferencia con la que los políticos y los gobiernos, desde hace siglos, están construyendo esta sociedad. Sus criterios de justicia no son proporcionales al daño que se les hace a las víctimas, se limitan solamente a la pena, que se reduce a su mínima expresión por razones absurdas, como el buen comportamiento, o el dinero disponible para comprar la justicia. Y cuando no hay castigo, nos callamos ante la impunidad, pues nos acostumbramos a ella, para toda clase de delitos. Nos indignamos sólo temporalmente, y exigimos sólo castigos, pero nunca prevención, nunca humanidad.

Afirma la periodista que el Estado es indiferente frente a las víctimas. En otros medios de comunicación, de manera etérea, se señalan responsables. Es cierto, existe ineficiencia en la protección de mujeres y niños, pues el Estado no ha sido capaz de protegernos de la violencia que anda por el país en medio de la más insólita impunidad. A cada instante, en Colombia hay un menor o una mujer víctima de violación, abuso, tortura y maltrato, pero los funcionarios del Estado, a quienes les corresponde discutir el problema, no aparecen por ninguna parte. Bienestar Familiar no es la única entidad con competencia para ello.

¿Quién es el Estado en estos casos? Se supone que somos todos, pero las decisiones, las medidas preventivas, de protección y las discusiones de fondo sobre el tema les corresponden a todos los poderes, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. En Colombia no hay una instancia que haya dado una discusión profunda para encontrar una solución que nos permita aspirar a algo más que la cadena perpetua.  Medida que, como la pena de muerte, es ineficaz, costosa y no garantiza el derecho a la vida y a la dignidad.

La cadena perpetua sólo es el castigo, no la protección.  Treinta y ocho años de prisión - con descuentos y premios – a Rafael Noguera no han impedido que siga pasando, lo estamos viendo, hay otros cometiendo crímenes iguales o más atroces. Le pregunto al Presidente de Colombia, como jefe máximo de un Estado ausente para las víctimas: ¿Qué más tiene que pasar, a cuál mujer le deben disparar, a qué menor deben violar y torturar hasta matarlo para que el Estado reaccione de manera efectiva frente a este gravísimo problema?, ¿Cuáles han sido las gestiones presidenciales con ministros y demás representantes del Estado para acabar con semejante atrocidad?

La directora de Bienestar Familiar pide ayuda, pero no hay quien la escuche, ni a las familias, ni a las víctimas como Claudia, o Daniela, o Rosa Elvira o Sarita, o la bebé de 4 meses o Mónica o Jennifer, solo por citar algunos de los casos más recientes. Conozco el Estado y sé lo fácil que resulta para ministros, gerentes públicos y senadores hacerse los locos, ignorar los problemas importantes, sobre todo cuando se trata de derechos humanos. Postergan los asuntos con la excusa de las competencias, los procesos, procedimientos, la burocracia y los vacíos legales, y así, el tema no es con ellos. Yo lo llamo desidia institucional. Entonces, si no es el Estado, ¿quién debe encontrar la solución?, y mientras tanto, ¿cuántas víctimas más?

Estamos frente a una sociedad desbordada en mal, construida poco a poco con malas legislaciones, malas decisiones, malas políticas educativas, alimentarias, abandono y corrupción, el caldo de cultivo perfecto para mentes asesinas de esta naturaleza. La vienen inventando nuestros dirigentes, los legisladores, los jueces que nunca se han ocupado con disciplina de la vulnerabilidad de mujeres y menores, en un país sitiado por la inseguridad y los demenciales actos de los asesinos. Necesitamos representantes del Estado, en lo posible con alma, que se ocupen de manera efectiva del problema.

No basta con decirle a las madres que les inculquen valores a sus hijos, como lo hizo Santos hablando de la corrupción. Pues, si bien es necesario, la responsabilidad no se circunscribe únicamente a la falta de valores. Los responsables de esta práctica social sí se pueden señalar, son los representantes del Estado con su indiferencia e ineficiencia, y es el asesino, que comete el crimen que esa indiferencia y esas malas políticas perpetúan.

En el caso de las mujeres, sólo basta con que se encuentren solas en el hogar para que sean vulnerables, o en el transporte público, o en las calles, como le pasó a Daniela García, la joven de 22 años a quien le dispararon en la cabeza porque sí, porque se puede, porque era una calle oscura y porque no pasa nada. Hoy está en el hospital muy grave y la policía no dice nada.

Otras situaciones han demostrado que sí se puede, por lo menos, encontrar al criminal. Debería ser así en todos los casos, pero en el de Daniela no pasa nada. Aquí hay abandono del Estado, hay preferencias, por estatus social, o por escándalo mediático, o por oportunidad para hacer proselitismo, y no se tratan los casos con el mismo activismo y celeridad.  

Los menores son vulnerables por el sólo hecho de ser menores, todo el país es peligroso para ellos, los violan y matan atrozmente. Es más grave aún porque ellos no denuncian, no cuentan lo que les está pasando porque los torturan con la amenaza, les infunden miedo o, simplemente, ni siquiera han aprendido a hablar. Con el agravante, en muchos casos, de que el estrato social cuenta para que las autoridades se interesen en las investigaciones. Ser del común es estar expuesto a ser solo una víctima más, no hay justicia, y si la hay, es mediocre.

¿Qué son los representantes del Estado, si horrores como estos no los hacen reaccionar? Ellos y los asesinos son el concubinato del crimen. En un país lleno de matones, no tomar medidas efectivas y desproteger a mujeres y menores de edad es un crimen por omisión, y el más impune hasta nuestros días.