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hace 13 horas

Sobre el valor ético de la solidaridad

El concepto y el valor ético de la solidaridad es un valor típicamente moderno, o por lo menos nuevo en la historia de las sociedades divididas en clases y con organización estatal.

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Un valor, por lo tanto, inexistente en el seno de las sociedades tradicionales en las que imperaba el deber católico de la caridad, y que emerge en el curso del siglo XIX en Europa de la mano de los obreros fabriles y de pensadores socialistas que reclaman la necesidad de cooperar y darse ayuda recíproca en las batallas que comienzan a librar para mejorar sus salarios y sus precarias condiciones de trabajo. Pues comprenden que de la cooperación solidaria que realicen entre sí tanto a nivel nacional como internacional depende en gran medida el aumento de sus fuerzas sociales y políticas que obligue a los empresarios capitalistas a pagarles los salarios justos que reclaman y que correspondan al verdadero valor de sus fuerzas de trabajo; o que les permita avanzar en el propósito que muchos se dieron guiados por el pensamiento de Marx de transformar de modo revolucionario la sociedad capitalista suprimiendo la propiedad privada sobre los medios de producción. Por esa razón la solidaridad es la primera gran obra intelectual y ética de los obreros modernos, es su primera gran conquista y hallazgo socio-cultural de significado universal.

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Sin embargo, a comienzos del siglo pasado los partidos políticos social-demócratas que los obreros habían fundado pocos decenios atrás en diversos países europeos abrazando el ideario marxista renuncian al proyecto revolucionario que propone, es decir, aceptan y reconocen la existencia de las empresas privadas, la persistencia del orden económico capitalista. Pero a cambio de que los capitalistas acepten la validez normativa de sus demandas salariales y de mejores condiciones de trabajo que les permitan trabajar y vivir con sus familias con dignidad humana, es decir, satisfacer sus necesidades humanas más importantes y significativas. Demanda obrera que fue aceptada por primera vez en la historia de manera formal por los capitalistas suecos. En 1938, a instancias del gobierno del partido social-democrática los empresarios del país aceptaron firmar con las organizaciones sindicales que agrupaban a los obreros de todo el país el pacto llamado de Saltsjöbaden; pacto social histórico en el que las tres partes reconocieron que estas demandas de los obreros tenían una validez normativa permanente.  Y que sirvió, además, de fundamento para que todos reconocieran que los beneficios que obtenían como trabajadores valía para todos los demás miembros de la sociedad, en especial para los más necesitados o carentes de recursos suficientes para preservar y reproducir sus vidas en condiciones de dignidad. Pero como el propósito y tarea de atender y satisfacer las necesidades básicas de todos los miembros de la sociedad solo lo podía asumir el Estado, las partes convinieron que la única manera que este podía cumplir con ese pacto era dotándolo de suficientes y permanentes recursos económicos, es decir, pagando altos impuestos.

Recursos que a partir de esos años el Estado comenzó a emplear para organizar un sistema educativo que ofreciera una educación básica, gratuita y obligatoria para todos los niños y jóvenes del país con todos los materiales didácticos necesarios y con servicios complementarios de alimentación, un sistema de salud también universal que cubriera las necesidades de salud de todos los miembros de la población por igual de manera gratuita o a bajísimo costo; y, además, los comenzó a usar hasta ahora para proporcionar diversos subsidios, como el de subsistencia o el de la vivienda, para aquellos miembros de la sociedad que carezcan de recursos económicas propios por estar desempleados o para quienes los recursos que disponen no les sean suficientes para atender los gastos básicos de alimentación, vivienda y cuidado de sus hijos, y pensiones básicas para todos los mayores de 65 años. Es lo que se ha llamado el Estado del Bienestar en el que todo miembro de la sociedad que lo necesite es protegido por los demás a través de los servicios y los subsidios que ofrece y garantiza el Estado. O mejor, en el que cada uno con el pago de sus impuestos ayuda solidariamente al resto a través de la gestión de las autoridades estatales, a vivir con dignidad, a atender sus necesidades humanas esenciales. Estado de bienestar que después de la segunda guerra mundial los partidos social-demócratas comenzaron a construir en otros países nórdicos y europeos, principalmente en Alemania.

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Y que se convirtió, entonces, en el órgano de poder que garantiza el ejercicio de la solidaridad entre todos los miembros de la sociedad más allá de sus diferencias socio-económicas de clase; en el órgano administrativo universal que asegura la ayuda efectiva, constante y regular a todos los que caen o se encuentran en estado de necesidad.

Por esa razón el valor de la solidaridad plasmado en el Estado de bienestar dejó de ser el valor limitado y específico que se dieron los obreros en el siglo XIX para ayudarse o cooperar entre sí social y políticamente en sus batallas por lograr mejores condiciones de trabajo y de vida o para desmantelar el orden capitalista imperante, y se erigió en un el valor ético universal, en uno de los valores éticos más importante y significativos de la modernidad europea occidental; en el valor que aceptan y reconocen gran parte de estas sociedades como un valor esencial que se debe mantener vigente a través de la presencia de ese Estado de bienestar, y que le demanda a cada uno la obligación de contribuir económicamente a preservar con dignidad la vida de todos, en especial de los que lo necesitan.

En las sociedades latinoamericanas este valor, en cambio, es inexistente. La historia desde su fundación como repúblicas independientes hace 200 años está marcada por su notable ausencia en los fundamentos de las instituciones jurídico-políticas, en los discursos y programas de acción de los gobiernos y partidos políticos y organizaciones populares y en la auto-comprensión del mundo de sus habitantes. Y la razón principal de esta grave falta o vacío normativo es que la clase obrera de estos países, escasa en número y débil social y políticamente, debido al insuficiente desarrollo del capitalismo industrial, se ha limitado exclusivamente a través de las organizaciones y partidos políticos que pretenden representar a reivindicar y defender sus interés particulares; sus batallas, sus huelgas, sus movilizaciones, etc. casi siempre han estado orientadas a hacer valer sus justas demandas de mejores salarios y condiciones de trabajo que las permitan vivir dignamente como seres humanos. O también, dirigidas a protestar contra las restricciones de las libertades públicas o contra los excesos represivos de los gobiernos. 

Y tal como los primeros grupos y organizaciones sindicales y políticas obreras europeas del siglo XIX se han limitado a practicar la solidaridad o cooperación entre sus miembros para fortalecerse y fortalecer su posición en la sociedad. Pero nunca la han concebido o considerado como un principio ético universal que todos los sectores y clases sociales deben reconocer y practicar para organizar de una nueva manera las sociedades, como un principio o valor ético de carácter universal que sirva de fundamento de las nuevas sociedades que siempre se propusieron crear. 

Por eso una de las tareas primordiales que hoy deberían asumir en todos los países de América latina la clase obrera, todos los sectores populares, los profesores, estudiantes, escritores, artistas, etc. es la de promover en todos los espacios públicos y privados de la sociedad el valor de la solidaridad, la de divulgarlo de manera constante y en toda su extensión para que poco a poco todos lo conozcan y lo aprendan, para que paulatinamente lo interioricen en sus espíritus hasta constituirlo en un saber casi natural y evidente de sus existencias; es decir, hasta que su presencia se convierta en un saber cultural propio de todos, o por lo menos, de la gran mayoría de los miembros de esas sociedades con el que identifican sus vidas; saber cultural que incrementará el valor de esas vidas gracias a la incorporación en su seno de este gran valor.

Si este consenso socio-cultural se llega a lograr algún día los pueblos del continente quedarán preparados para demandar a las autoridades políticas de sus países y a los sectores ricos y poderosos que se resistan, a que lo acepten; hecho que permitiría suscribir entre todos, entre el Estado y todos los sectores de la sociedad, ese nuevo pacto fundado en este valor ético universal y que supondría necesariamente dos elementos fundamentales: el primero, el aumento significativo de las contribuciones económicas directas de todos en forma de impuestos, en especial de las grandes rentas y capitales, de los altos salarios de los congresistas, de los empleados públicos y privados, a las arcas del Estado, tanto a nivel nacional, provisional y municipal, para ser destinadas a cubrir los costos para mejorar, ampliar y fortalecer de modo sustancial el sistema de salud y educativo público, y financiar diversos programas sociales como la construcción de viviendas sin costo o a bajo costo para los grupos sociales más pobres y desfavorecidos, para organizar en todos los municipios programas de asistencia alimentaria para todos los que carezcan de recursos económicos básicos, para dar subsidios a la infancia, para prestar dinero sin intereses y a largo plazo a los estudiantes universitarios para que puedan atender sus necesidades básicas y consagrar todo el tiempo a sus estudios, para apoyar las actividades productivas de los pequeños y medianos agricultores y empresarios, para pagar subsidios a los desempleados, así sea por un determinado lapso, etc.

Y el segundo elemento es el de constituir, de modo complementario, mecanismos permanentes de control y vigilancia ciudadana sobre el uso de estos recursos que realizan los organismos estatales encargados para evitar que sean apropiados, como ocurre con mucha frecuencia, por sus funcionarios y administradores.  

Si algún día en los países latinoamericanos todos los miembros de la sociedad que tienen ingresos formales, en especial los sectores y grupos sociales con mayores recursos económicos, aceptan ayudar de modo sistemático y permanente con el pago de mayores impuestos, y a través de las actividades de los Estados, a los que carecen de ellos para que puedan vivir con dignidad humana, no solo contribuirán a hacer realidad el principio y valor ético moderno de la solidaridad sino también contribuirán a forjar un nuevo mundo social en sus países que sea digno del “Nuevo Mundo” al que pertenecen.

 

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Camilo García

Cultura

Sobre el valor ético de la solidaridad

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