Acelerador para la infraestructura

El Gobierno tiene listo el camino que facilitaría la expropiación de predios, la expedición de licencias ambientales y el traslado de redes de servicios públicos.

La iniciativa busca reactivar las obras abandonadas por los contratistas. / Archivo

La ley de infraestructura del Gobierno, con la que se busca dar celeridad a obras civiles que quedaron inconclusas y que está a un paso de convertirse en ley de la República en la plenaria del Senado, es una de las esperanzas que tiene el presidente Juan Manuel Santos para reducir el déficit de vías que sufre el país.

El proyecto de ley, en palabras del presidente de la Asociación Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, “facilita la expropiación de predios, la obtención de licencias ambientales y el traslado de redes de servicios públicos en caso de que existan interferencias”. Por ejemplo, según el funcionario, esta iniciativa también pretende establecer de quién es la responsabilidad de mover una infraestructura —como un gasoducto o una línea eléctrica— que pueda interferir en la ejecución de una obra.

Cecilia Álvarez-Correa, ministra de Transporte, explicó que “la ley consagra la construcción de infraestructura del transporte como un nuevo motivo de utilidad pública para optar por la expropiación por vía administrativa o judicial de acuerdo con los procedimientos regulados por la Ley 388 de 1997 y la Ley 9 de 1989. Logramos entregas anticipadas efectivas de 30 días calendario después de la petición de la entidad estatal al juez correspondiente”.

Explicó que en materia ambiental esa propuesta “consagra la obligación para las autoridades del sector de expedir términos de referencia para el licenciamiento de los proyectos de infraestructura de transporte” y agregó que “se determina que para mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento vial no se requiere licencia ambiental, por cuanto estas actividades no generan impactos negativos”.

Otro aspecto clave para el desarrollo de la infraestructura contenido en la ley, según Álvarez-Correa, son “las previsiones relativas al manejo que debe darse en caso de que resulte necesario el traslado de redes de servicios públicos, redes TIC y de hidrocarburos. Para ese efecto, se precisan tanto un procedimiento como los criterios que deben atenderse para determinar el valor de la reubicación”.

La senadora Claudia Wilches, impulsora de ese proyecto de ley, resaltó otros de sus mecanismos, como la creación de una base única de información de obras inconclusas en el país y la puesta en marcha de estudios técnicos que determinen si una infraestructura sin terminar debe ser concluida o, incluso, demolida.

El articulado del proyecto propone que a las entidades públicas les corresponde establecer la realidad respecto a la infraestructura física de las obras inconclusas en un período que no supere un año. Algunas de las razones a tener en cuenta para elaborar el diagnóstico son: ubicación, clase de obra, planos aprobados por autoridades competentes, área contratada, entidad encargada de la ejecución, adiciones presupuestales y razones técnicas y jurídicas que justifiquen el atraso.

 

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