Futuro incierto: radiografía del cannabis medicinal en Colombia

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El Gobierno colombiano procura controlarlo con su poca experiencia; las entidades internacionales hacen lo posible por medir la demanda sin suficientes pruebas científicas que demuestren sus beneficios, mientras que los pacientes buscan hacer más llevaderos los síntomas de sus enfermedades.

Por muchos años, el consumo de cannabis ha sido controversial; hay entre quienes le atribuyen capacidades curativas y quienes lo consideran una planta puramente recreativa. Muchos afirman que genera adicción o que incluso puede perjudicar la salud. Todos los paradigmas que existen alrededor del cannabis causan incertidumbre, especialmente los que hacen referencia a su cultivo y comercio legal. 

En Colombia, el cannabis para uso medicinal fue legalizado a finales de 2015. Desde entonces se ha convertido en una tarea para el Gobierno determinar quiénes pueden cultivarlo y en qué condiciones. Hay quienes creen firmemente que esta planta funciona para aminorar síntomas y vislumbran un futuro esperanzador. Otros temen que cultivar la planta propicie la violencia, la drogadicción y la ilegalidad. Ahora surgen las siguientes dudas: ¿Podría ser este negocio rentable en Colombia? ¿Vale la pena apostar por el cannabis medicinal como tratamiento útil?

León Vieira Samper es un médico cirujano con maestría en Medicina Alternativa y Estudios con Cannabis Medicinal. Fue diagnosticado con esclerosis múltiple a los 19 años y desde los 34 consume cannabis con el fin de aliviar los síntomas de su enfermedad. La esclerosis múltiple afecta al cerebro y genera deterioro en las fibras nerviosas o neuronas. Los síntomas varían para cada persona, pero en general puede presentarse deterioro motor, fatiga y falta de capacidad sensorial. A pesar de no tener cura, sí hay tratamientos para la enfermedad y sus síntomas.    

El tipo de esclerosis de Vieira Samper es secundaria progresiva, un tipo avanzado que le ha causado dificultades motoras, temblores, rigidez corporal o la sensación de tener las articulaciones oxidadas, e incluso incapacidad para conciliar el sueño. Para aliviar los síntomas, fuma el cannabis directamente; según él, así es más fácil medir la cantidad que se consume y el efecto es más rápido. Además, él tiene un consultorio estético en el que recomienda a sus pacientes el uso de cannabis medicinal por medio de aceites para tratamientos relacionados con problemas musculares.

Si bien los beneficios médicos provenientes del cannabis medicinal son latentes, conseguir la materia prima para obtener sus derivados conlleva un proceso engorroso. La entrega de licencias por parte de entidades gubernamentales colombianas, el marco regulatorio de las Naciones Unidas y la destinación de recursos para la construcción de los laboratorios y comercialización del producto constituyen grandes obstáculos para acceder a lo que, a priori, parece una cura. 

Un negocio incipiente en todos los aspectos posibles: el Gobierno procura controlarlo con su poca experiencia; las entidades internacionales hacen lo posible por medir la demanda sin suficientes pruebas científicas que demuestren sus beneficios, y los pacientes buscan una alternativa para aliviar sus enfermedades.Este médico no es el único que cree en esta medicina alternativa, especialmente en el uso del cannabis medicinal para aliviar los síntomas de algunas enfermedades como el cáncer, el alzheimer, insomnio, dolores crónicos o epilepsia. Para Paola Pineda, médica cirujana, los dos componentes del cannabis, el THC (tetrahidrocannabinol) y el CBD (cannabidiol), son importantes, pues ambos sirven para aliviar el dolor, la desinflamación, el ciclo vigilia-sueño, el apetito, al igual que aspectos neurológicos, inmunes, oncológicos y metabólicos.

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El THC da el componente psicoactivo que altera el sistema nervioso y produce cambios en el ánimo y la conciencia, y el CBD contiene características antipsicóticas. Según el tipo de planta de cannabis, la proporción de THC y CBD cambia. La única planta no psicoactiva, por sus bajísimos niveles de THC, es el cáñamo, empleada para producir textiles. 

Viera Samper menciona que el cannabis actúa en las conexiones nerviosas del cuerpo modulando la cantidad de neurotransmisores (sustancias que facilitan la transmisión de información entre neuronas), por ejemplo, bajando la producción de neurotransmisores que causan el dolor. En su caso, el cannabis modula los neurotransmisores que causan la rigidez producida por su esclerosis.

Sin embargo, no es fácil conseguir un producto medicinal derivado de cannabis. Para poder obtener el cannabis de manera legal este debe haber pasado por un largo recorrido, empezando por la adquisición de licencias por parte de los cultivadores y los productores para su siembra, hasta la comercialización del producto final.

El 21 de diciembre de 2009 el Congreso de la República sacó el Acto Legislativo 2 el cual modificó el Artículo 49 de la Constitución: “la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”. A partir de esto, el Gobierno comenzó a trabajar en distintos proyectos para poder garantizar estos servicios. Uno de estos era el de crear un marco regulatorio que permita el acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis y sus derivados en el territorio nacional.

Tras la aprobación de la Ley 1787 de 2016, que autoriza el uso médico y científico del cannabis, el Gobierno ha entregado al día de hoy 327 licencias para el cultivo y el uso de estas semillas con fines medicinales (es decir, para elaborar la materia prima de la que se crean productos derivados) y 139 para la fabricación de dichos productos derivados de esta planta (como los aceites medicinales). 

En el siguiente mapa usted podrá ver cómo se encuentran distribuidas estas licencias en el país, a quién pertenecen y qué permisos otorgan.

 

Dar click en la imagen para interactuar con el mapa.

Para la implementación de la Ley se trabajó en conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Justicia y del Derecho. MinSalud se encarga de la regulación con respecto al otorgamiento de licencias y cupos para la fabricación de derivados del cannabis para uso nacional, investigación científica o exportación. A MinJusticia le corresponde dar licencias para uso de semillas para siembra, cultivo de plantas de cannabis psicoactivo y cultivo de plantas de cannabis no psicoactivo.

  

Ahora bien, el Ministerio de Justicia y Derecho juega un papel crucial en cuanto a la fase de producción del cannabis con fines medicinales o científicos. Uno de los requisitos para que las licencias sean otorgadas es que las zonas donde vaya a sembrase el producto sean sometidas a un protocolo de seguridad previamente establecido por dicho Ministerio. Este protocolo tiene como objetivo garantizar “la no desviación del material vegetal desde o hacia orígenes o destinos no autorizados por las autoridades competentes”. Una de esas autoridades competentes es el mismo Ministerio de Justicia.

Sin embargo, hay problemas en el cumplimiento del protocolo. Los municipios con más concentración de cultivos de cannabis son Cundinamarca (80), Antioquia (58), Valle del Cauca (30) y Cauca (27), siendo Antioquia y Cauca los dos municipios con mayores índices de violencia, según la MOE. La pregunta de fondo es qué tan posible es garantizar la seguridad de un producto de tanto valor como el cannabis en zonas de tanta volatilidad en términos de seguridad.

Que no se cumpla este protocolo no es responsabilidad del Gobierno. Mónica López, farmacéutica miembro del Grupo Técnico de Cupos (GTC), ente encargado regular el mercado de cannabis medicinal en Colombia, explica que este protocolo es un compromiso que hace la empresa para conservar y mantener el mercado dentro de los parámetros de un medicamento controlado. “No es cualquier material, requiere un control especial debido a su potencial componente psicoactivo. El protocolo es una cuestión más de los solicitantes de no elegir una zona donde exista conflictos; y, si la eligen, de asegurar el cumplimiento de seguridad”, afirma.

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El seguimiento que se le hace a estas empresas, a cargo el Fondo Nacional de Estupefacientes, es pobre debido a que las visitas de control y los informes escasean por el poco recurso humano que tiene, asegura López.

En este mapa usted puede ver con manchas de color morado cómo están distribuidas esas licencias en Colombia, según los datos de MinJusticia a 2019. Cada departamento está coloreado según el índice de violencia que se vive en la región, tal como indica el informe de la MOE a 2019.

Confusión en la terminología

El conflicto entre las licencias y las zonas libre de violencia no ha sido el único problema de implementación que ha tenido el Gobierno. Existe una discrepancia de términos entre las instituciones que regulan este negocio en Colombia y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), órgano de las Naciones Unidas que regula este mercado a nivel internacional. 

La Junta es un ente de fiscalización encargado de monitorear el mercado internacional de las drogas legales creado bajo la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes. Sus funciones, estipuladas en el Artículo 19 de dicha Convención, son asegurar que el comercio se mantenga dentro de la legalidad; promover la cooperación entre países para corregir las deficiencias de los sistemas de control de ilegalidad y supervisar la importación y exportación de estas drogas.

No está en sus funciones asignar cupos a cada país sobre lo que pueden o no producir. Sin embargo, varios medios de comunicación han abordado el tema y asegurado que este órgano sí se encarga de asignar cupos de cannabis medicinal a cada país. En este caso, a Colombia le “asignó” 40,5 toneladas de marihuana con fines médicos y científicos.

Pero la Junta no da cupos y no tiene el carácter de órgano regulador que se le otorga, tal como dice Stefano Berterame, jefe de la Sección de Control y Estimación de Narcóticos de la JIFE. Además, este órgano no habla de cupos, sino de previsiones: “Cada país tiene que presentar a la Junta su estimación de lo que supuestamente va a producir o consumir. El órgano analiza lo reportado y aprueba completamente o en parte las toneladas presentadas por el país”, explica Berterame. Hablar de cupos es afirmar que hay un monto limitado de toneladas para producir y cada país debe colocar un porcentaje para alcanzar ese monto, cuando no es así. 

Otra de las funciones es la “supervisión de los mercados de drogas controladas, como la marihuana medicinal”, explica Francisco Thoumi, miembro electo de este órgano. La Junta controla que la marihuana medicinal se utilice con fines científicos o médicos y que no salga del marco legal. En caso de salir de la legalidad, la Junta “puede bloquear la importación y exportación de drogas de un país, pero esto nunca ocurre. Lo que más puede hacer es darle mala publicidad al país infractor. La Junta es un tigre de papel”, sintetiza Thoumi sobre el poder real del órgano de las Naciones Unidas.

El papel de Colombia es reportarle a la Junta hacia dónde quiere exportar y cuánto, y el de la Junta es comprobar lo reportado por Colombia, si tiene la capacidad o no de generar la cantidad de toneladas expuestas y, sobre todo, asegurar que la producción y distribución se haga dentro de la legalidad. Afirmar que la Junta “asigna cupos” es adjudicarle una función y una capacidad que no tiene.

 

Sin embargo, el Decreto 613 de 2017, firmado por el Ministerio de Salud, le da esa capacidad pues cree que la Junta determina las toneladas que Colombia puede producir. Las instituciones que regulan el mercado de cannabis medicinal en este país hablan de cupos y no de previsiones, cuando es esta última palabra la más adecuada según la Convención de 1961. Que se hable de cupos lleva a interpretaciones como las de El Tiempo y muchos otros medios de comunicación, como Portafolio, o el propio Gobierno en sus decretos, que creen que la Junta es una autoridad con poder de decisión sobre los países para asignar cierta cantidad de toneladas a producir y/o consumir.

Mónica López explica que, si bien la Junta habla de previsiones, en Colombia se maneja el término cupos porque “es el modelo que Colombia eligió para organizar y repartir las toneladas entre las diferentes empresas de cannabis medicinal en el país”. “Depende mucho de lo que nos otorgue la JIFE. Nosotros podemos pedir 70 toneladas para 2020, pero todo depende de la demanda”, afirma López.

Francisco Thoumi, por su parte, ha intentado hablar con los órganos instituciones en Colombia, sobre todo con Andrés López Velázquez, Director General de la Unidad Administrativa Especial 23 del Ministerio de Salud, para que cambien el término cupos previsiones, pero le han hecho caso omiso. 

Los órganos institucionales en Colombia  a cargo de este mercado deben modificar sus decretos con el fin de arreglar la confusión de términos, pues entre cupos y previsiones hay un mar de interpretaciones que llevan a choques entre ambas instituciones.

Un negocio de millones de dólares

Si bien existen confusiones en los términos empleados e incoherencia sobre la adjudicación de licencias, la marihuana medicinal sigue siendo un negocio rentable tanto en salud, según los médicos citados previamente, como en remuneración.

Este negocio es una realidad en Colombia. Empresas como Pharmacielo, cuyo CEO es Anthony Wile; Canopy Growth, de Mark Zekulin, y Beleave, del canadiense Andrew Wnek,  son las principales jugadoras en el mercado. 

Canadá es actualmente el mayor aliado comercial de Colombia en este negocio. Esto debido a que “para que Canadá produzca cannabis necesitan replicar artificialmente las condiciones naturales que tenemos acá en el Ecuador. Eso consume mucha energía y recursos tecnológicos muy caros”, explica Sebastián Gámez, Gerente General de la empresa de cannabis Breedco. Agrega que Colombia tiene unas virtudes naturales debido a su locación geográfica que son adecuadas para la siembra y producción del cannabis

El monto económico que mueve el mercado en Colombia convierte este sector en una oportunidad de negocio rentable, tanto al interior como exterior del país. Así lo explica Gámez, afirmando que un laboratorio de cannabis medicinal “cuesta hasta 23 millones de dólares”. “Muchas personas con epilepsia o convulsiones están dispuestas a pagar mucho dinero por los derivados del cannabis medicinal. Es una industria de miles de millones de dólares”, finaliza Gámez. 

Un informe de la empresa de consultoría estadounidense Grand View Research afirma que el cannabis legal, a nivel mundial, podría estar produciendo para el 2025 cerca de 146 mil millones de dólares. 

“Colombia tiene la gran oportunidad de convertirse en el líder en atracción de capital, inversión, en innovación, tecnología y productos. Estará en el mapa de esta nueva industria a la altura de Canadá o inclusive más allá”, afirma Vicente Fox, expresidente mexicano y director de Cannabis Khiron, compañía canadiense especializada en el producto. Para los países extranjeros, el cannabis representa un tesoro que puede ser aprovechado en grandes cantidades por los colombianos.

El negocio del cannabis medicinal en Colombia es aún muy nuevo, de manera que ni el Gobierno, ni las entidades internacionales, ni las empresas saben lo que hacen al 100%. Por su parte, el uso de productos con cannabis también es materia de evaluación para los médicos que lo recomiendan.

La doctora Paola Pineda menciona que los pacientes deben tener una evaluación clínica para conocer sus antecedentes y cómo podría ayudarle el tratamiento con cannabis para aliviar los síntomas de su enfermedad. Todo depende del paciente, no pueden ser decisiones masivas. Además, debe haber un seguimiento porque puede haber interacción con otros medicamentos formulados para tratar su enfermedad.

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En Colombia, el único medicamento que contiene extractos de cannabis y que puede ser entregado con fórmula médica es Sativex. Su fin es tratar el síntoma de la espasticidad que genera espasmos musculares en las personas y es producido por enfermedades como la esclerosis múltiple. León Vieira menciona que conoce el medicamento y le gustaría probarlo; sin embargo, para que le sea formulado por su médico de la EPS, se necesita ensayar otros tratamientos para su caso.

Por otro lado, existen riesgos en la entrega de licencias por la locación de algunas de estas empresas, pero es compromiso de estas cumplir con el protocolo de seguridad y garantizar que el producto no caiga en el mercado ilegal. 

Para tratar de luchar contra la amenaza de la ilegalidad, el Gobierno colombiano trata de adherirse a convenciones internacionales, pero a su manera. Con la colombianada se han inventado términos que ningún otro país maneja, y de manera manual se trata de controlar un material que tiene un trasfondo tan peligroso.

¿Y los pacientes? Esperando. Llenos de incertidumbres frente a si lo que están consumiendo es en realidad la cura que ellos necesitan.

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Metodología

Esta investigación nace tras el anhelo de abordar un tema poco explorado pero que ha generado infinidad de titulares en los últimos meses. Para abordarlo de manera acertada, analizamos datos públicos como decretos publicados en internet, lista de licencias de los ministerios de Justicia y de Salud, reporte de la MOE, informes de la JIFE y publicaciones sobre la historia y el proceso detrás del cannabis.

Los datos fueron solicitados a través de derechos de petición; sin embargo, la investigación se llevó a cabo con datos disponibles en las páginas web de las entidades consultadas. Dichos datos fueron analizados con Excel y visualizados con herramientas como Tableau, Canva, Piktochart, Illustrator, Photoshop, Carto. Puedes ver los datos completos aquí. 

Debido a los protocolos de seguridad que deben seguir las empresas que tienen las licencias, nos fue imposible acceder a alguno de estos cultivos para realizar registros fotográficos. Por ello, todas las imágenes utilizadas en este especial son libres de derecho de autor.

Esta investigación hace parte del seminario de Periodismo de Datos e Investigación de la Universidad de La Sabana, que coordina María Isabel Magaña, y fue publicada en este medio gracias a la alianza con Unisabana Medios. 

*Puede encontrar la base de datos con la que se ubicaron las licencias acá.

** Esta investigación fue realizada por Sebastián Angulo, Carlos Contreras, Julián Olarte y Laura Rozo. Por razones de espacio solo se firmó con los nombres de los dos primeros. 

 

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