"Que ésta vez la paz sí le cumpla a los Colombianos"

Este sábado, en el marco de la Feria del Libro, la senadora Claudia López divulga su más reciente libro, en el que evalúa el impacto de los 10 procesos de paz que se han hecho en Colombia en los últimos treinta años.

Agotada de denunciar a bandidos y sus aliados políticos, decidí que mis estudios de doctorado me permitirían encontrar respuestas a por qué no hemos consolidado una paz duradera y sostenible en Colombia, ni los ciudadanos destronado a los grupos armados ilegales y sus aliados del que control que ejercen sobre el territorio y la cooptación sobre la política regional y nacional. (Vea acá nuestro especial de Feria del Libro de Bogotá)

Aprender de nuestra experiencia

Colombia es el único país del mundo que ha hecho 10 procesos de paz en los últimos 30 años. Tras los acuerdos, cada gobierno lanzó un programa presidencial para reinsertar a los miembros de los grupos desmovilizados, lidiar con la presión social y regional por inclusión y llevar el Estado a las regiones.
Pero el Estado escasamente llegó a los municipios priorizados por el grupo que se desmovilizó, en el mejor de los casos con centavos y por un par de años a cumplir a regañadientes parte de lo pactado (Ver tabla 1).

Tabla 1. Comparación de inversiones en procesos de desmovilización colectiva de grupos armados en Colombia, 1989-2012 ***

Grupo Desmovilizado/Programa de paz M-19 PRT EPL Quintín Lame Corriente de Renovación socialista Plan Nacional de Rehabilitación-PNR 1983-1994 Plan Colombia Militar 2000-2008* Plan Colombia Social 2004-2010*
Municipios priorizados para inversión 46 17 87 17 59 346   66
Número de desmovilizados 900 200 2.000 157 433      
Inversión pactada en la desmovilización (millones de pesos) Constantes de 2015 7.049 3.233 21.555 6.467 14.877 5.572.690 20.000.000 1.984.484
Inversión pactada como % del PIB 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,50% 1,20% 0,30%
Superficie territorial de los municipios priorizados En Km2 2.732.800 505.400 7.163.100 926.900 2.944.400 55.455.600   15.748.200
Población de los municipios priorizados** 14.972.076 421.013 19.894.693 771.713 21.229.692 8.766.944   3.085.224

* No existe un listado consolidado de municipios intervenidos por el Plan Colombia en su componente social ni en el militar.
** El volumen de población varía sustancialmente por proceso según la variación de municipios y ciudades capitales incluídas
***En el periodo analizado se dieron además las siguientes desmovilizaciones: AUC 31,671 desmovilizados, MIR-COAR 171, Frente Francisco Garnica 150, Milicias 650, pero de ellas no hay registro de un plan de inversiones regionales y municipales acordado y ejecutado fruto de la desmovilización pactada.

Las recetas gubernamentales de mucha descentralización política y precaria descentralización fiscal, desmovilizaciones pactadas y programas presidenciales de los últimos 30 años fueron una demanda constante por más democracia, pero no por más y mejor Estado en las regiones.

Como los acuerdos de desmovilización no pactaron fortalecer la seguridad, la justicia o la capacidad de cobrar impuestos locales y regionales en eso no se invirtió. Las inversiones de la desmovilización se limitaron a “inversión social” para los desmovilizados, algunas comunidades y a desarrollos marginales en infraestructura de las regiones donde los grupos armados ejercían presencia.

Por ello, cuando se evalúa su impacto en la estatalidad municipal, el balance de las recetas gubernamentales de los últimos 30 años arrojan un balance agridulce: permitieron fortalecer al Estado central, mejoraron las capacidades de los municipios de la Colombia urbana y algunos de la intermedia, pero no lograron construir municipios institucionalmente fuertes, económicamente viables y socialmente prósperos, especialmente en la Colombia rural.

Entender los desafíos y cambiar la receta

La presencia diferenciada del Estado en los territorios y la manera clientelista, represiva y delegataria como se relaciona el gobierno central con las regiones son los dos factores comunes que han explotado en su beneficio todos los grupos armados ilegales que se desmovilizaron y los que aún están por desmovilizarse.

Como consecuencia, quince millones de colombianos, dispersos en la mitad del territorio nacional, viven cotidianamente sin Estado que proteja su vida, sus derechos de propiedad, recaude impuestos razonables y les ofrezca seguridad, justicia y otros bienes y servicios públicos de calidad. Esas funciones estatales las cumplen a fusil los ilegales: recaudan extorsión, secuestran, controlan los territorios, deforestan, abren trochas y manejan las oportunidades económicas. La combinación de ausencia estatal más relaciones clientelistas y corruptas y control armado ilegal mantienen marginados y sin bienes públicos a unos ocho millones de colombianos en la Colombia rural y expulsaron a otros 7 millones en condición de víctimas del conflicto a la Colombia intermedia y urbana.

Por eso paz no es solo desmovilizar a las Farc sino sobre todo reemplazar el abandono estatal y el control ilegal por instituciones de ciudadanía, Estado y mercado que incluyan, protejan y regulen la vida de esos quince millones de colombianos y las regiones. Paz territorial es reemplazar el orden de regulación ilegal y autoritario que construyeron las Farc, ELN y Bacrim en bastos territorios por un orden legal y legítimo regulado por la ciudadanía. Con presencia permanente y garante del Estado para la seguridad, justicia, tributación, movilización social y la competencia política, y la construcción de una economía de mercado que reemplace el ingreso obtenido en actividades ilegales por oportunidades legales, sostenibles y dignas.

Paz territorial no es pararse arrogantemente desde Bogotá a pedirle a las regiones que cambien por el bien de Colombia. Paz territorial es sobre todo cambiar y domesticar a las elites y gobernantes centrales que delegan el gobierno y control de las regiones a los grupos armados ilegales por abandono y/o a los políticos clientelistas y corruptos por elección.

Para ello tenemos que tener claras las prioridades. Además de desmovilizar a las Farc y el ELN, someter a las Bacrim, y erradicar la coca de todos, lo primero que debe cambiar es la manera como las elites y gobernantes nacionales se relacionan con las regionales. Mientras la política nacional consista en elites tipo Santos y Vargas Lleras que posan de estadistas en Bogotá mientras cogobiernan las regiones con clientelistas, corruptos e ilegales de todo tipo no hay manera de construir paz territorial. Una ciudadanía sin presión armada y protegida por instituciones sociales y estatales legítimas establecidas a nivel local debe ser capaz de domesticar a esos políticos regionales y nacionales y construir alternativas políticas viables que les compitan y los destronen.

Lo segundo que tenemos que hacer es derrotar la corrupción, que es un obstáculo tan o más grande a la paz territorial, que las armas de las Farc. La tal mermelada y la corrupción son el impuesto más caro que pagamos los colombianos. Ningún otro impuesto en Colombia “recauda” casi el 3% del PIB, que se queda en manos de políticos y avivatos para su beneficio privado. Tenemos que recuperar la plata de la corrupción para invertirla en los ciudadanos y romper el círculo vicioso que justifica la evasión y elusión de impuestos en nombre de la inseguridad y la corrupción. Tenemos que reducir la excesiva carga tributaria a las empresas, subir el número de individuos que pagamos impuestos (¡de 30 millones de ciudadanos que podemos votar, menos de 3 millones pagamos impuestos!) e imponer impuestos distributivos a los más ricos, a sus rentas y dividendos.

Tercero, tenemos que profundizar la descentralización y construir en los entes territoriales las capacidades institucionales de seguridad, justicia, tributación y desarrollo, con competencias bien definidas, recursos adecuados y controles ciudadanos e institucionales eficaces. Alcaldías y gobernaciones tienen que tener las herramientas, recursos y capacidades para controlar y gobernar sus territorios y mejorar la calidad de vida de su población. El Estado a nivel regional no puede seguir comportándose como una ONG, que hace inversión social, mientras los grupos armados ilegales prestan seguridad y justicia privada y recaudan tributos vía secuestro y extorsión.

Dónde construir paz territorial

Aunque es cierto que la paz implica reformas e inversiones de alcance nacional, también es obvio que las regiones y municipios estuvieron expuestos al conflicto armado de forma diferente y deben ser priorizados para la paz territorial reconociendo esas diferencias.

Nuestra investigación indica que deben priorizarse 455 municipios de los cuales 388 son rurales y el resto ciudades intermedias y capitales a donde llegaron desplazadas las víctimas del conflicto armado. Allí se concentran también los desafíos de economías ilícitas, presencia armada ilegal, precariedad estatal y bajo desarrollo y por lo tanto las necesidades de mayor seguridad ciudadana, empleo e inclusión que se derivan de la desmovilización.

Estimamos que la paz territorial requerirá en los próximos 15 años inversiones por $333 billones, en promedio 1,6% del PIB adicional por año, invertidos en esos 455 municipios y 15 millones de colombianos.

Tabla 2. Total de inversiones para la paz territorial a quince años, 2016-2030

  Constantes de 2015
Eje de Inversiones 2016-2030 $ Billones %
1. Construir ciudadanía 169 50,70%
1.1 Participación y organización ciudadana 2,5 0,70%
1.2 Equidad Social 166,5 49,90%
Primera Infancia y Educación 126,5 37,90%
Salud y Saneamiento 22,1 6,60%
Vivienda Rural 13,7 4,10%
Otros 4,2 1,30%
2. Construir Estado 21,3 6,40%
2.1. Sistema de Justicia Rural 10,6 3,20%
2.2. Regulación de la propiedad, uso y explotación de la tierra 1 0,30%
2.3 Fortalecimiento de Tecnocracias Locales 2,0 0,60%
2.4 Justicia y Seguridad Pública 7,7 2,30%
3. Construir Mercado 95,9 28,80%
3.1 Cambiar la Economía política: inversión regional transparente y regalías ambientales 6,5 1,90%
3.2 Equidad Territorial: infraestructura para el desarrollo incluyente y sostenible 89,4 26,80%
4. Otros acuerdos derivados de la Habana 9,7 2,90%
5. Reparación a las Víctimas 34,3 10,30%
6. Paz Política y Electoral 3,3 1%
Total General 333,5 100%

 

Esta visión y cálculos para la paz territorial indican que pagar los costos de desarme, desmovilización y reinserción de las Farc y el ELN cuesta apenas 3 de cada 100 pesos; pagar la deuda con las víctimas cuesta 11 de cada 100 pesos y pagar la enorme deuda social y de desarrollo con los millones de colombianos abandonados sin Estado en las regiones cuesta 86 de cada 100 pesos. Esas son las proporciones financieras de la paz territorial

Si aprendemos de nuestra propia experiencia y asumimos los desafíos, seremos la generación que ponga fin al último conflicto armado de todo el hemisferio occidental y construya las instituciones modernas e incluyentes necesarias para que dejemos de ser tres países que se recelan y seamos al fin una sola Colombia integrada y en paz.

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“Algo ha ido mal en la descentralización colombiana, y sus defectos amenazan cualquier paz territorial. Claudia López combina el trabajo político con el análisis académico riguroso que despliega en este libro. Con sus colaboradores, ha producido un diagnóstico del reto principal que enfrenta Colombia: cómo gobernar mejor todo el país; de imprescindible lectura”. comentario de Malcom Deas, experto colombianista

El lanzamiento de ¡Adiós a las Farc! ¿Y ahora qué?: Construir ciudadanía, Estado y mercado para unir las tres Colombias es el 30 de abril, en la FILBO. Ese día a las 5 p.m. la autora conversa con el jefe negociador del Gobierno con las Farc, Humberto de la Calle Lombana; el ex gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo y el senador de la Alianza Verde, Antonio Navarro Wolff alrededor de los desafíos del posconflicto. Auditorio José Asunción Silva de Corferias. Transmisión en vivo a través de www.adiosalasfarc.com

 

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