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El presente ensayo, a partir de la decisión de la Corte Constitucional (16/nov/2017) de declarar improcedente el juzgamiento y condena de terceros responsables de actos criminales durante el Conflicto, intenta, por un lado, desentrañar los conceptos de justicia transicional y de justicia restaurativa en los diálogos de paz de La Habana y, por otro, esclarecer el concepto que de Justicia se da en tres dramas del teatro griego: Las Coéforas, de Esquilo, a quien se considera el primer gran representante de la tragedia griega; Electra, de Sófocles; Electra, de Eurípides, ambos, aventajados sucesores de Esquilo. Por último, busca revisar la evolución, si la hubiera, del concepto Justicia, en los tres autores citados. Todo ello, a propósito del reciente estreno del documental La negociación (2018), de Margarita Martínez Escallón, y de su posterior censura por el senador Uribe, así como de la que acaba de hacer el Gobierno al programa Los puros criollos, dirigido por Néstor Oliveros y presentado por Santiago Rivas, luego de que éste opinó en La pulla, de María P. Baena, sobre la ley TIC 152 de 2018, la que llevaría a la pérdida de la autonomía de los entes de regulación y de la soberanía audiovisual nacional, así como a la gradual desaparición de la televisión pública abierta en el país (1).
Si bien el ex Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez y el ex presidente del Consejo de Estado, Luis Rafael Vergara, pedían en 2015 que Gobierno y FARC revelaran el texto completo del acuerdo en materia de justicia transicional, la guerrilla señaló que se trataba “de un documento de 75 puntos que contempla además un catálogo de sanciones restaurativas”, (El Espectador, 1°/oct./15) (2). Es decir, uno y otro pretendían por todos los medios y en todos los medios imponer el concepto en oposición al de Justicia Restaurativa que fue propuesto por el partido FARC en los diálogos de La Habana, a fin de que hubiera un mayor equilibrio en cuanto a justicia se refiere: para que no se repitan errores como los de la España de Franco, el Chile de Pinochet, la Sudáfrica de Botha y De Klerk/Mandela.
Si está interesado en este tema, ingrese acá: Las fechas claves del proceso de paz
Para entender lo que se viene con los diálogos de paz de La Habana, es decir, la llamada Justicia Transicional, el pos conflicto (del que no puede hablarse hasta que no acabe la guerra), una seria y decidida transición, ojalá, a la democracia, conviene recordar esos “errores del pasado”, presentes en los tres casos citados. La España del general Francisco Franco, a la que eufemísticamente se llamó “Transición a la Democracia”, dejó al final una amarga huella: el periodo entre la muerte del dictador (1975) y la llegada de Felipe González (1982) se vio precedido por un conato de golpe, el 23/feb/1981, dirigido por A. Tejero, A. Armada y J. Milans del Bosch, precisamente durante la celebración de la votación en el Congreso de los Diputados para elegir, como sucesor del recién dimitido Adolfo Suárez, a Leopoldo Calvo Sotelo, intento que fue sofocado finalmente por “las fuerzas democráticas de la Nación”, por las que, valga repetir, mediante esa Transición España llegaría a transformarse en “un estado social, democrático y de derecho”. Pero, otra cosa dice hoy la historia, desde luego la no oficial: España quedó sumida en la más honda e inexpugnable zona de la ignorancia, el atraso, la miseria. Un neofeudalismo a ultranza (como lo muestra el filme Los santos inocentes, de Mario Camus), un campo abierto para el genocidio, una feroz y voraz corrupción administrativa, política y militar. Lo que dejó como resultado, según los datos más recientes, un cementerio común de por lo menos 250 mil víctimas, miles de damnificados, desplazados, exiliados a diferentes países de Europa (Francia), de África (Marruecos), así como a América (México, Argentina, Colombia).
En síntesis, las lastimosas evidencias del proceso franquista son el resultado de un credo impuesto a sangre y fuego y durante más de 40 años, sin más derecho a la tierra que la que miles de españoles llevaban en las uñas mientras huían de España durante la Guerra Civil (1936-1939) hacia distintos puntos de Europa, África y América principalmente. Situación aberrante, sellada luego, en 1977, con una amnistía que protegía a los criminales del franquismo de toda persecución con un sorpresivo e inefable Pacto de Olvido: ya antes, sin embargo, se había firmado otro Pacto de Silencio entre los gobiernos de España y Francia para hacer la vista gorda frente a las fosas comunes. En octubre de 2013 miembros de la Asociación para la Democracia criticaron al Ejecutivo español por incumplir la Ley de Memoria Histórica —lo que puede ocurrir aquí en Colombia cuando a la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV) la suceda una necesaria Comisión de la Verdad que esclarezca tanto crímenes como responsabilidad de quienes los cometieron— y recordaron la España con más de 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil y con 2.382 fosas comunes localizadas, de las cuales se han abierto menos de 400: [España es] el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de personas víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados. No podemos compartir de ningún modo el discurso de que la recuperación de la memoria democrática suponga reabrir heridas. Resulta inadmisible que un estado democrático siga negando a toda la sociedad el derecho a conocer el pasado y la necesidad de establecer un plan de administración programado, sistemático y financiado públicamente que permita con agilidad la localización y la sepultura digna de todas aquellas personas que fueron asesinadas con ocasión del golpe militar de 1936 y la posterior represión franquista (Natalia Junquera, El País, 9/oct./13) (3).
El Chile de Pinochet tampoco es precisamente un caso positivo de justicia transicional toda vez que ya son mundialmente conocidos las secuelas y, antes, los exabruptos de su nefasto y siniestro legado, cual si de una tragedia griega actual se tratara. No sólo imaginó disponer de enclaves, garantizados por la Constitución, para preservar su poder, sino que previó un dispositivo jurídico para impedir toda persecución judicial con respecto a la más intensa etapa represiva (1973/78): el 19/abril/1978 el Diario Oficial publicó el Decreto Ley 2191 que concedía una amnistía general. Cuando la Concertación o coalición opositora liderada por Patricio Aylwin ganó las elecciones de dic/89 desde 23 meses antes ya preveía derogar dicha Amnistía, pero muchos factores redujeron el margen de maniobra del gobierno: la moderación impuesta por una transición negociada; la popularidad de Pinochet y complicidad, más que identificación, de las fuerzas armadas con su jefe —caso de Manuel Contreras, director de la DINA (en 1977, CNI), condenado en 2008 por crímenes de lesa humanidad a dos cadenas perpetuas y hace poco a otras dos: una por el asesinato de Carlos Prats y otra por el de su esposa, Sofía Cuthbert, más 20 años de prisión por asociación ilícita—; las restricciones jurídicas y constitucionales; la hostilidad de una parte del aparato judicial y, ante todo, de la Corte Suprema, los atentados de la extrema izquierda, etc.
El proyecto de derogación chocaba, además, con la resistencia de los militares y la debilidad del poder legislativo puesto que la derecha estaba en capacidad, con la ayuda de senadores vitalicios designados por Pinochet, de impedir su sanción en el Congreso (4). 119 miembros del partido opositor chileno más popular, MIR, fueron desaparecidos y asesinados en suelo argentino por miembros de la citada policía secreta DINA, en la que fue conocida como Operación Colombo, y luego presentados como resultado de “una purga interna entre sus miembros a raíz de las diferencias ideológicas originadas tras el golpe militar” del 11/sept./73. El titular del diario oficialista La Segunda (24/jul/75) fue: “Exterminan como ratas a miristas”, como muestra el profesor Marco Herrera, en Operación Colombo: la prensa que se calló con Pinochet y que determinó hacia adelante uno de los fenómenos más aberrantes que puedan darse dentro de la prensa libre: la autocensura (5). En la actualidad se menciona con frecuencia que fueron casi 800 los muertos y desaparecidos del MIR a manos de los servicios de seguridad militar chilenos (6).
El último caso de justicia transicional, para ilustrar más sus debilidades que sus fortalezas, es el de Sudáfrica, bajo el gobierno de Frederik de Klerk (1989/94), de quien se dice liberó al activista Nelson Mandela, legalizó al Congreso Nacional Africano (CNA) y dotó al país de una nueva constitución no racista, con la que se dio término al régimen del Apartheid, imperante desde 1940. Si bien esto es verdad, poco se cita que el ascenso de Mandela al poder tuvo más de condicionamiento que de autonomía: De Klerk, elegido vicepresidente suyo, lo forzó a una Amnistía para todos los funcionarios, incluido él mismo, que tuvieran cuentas pendientes con la justicia de 1960 a 94, año en que acaba su presidencia: como acaban de hacer los dirigentes colombianos al blindarse frente al conflicto interno; a su vez, cuando Mandela se retira del poder, menos del 8% de la población, blanca, era dueña del 85% de las mejores tierras; en un artículo publicado el 17/oct./2011, De Klerk mismo, en un (no tan) sincero mea culpa, señala, “Sudáfrica es una de las más desiguales sociedades del planeta”: juicio respecto al cual hoy Colombia por desgracia se lleva las palmas (7).
Siendo considerado el régimen del Apartheid principal responsable de las violaciones a los DD.HH, a su turno los acusados de los cargos más graves son de mayoría blanca, en un país 79.6% de origen negro africano: el Consejo de Seguridad del Estado, los presidentes Botha y De Klerk y las autoridades legales y tradicionales, así como las fuerzas de seguridad de los homelands, el Inkatha Freedom Party (IFP, al que se imputa un tercio de las violaciones cometidas entre 1960 y 94), los grupos de extrema derecha y la “tercera fuerza” (una red informal de miembros de las fuerzas de seguridad y del IFP). Se aclara que los párrafos del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Representativa (CVR) concernientes a De Klerk fueron suprimidos a su pedido; y que de órgano encargado de revelar la verdad histórica sobre la violencia política, la CVR pasó a ser un “tribunal de las lágrimas” que inventó a partir de una cultura “propia de Sudáfrica, un ritual y un lenguaje singulares” (8).
Ahora bien, en contravía de la visión de Ordóñez y de Vergara, existe la visión que se expresa en el artículo “Los diálogos de La Habana en 2015” (16/dic./15), publicado por el semanario Voz, en el que Carlos Lozano Guillén, presentó una mirada más generosa, menos reductora, que la de los funcionarios citados (9). Dicho contraste de fuentes es de por sí una de las formas más eficaces de preservar la objetividad periodística y más sanas para hacer cultura jurídica y acercarse a la verdad, aquí de la mano de los trágicos griegos, en el caso del enfrentamiento tácito, no radical, sectario ni mucho menos insalvable, entre la “Justicia Transicional”, sostenida por el Gobierno y sus voceros, y la “Justicia Restaurativa”, defendida por los integrantes del partido de las FARC-EP, con motivo de los diálogos de paz de La Habana, que vienen dándose desde 2012 y que, se esperaba, tuvieran un positivo resultado con la firma, “parcial o total”, del “acuerdo histórico” de paz, el 24/nov/2016: no fue así, qué pena.
Antes, el 23/sept/2015, las delegaciones de paz del Gobierno colombiano y de la FARC, asesorados por expertos juristas en el tema, anunciaron al país y al mundo el “acuerdo histórico”, tan esperado sobre justicia: la principal herramienta, junto a la verdad y a la reparación, para dejar satisfechas a las víctimas, a la comunidad internacional y, cómo no, para blindar los diálogos de paz. Dicho acuerdo constituye, desde el Estado de Derecho del que a menudo se habla pero poco se practica, una válida y novedosa aplicación de la justicia dentro del marco de la solución de un conflicto socio-político y armado, cuyo saldo de afectados y de muertos parece ser incontable por partida doble: respecto al número y a una eventual imposibilidad de narrarlo, por lo triste, escabroso y escalofriante del hecho.
En lugar de la amañada/caduca “justicia transicional”, propuesta por el Gobierno y que representa no pocos fracasos en el mundo como en los citados casos de España, Chile, Sudáfrica, se ha agregado ahora el de “justicia restaurativa”, propuesto por la FARC, en sí novedoso, menos susceptible de manipular y, ante todo, de una vigencia filosófica sin lugar a refutaciones: el solo hecho de querer reparar implica un deseo de establecer la igualdad y no de ahondar en diferencias ni en pruritos de poder, supremacía, desvirtuación o desprestigio del otro: caso de la transicional, con sus ánimos de exclusión, pactos de olvido/silencio y sus parciales determinaciones de verdad, justicia, reparación y no repetición. Por el contrario, el de la restaurativa es un concepto global que compromete y, más allá, obliga a todas las partes (los mal llamados actores del conflicto, como en el irónico filme de Lisandro Duque en el que los actores del teatro terminan siendo actores del conflicto), incluyendo al Estado, a hacerse responsables por los actos cometidos en detrimento de los DDHH, en un país respecto al cual los organismos internacionales y la comunidad orbital saben que es aquel su principal depredador: así lo permite comprobar el reciente informe de la CHCV, como resultado, entre otras, del Plan Colombia y su injerencia directa en la propagación de la violencia y de la guerra y en la generación de múltiples muertes y casos de estupro: 53 niñas violadas, sin castigo para los responsables puesto que están protegidos por un foráneo fuero militar (10).
Desde la “Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional”, que fue dirigida por el ex ministro liberal y escritor Otto Morales Benítez y que operó de mayo/1958 a enero/59, hasta el día de hoy las cosas en materia de justicia han cambiado muy poco y eso que, mientras, se han creado “al menos doce comisiones similares”, concebidas como herramientas para contribuir a superar la violencia crónica que hasta hoy ha azotado a Colombia, entre ellas la Comisión Nacional sobre la Violencia y el Centro Nacional de Memoria Histórica. La CHCV instalada en La Habana el 21/ago/2014, fue creada por la Mesa de Paz en el marco del “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la constitución de una paz estable y duradera”, suscrito por el Gobierno y las FARC el 26/ago/2012, de acuerdo con Jefferson Jaramillo (11).
La mayoría de los colombianos espera que la CHCV sea la última de estas características, antes del simbólico cierre del ya antiguo y extenso conflicto armado, aunque no haya constituido propiamente un canal de expresión de las víctimas, salvo aquéllas pocas que, por cuenta y permiso del Gobierno, pudieron viajar a La Habana a finales de 2015 a exponer sus casos y, ante todo, a hacer catarsis por su dolor. Por ello, la CHCV no puede ni debe confundirse con una Comisión de la Verdad: la que una vez firmado el “acuerdo histórico” de La Habana, sea de forma parcial o, mejor, total, comienza a reclamar su existencia para tratar de establecer móviles, causas, responsables, culpables y resultados del conflicto armado en Colombia, uno de los más largos de la historia. Con el nuevo concepto de justicia restaurativa se crea el Tribunal Supremo de Paz, cuyos dominios jurídicos abarcan a todas las partes involucradas, sin excepción alguna. Revelar la verdad es condición sin la cual no recibirán beneficios de unas sanciones benévolas y constructivas, no perjudiciales o perversas. En otras palabras, todos los responsables de cualquier acto lesivo deberán responder en igualdad de condiciones, sin sesgos ni mañas ni favoritismos.
Los casi nulos cambios en materia de justicia en el país parecen hacer eco de una supuesta evolución del término en los trágicos griegos Esquilo, Sófocles y Eurípides, en cuyas obras Las Coéforas y Electra (titulada igual por los dos últimos), aunque ocurran en lugares distintos, así sean próximos o del suelo griego, en los tres casos se trata de un asesinato, el de Agamenón, precedido de otro, el de Ifigenia, hija de aquél con Clitemnestra; de una venganza, la de ésta y de Egisto, quienes en un caso, Las Coéforas, degüellan a Agamenón y en los otros dos casos, Electra, lo matan a hachazos; luego, el lector de dichas obras comprueba que la Justicia ha tenido dos vertientes para obrar: 1. La justicia manejada por los dioses o, en su defecto, por sus enviados, oráculos, o enviadas, Coéforas, en Las Coéforas, por el coro de ellas mismas encargadas de llevar las libaciones a la tumba de Agamenón o, en los otros casos, por un preceptor o mensajero divino, como en Electra, de Sófocles, o por los Dióscuros, Castor y Pólux, en la versión de Eurípides; 2. La justicia ejercida por propia mano, a cargo de Orestes, hermano de Electra, Ifigenia y Crisóstemis y, además, desterrado de su tierra natal, y cuya acción ocurre en distintos puntos de Grecia: en Argos (Las Coéforas), en Micenas (Sófocles), en la frontera de la Argólida (Eurípides).
En conclusión, si bien la justicia transicional, a la letra, tiene su fundamento en cinco tareas centrales: 1. Establecer la verdad de los hechos; 2. Hacer justicia; 3. Reparar a las víctimas por violaciones a sus DD.HH; 4. Crear condiciones socio-políticas y legales para la reconciliación de los involucrados en un conflicto o guerra; 5. Reconstruir la memoria de los condicionamientos que llevaron a la violencia generalizada… si bien todo ello es deseable que se cumpla, ahora que se suma la justicia restaurativa es posible que al final del combate haya unas mejores condiciones para el anhelado sueño colectivo, siempre postergado, de “una paz estable y duradera”, una más propicia transición a la democracia, ya no de papel sino efectiva, realista y que responda a las necesidades del pueblo. Sin embargo, esto ya no es posible dada la decisión de la Corte Constitucional al eliminar la posibilidad de que los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamen a declarar y profieran sanciones contra terceros que no integraron grupos armados (12).
Con la puesta en marcha de la dupla justicia transicional/justicia restaurativa, a través de una continua e incesante labor pedagógica por parte del Estado, la guerrilla y los paramilitares (a los que el Estado no invita a los diálogos por obvias razones: las de actuar a su lado), ojalá surja un pos conflicto que sea un campo menos abonado para traumas y postraumas de guerra, más inherente a la tan citada paz estable y duradera, en fin, el lugar ideal para el funcionamiento de la dialéctica de una democracia más aterrizada, menos volátil, más pareja, menos desigual, más cierta y efectiva a la hora de revisar el respeto que debe tenerse a los DDHH y, más acá, a las personas en sí, a las que, de manera sistemática, se los han vulnerado en el curso del tiempo, no sin la complicidad de la injerencia gringa y de la alianza non sancta entre Gobierno, Iglesia oficial y medios masivos de desinformación: porque no divulgan sino encubren las noticias. No hay que olvidar que la primera víctima de una guerra es la verdad (Esquilo antes que Gabo) y que esta es el principio de la justicia (Bolívar): ah, y por supuesto, que los únicos conflictos que se resuelven son los que se dan entre iguales (Edward Said).
Sentencia, esta, que debería ser inolvidable para el Gobierno, no caldo de cultivo para la amnesia, amnesia que deviene colectiva con la siempre interesada ayuda de los medios y la mefistofélica colaboración de la siempre cómplice y falsa oposición, llámese uribismo, Zuluaga/varguismo o centro (dizque) democrático, tres nombres distintos para un solo demonio verdadero: el dios del engaño con rostro plural, es decir, no con rostro de político sino con el rostro de todos los políticos que, al menos en Colombia, han sido, son y siguen siendo, a no ser que todos despertemos para ser de verdad garantes de la aplicación efectiva de una Constitución a la que hay que darle la vuelta, por cuanto de 1991 para acá ha sido más virtual que real. De no ser cierto esto, que hable Uribe. Claro que él no lo quiere hacer, y menos ante la JEP, aunque si lo hiciera, nadie le creería, por tratarse del pastorcito nada confiable y harto criminal, con el que, además, la Justicia de Colombia no se atreve porque aparece como su dueño, eso sí no reconocido y negado por él mismo: tanto como Néstor Humberto Martínez niega ser el Fiscal General, de bolsillo, de Germán Vargas y de otros, y el primero, sobre todo, niega sus vínculos de dependencia económica de uno de los tres dueños de los medios, Luis Carlos Sarmiento A., directo favorecido de la Ruta del Sol II.
Aun así, nadie puede ocultar las 276 acusaciones que reposan en la Comisión de Acusaciones del Congreso de Colombia, aunque, hasta ahora, no se hayan determinado los delitos cometidos por el ex presidente y hoy senador por el Centro Democrático ni, mucho menos, que la Comisión se decida a actuar. Prueba de ello, recientes investigaciones muestran que buena parte de sus integrantes están incursos en conformación de grupos paramilitares, ejecución indebida de contratos, asociación para delinquir; y, para terminar, al grupo de Los doce apóstoles, en el que figura su hermano Santiago Uribe V., se le contabilizan 533 asesinatos en Yarumal, Antioquia (13), dentro de un proceso que ha tenido toda suerte de dilaciones a fin de lograr, por parte de su abogado Jaime Granados, el éxito ($) en el uso de la maniobra de la posverdad: el hoy legalizado vencimiento de términos.
Como si esto fuera poco, santistas/uribistas se han unido, combinando todas las formas de lucha, para impedir que defensores de DDHH integren la JEP, lo que se traduce en la crónica de un engaño anunciado (14). Lo que se confirma con las reiteradas declaraciones del partido FARC en torno al incumplimiento del Gobierno sobre los Acuerdos de La Habana y el Teatro de Colón: figura histórica de infausta recordación para quienes ya no creen en descubrimiento sino en desencuentro con los autores del pillaje hace seis siglos: que se prolonga hasta hoy en las acciones del Nobel de Paz (?), que nunca acudió al Senado ni nadie se lo exigió, aunque tuviera que aclarar asuntos varios, ni se privó de hablar en pro de las transnacionales gringas o saudíes, obvio, sin citarlas con nombre propio: para que le creyeran su retórica a favor de la paz, cuando él y ellos, los responsables de nunca, los gringos, y los sospechosos de siempre, sabemos que se trata de una farsa, al recorrer el país y verificar que se desmorona en medio de la desidia gubernamental y ante la arremetida narcoparaca, se regala a tajadas a la “inversión extranjera”, sin que jamás se conozcan sus efectos, es decir, las verdaderas regalías para el país. Sin que jamás dejen de aparecer estadísticas infladas, a través del Canal Institucional, para mostrar una pátina de país, como al final del filme La virgen de los sicarios, aun con todo el espectáculo dantesco que yace detrás de tan innoble simulación: los muertos de La Escombrera, v. gr., triste retrato de la mayor fosa común urbana del planeta.
Mientras, los grupos de exterminio, ahora llamados Bandas Criminales (como quien acaba con una entidad del Estado, v. gr., el DAS, y la rebautiza: término que va con la filosofía, conservadora/católica, que anima al asunto), tienen un neologismo para borrar las huellas de antiguas anomalías y siguen haciendo de las suyas a lo largo y ancho del país, sin que nadie oiga, vea o diga nada. Por la Omertà o Ley del Silencio y a nombre de la corrupción: o por miedo. Ante esto, Esquilo, Eurípides y Sófocles, deben revolcarse en sus tumbas frente a la involución de la Justicia, mientras el partido de la FARC sigue argumentando ante la CPI sobre el incumplimiento del Gobierno a lo pactado en La Habana (15), así como sobre la “contumacia de congresistas y de otros actores institucionales empeñados en hacer trizas la JEP, la paz, la reparación a las víctimas del conflicto y la participación política”: esta, a contrapelo de lo fallado por la Corte (16). Todo, entre el silencio, impuesto hace más de dos siglos, como alimento de la impunidad; el miedo, inoculado vía intravenUSA/mediática; la corrupción, expandida sin remedio en todos los entes oficiales y divulgada sin reparo por una prensa interesada en sacar partido del caos de un envilecido circo sin pan y sin empleo.
Ante la actual situación, solo queda como salida la movilización masiva del pueblo en las calles para reclamarle al Gobierno por su incumplimiento; demandarle al Congreso cordura ante sus desafueros; exigir a uno y otro el fin de la guerra, en tanto instrumental táctico para capitalizar electores y, de paso, servir a los intereses de los amos de la guerra; aportar a la construcción de convivencia, reconciliación y no repetición como factores para acabarla; e instaurar definitivamente una paz tan necesaria como una madre para un recién nacido, a través de la justicia social en tanto arte, educación pública gratuita y de calidad y cultura para todos. Por ahora, la memoria y la verdad son la mayor amenaza para el Estado colombiano, como se vio en el Cacerolazo de la Plaza de Bolívar (21/nov/2017). Máxime cuando ahora se sabe, por Jean Arnault, representante de la ONU en Colombia, que el 55% de reinsertados de las FARC abandonó las zonas de reincorporación y ha salido con destino incierto, con todo lo que eso implica para su seguridad y la de sus familias, ante la farsa sobre lo pactado en La Habana y en el teatro de Colón (17), en un hecho que hace rato se veía venir: el histórico engaño de los distintos gobiernos nacionales (18). Con lo cual queda demostrado que en Colombia “la justicia sigue siendo inferior a la mafia” (G. Guillén), sobre todo de los dos o tres “partidos” (CD, Cambio Radical, Mira) que en el Congreso legislan a nombre del pueblo.
¿En conclusión, qué es lo más grave de todo esto y de la decisión de la Corte Constitucional en el sentido de que terceros involucrados con el Conflicto no tendrán que comparecer ante la JEP? Tal hecho significa, desde los acuerdos de La Habana firmados en 2016, que alcaldes, gobernadores, latifundistas, ganaderos, empresarios vinculados a los paramilitares o al narcotráfico como también agentes del Estado, funcionarios civiles, congresistas, no harán rendición de cuentas: es decir, seguirán gozando de sus privilegios, guardándose para sí su responsabilidad sobre hechos execrables, sin justicia, verdad ni reparación de ningún tipo. En contra de ello, y sin dejar de ser pesimistas, es decir, optimistas bien informados, solo se puede desear lo único deseable: que todo ocurra exactamente al contrario de lo dicho, para que Colombia salga, por fin, del torbellino de violencia y de muerte al que ha sido arrastrada. Y que, de paso, se haga también justicia con lo poco que queda de TV pública en Colombia, porque los medios, a la letra de la Carta del 91, deben gozar de libertad de opinión/expresión y todo eso hace parte de la justicia social para que en un país se pueda hablar de democracia.
Cuando el poder del amor supere el amor al poder, el mundo conocerá la paz.
JIMI HENDRIX
NOTAS:
(1) http://blogs.elespectador.com/cultura/yo-veo/hacia-donde-van-los-medios-las-tic-colombia-i
(3) http://politica.elpais.com/politica/2013/10/09/actualidad/1381322308_843838.html
(4) Lefranc, Sandrine. Políticas del perdón, Norma, Colección Vitral, Bogotá, 419 pp.: pág. 55.
(5)http://www.monografias.com/trabajos908/operacion-colombo/operación colombo2.shtml#ixzz42MhdrKju
(6) http://ideologiesandliterature.org/VIDAL-%20Justicia%20Transicional%20III.pdf
(7)http://www.globaleducationmagazine.com/south-africa-unequal-societies-world/ http://www.eltiempo.com/economia/sectores/desigualdad-en-colombia-es-mayor-de-lo-que-se-piensa-dice-cepal/16546686
(8) Lefranc, Sandrine. Obra citada: pp. 75 y 80.
(9) http://www.semanariovoz.com/2015/12/16/los-dialogos-de-la-habana-en-2015/
(10)http://www.elespectador.com/noticias/judicial/soldados-de-eeuu-violaron-ninas-colombia-y-grabaron-abu-articulo-558724; https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/Informe%20Comisi_n%20Hist_rica%20del%20Conflicto%20y%20sus%20V_ctimas.%20La%20Habana,%20Febrero%20de%202015.pdf
(11) Pasados y presentes de la violencia en Colombia. Estudio sobre las comisiones de investigación (1958-2011). Bogotá, Editorial Pontificia U. Javeriana, 2014, pp. 34 y ss.
(12) https://www.lafm.com.co/nacional/corte-constitucional-dio-via-libre-a-la-jep/
(13) https://www.las2orillas.co/los-533-asesinatos-que-habrian-cometido-los-12-apostoles/
(16) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=234244&titular=reflexiones-sobre-una-sentencia-de-la-corte-constitucional- FARC – 18/nov/2017
(18) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=222754
Otras notas:
https://www.elespectador.com/opinion/error-de-la-corte-o-conspiracion-columna-724376
http://laotracara.co/opinion/el-sueno-de-jaime-araujo-renteria/
https://www.elespectador.com/opinion/prohibido-conocer-la-verdad-columna-725572
https://elpais.com/internacional/2017/12/05/colombia/1512508714_427736.html?id_externo_rsoc=FB_CC
* (Bogotá, Colombia, 1957) Escritor, periodista, crítico literario, de cine y de jazz, catedrático, conferencista, corrector de estilo, traductor y, por encima de todo, lector. Colaborador de El Magazín de El Espectador (EE). Su libro Ocho minutos y otros cuentos, Colección 50 libros de Cuento Colombiano Contemporáneo y Dos Antologías, fue lanzado en la XXX FILBO (Pijao Editores, 7/may/2017). Mención de Honor por su trabajo sobre Martin Luther King, en el XV Premio Internacional de Ensayo Pensar a Contracorriente, La Habana, Cuba (2018). Autor, traductor y coautor de ensayos para Rebelión. Desde el 23/mar/2018, columnista de EE. E-mail: lucasmusar@yahoo.com