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Es extraño y necesario preguntarse por la razón de ser de los espacios públicos dedicados a la cultura, teniendo en cuenta que son objeto de los criterios políticos de asignación de presupuesto o de las prioridades de las administraciones de turno, respecto a la concepción de bienestar social y económico. Sin duda es extraño defender la existencia de espacios como la bibliotecas públicas, que desde hace un poco más de 15 años han fomentado la educación y la cultura, yendo más allá de ser bancos de memoria o edificios suntuarios, donde se preservan y se exhiben libros como en un museo, para convertirse en lugares dedicados a la apropiación de la cultura escrita, a través de programas de promoción de lectura, despertando inquietudes en niños, jóvenes, adultos y personas mayores, sobre la manera en que la realidad se puede intervenir, afirmar y transformar como un texto.
A pesar del carácter público de la biblioteca, su funcionamiento depende de operadores privados que generan conflictos de interés entre ambas esferas, produciendo contradicciones a nivel organizacional como la reducción de la oferta de programas y servicios, así como la reducción de nómina profesional y adquisición de colecciones. Políticas que si bien responden a lineamientos de la administración distrital, benefician más el crecimiento monetario del sector privado que la inclusión de la comunidad en los espacios públicos.
A partir del 30 de abril, respondiendo a los nuevos pliegos de contratación de operadores, saldrán de la nómina de Fundalectura, encargada de administrar BibloRed, una cantidad considerable de promotores, auxiliares y gestores territoriales. Se van a ofrecer menos programas, servicios y algunas bibliotecas como la del Deporte, ubicada en Teusaquillo, dejará de funcionar para trasladar sus colecciones a la biblioteca Virgilio Barco. Parece que el plan de lectura distrital, Leer es Volar, quisiera dejar las bibliotecas en el aire.
Desde la virtualidad se vienen cuestionando los lugares físicos de las bibliotecas en función de su rentabilidad, como si se tratara de centros comerciales. También la adquisición de libros que no responden a las metas de préstamo, dándoles prioridad a los textos de lectura fácil y descomplicada. Los grandes nombres de la literatura le han dado paso a la literatura juvenil basada en películas o en libros cuyo referente son las sagas cinematográficas. Se les ha venido dando mayor prioridad a las actividades de utilización del tiempo libre que al desarrollo de la lectura crítica. Lo cual no es un inconveniente siempre y cuando no se considere que cierto tipo de lectura pueda afectar la concepción de la realidad que tiene la comunidad y pueda cuestionarla.
De este modo, proliferan discursos que decretan el fin de las bibliotecas públicas, denunciando un supuesto elitismo de sus espacios suntuosos. Lo que ha servido para darle prioridad a los espacios no convencionales de lectura como los parques y las plazas de mercado donde no se cuenta con las condiciones de introspección y socialización que implica la lectura crítica. Cuando se habla de bibliotecas, se piensa en el acceso al conocimiento de la población más pobre como si dentro de sus necesidades básicas no estuviera el acceso a la historia del arte y la literatura, al pensamiento filosófico sino al entretenimiento y el juego. Esto se ve reflejado en el énfasis en los programas para la primera infancia y en la reducción de ofertas académicas para los jóvenes, adultos y personas mayores. Estos últimos siempre utilizados de comodín para subir estadísticas de asistencia por ser la población que tiene más tiempo libre.
Finalmente, no es cierto que lo necesario para acceder a la cultura escrita se pueda ofrecer desde un computador con banda ancha. Los espacios virtuales necesitan un enclave físico con promotores, mediadores y animadores de lectura. La lógica del acceso virtual encubre, en su democracia, la ausencia de criterios de selección y jerarquización de la información. En lugar de reparar en los recursos para las bibliotecas públicas y cuestionar su utilidad para cubrir las demandas de los programas que buscan medir el conocimiento a partir de criterios cuantitativos, hay que reivindicar el derecho de la comunidad de contar con espacios públicos que le permitan plantearse las preguntas ¿Qué leer? y ¿Para qué leer? conforme a sus necesidades y deseos.