Balance del estado de las artes 2020

Las barreras que persisten entre el Gobierno y el sector cultural

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Los decretos y otras medidas de emergencia, además de la economía naranja, son motivos de tensión entre el Gobierno nacional y algunos representantes del sector, pues las consideran insuficientes.

Veinte días después de que el presidente Iván Duque decretara la cuarentena en Colombia, los estragos de la pausa se comenzaron a reflejar en los bolsillos, la salud y la estabilidad de los artistas colombianos. La primera medida que anunció el Gobierno para paliar la crisis fue el Decreto 475 del 22 de marzo, con el que, según el documento, se destinaron más de $120.000 millones para beneficiar a más de 3.000 creadores y gestores culturales de la tercera edad, se aceleró la entrega de los Beneficios Económicos Periódicos (BEP) para el adulto mayor, y se determinó la destinación transitoria de los recursos de la contribución parafiscal de espectáculos públicos de artes escénicas, entre otras medidas que el sector consideró insuficientes. El problema desde ese momento hasta ahora sigue siendo la precariedad en la que viven las personas ubicadas en el eslabón más débil: artistas callejeros, circenses, actores, cantantes, pintores, y escritores, entre muchos otros, que antes de la pandemia trabajaban informalmente o vivían del “rebusque” diario.

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Según varios integrantes del sector, las respuestas del Gobierno, sobre todo las que tienen que ver con pedidos a dineros concretos para solventar las necesidades básicas de los más frágiles, se contestan mencionando, por ejemplo, los plazos para actividades realizadas con recursos del Programa Nacional de Concertación Cultural o las ayudas económicas para gestores culturales mediante el programa “Ingreso solidario”; es decir, casi nunca hay una respuesta concreta a la pregunta o el pedido más urgente: dinero para comer, pagar el techo y la salud. Dinero para lo básico. Sin embargo, Carmen Inés Vásquez, la entonces ministra de Cultura, respondió en repetidas ocasiones que la cartera quisiera entregar más soluciones, pero sus recursos son limitados.

El 24 mayo de 2020, este diario publicó un balance de los primeros tres meses de cuarentena y sus efectos en el sector. En marzo, el grupo de actividades culturales ya presentaba una caída del -11,6%. Según las cifras de Raddar Consumer Knowledge Group, empresa enfocada en analizar y comprender el comportamiento del consumidor, y el Viceministerio de la Creatividad y la Economía Naranja, el año pasado la cultura pesaba el 3 % y en mayo cayó al 1%. “De $100 que un colombiano gasta al mes, en abril usó un $1,1 para gastos en cultura. Un tercio de lo que gastaba hace un año”, dijo Camilo Herrera, economista y fundador de Raddar. Por fortuna, y después de la relajación de las medidas de bioseguridad impuestas hasta aproximadamente septiembre, algunos recintos ya abrieron y las actividades que se han reactivado le han dado un respiro a una fracción de este conjunto de personas y actividades.

Los pedidos y reclamos se han hecho en varios tonos, por medio de distintas vías directas o indirectas, acudiendo a congresistas como María José Pizarro, Ángela María Robledo e Iván Cepeda, entre muchos otros, que han participado en audiencias públicas y controles políticos a la ex ministra de Cultura. Algunos optaron por medidas más desesperadas: el 31 de agosto de 2020, John Fitzgerald, artista plástico colombiano, se cosió la boca, en la calle 19 de Bogotá, para llamar la atención del presidente de la república. Su condición era quitarse las puntadas de la boca y suspender su huelga de hambre solo hasta el día en que el jefe de Estado se sentara a hablar con él. El 4 de septiembre Fitzgerald logró acordar una reunión con la ex ministra Vásquez para el 10 del mismo mes. En la reunión, según el artista, se comprobó que MinCultura ya estaba llevando a cabo muchos de sus pedidos, como el Registro Nacional de artistas, gestores culturales y creadores.

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El otro punto que sigue generando escozor y que, a pesar del tiempo que se le ha dedicado a su estudio y discusión, aún enfrenta al Gobierno y la mayoría de artistas, es la economía naranja. El concepto, para el cierre de este año, ya no genera debate por la falta de comprensión con respecto a sus aspiraciones, sino porque, precisamente, se considera que estas no son evoluciones, sino amenazas.

Una de las interpretaciones sobre esta ruptura es la de Gonzalo Castellanos, escritor, catedrático, productor audiovisual y asesor de la mayoría de los ministerios de Cultura en Colombia: “En general, la comunidad cultural apoyó el Acuerdo de Paz. Lo que ocurrió entonces fue que el sector hizo una lectura inmediata: el Gobierno no es amigo de la paz. Por esa conclusión o esa lectura, a mí modo de ver, se comenzó a generar una especie de trinchera. Por otro lado, en las primeras exposiciones de la propuesta, el planteamiento economicista fue muy fuerte: pareció generarse una separación entre la vida cultural del país y los asuntos industriales que generaban aportes a la economía”.

Lo que han mostrado estas fisuras con respecto a las iniciativas del Gobierno y las respuestas del sector es que no hay un trabajo conjunto entre las instituciones y los gestores culturales, pues su principal diferencia radica en considerar la cultura como parte de la economía naranja. A esto se le suma la informalidad y la desorganización interna del sector.

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Desde mayo, luego del debate de control político que se le hizo a Carmen Inés Vásquez, se habló de la falta de comunicación que existe entre el sector cultural y el Gobierno Nacional. Algunos congresistas, así como los mismos artistas, han reclamado una falta de escucha y de atención frente a las necesidades de los artistas. Pizarro lo afirmó luego del debate de control político: “Con el Ministerio de Cultura no hay interacción. Solo se les responde a los amigos de la economía naranja”. La representante hizo esta afirmación luego de que la solicitud de crear unas mesas técnicas para recoger las distintas propuestas del sector, con la idea de que el ministerio conociera de primera mano dichas ideas para ejecutarlas, no se materializó.

Precisamente la audiencia pública “La cultura en tiempos de pandemia”, convocada por Robledo y Cepeda, se pensó como un espacio para promover el diálogo entre el Gobierno y los gestores culturales. De dicha reunión surgió una conclusión: entre las autoridades públicas y los artistas hay diferencias con respecto a la concepción de la cultura. Varios representantes del sector solicitaron desarticular la cultura de la economía naranja. El mensaje se centró en que las artes no son mercancía, sino la base de la construcción de identidad colombiana y un escenario de resistencia y construcción de paz.

En la audiencia también se le solicitó al Gobierno tener en cuenta el “Plan de salvamento del sector de las artes, la cultura y su cadena de valor”, documento creado por algunas organizaciones culturales para responder a la crisis. En él se solicita la creación de un censo de los artistas que ayude a la formulación de una política pública para la cultura, así como a la focalización de los recursos. También se plantea establecer un Ingreso Básico de Emergencia de seis meses, según recomienda la CEPAL, una Renta Básica Universal, aplazar deudas tributarias e hipotecarias y congelar el pago de créditos y arriendos, entre otras medidas. En cuanto a la financiación, el plan propone aumentar la bolsa de estímulos y becas, y trabajar en la formulación de planes de desarrollo locales con lineamientos y recursos para la cultura.

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Ante este escenario, Felipe Buitrago, el entonces viceministro de la Creatividad y la Economía Naranja, y ahora ministro de Cultura, afirmó que los cuestionamientos en torno al concepto de la economía naranja no deben desviar el fondo de la discusión. “Ninguna actividad artística está al margen de actividades económicas y ninguna actividad económica está al margen de actividades artísticas”. Con respecto al plan, agregó: “Si bien simpatizamos con él, la propuesta fiscal no es viable para el país. Estamos trabajando en viabilizar las ideas para el corto y el mediano plazo”.

Estos vaivenes entre el sector y el Gobierno terminaron con la aprobación de la ley Reactivarte. Con esta iniciativa se dio vía libre a la creación de Foncultura, un fondo pensado para administrar y destinar los recursos al sector cultural y creativo; a la flexibilización en el uso de los recursos de la Ley de Espectáculos Públicos para apoyar la producción y circulación de propuestas artísticas, pues actualmente los recursos son destinados para el fortalecimiento de la infraestructura cultural y para dotaciones; a la reducción al 4 % de la tarifa de retención en la fuente para 27 actividades culturales y creativas, y al retorno del 20 % de los recursos de la estampilla Procultura. Aunque los promotores del proyecto enfatizaron en su carácter incluyente, haciendo referencia a la participación de diferentes partidos políticos en su elaboración, el principal reclamo frente a esta ley es que no se tuvieron en cuenta las voces de los gestores culturales. A esto se suma el riesgo que existe de desviar los pocos recursos que existen para la cultura hacia el beneficio de grandes empresas cuyo funcionamiento no se alinea con el fin social de la cultura.

A consecuencia de la crisis y la urgencia de los artistas para que se creen políticas públicas que les ofrezcan más garantías para desarrollar sus labores, así como el mejoramiento de su calidad de vida, es imposible disimular la ruptura entre el Estado y el sector. Uno de los desafíos más grandes será su acercamiento: la asertividad y efectividad de las iniciativas que busquen proteger a los productores de la cultura nacional dependerá de escuchar e incluir a sus protagonistas.

*Al momento del cierre de esta edición no se había hecho el nombramiento de Felipe Buitrago como ministro de Cultura.

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