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Que el acuerdo rural, el primero de la agenda de los diálogos de La Habana, proteja la propiedad de la tierra –como en efecto lo predica- y que una ley promovida por agroindustriales colombianos hable de todo menos de propiedad puede sonar como una ficción. Pero no. Esa especie de paradoja es uno de los elementos que se han señalado en medio del debate sobre el pacto para el desarrollo rural alcanzado con las Farc, discusión que por estos días coincide con la de la Ley 1776 de 2016, la de las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social (Zidres).
El primer punto del acuerdo con esa guerrilla, por un lado, plantea la protección a la economía familiar y promueve las zonas de reserva campesina, entre otros aspectos. Las Zidres, por su parte, han sido defendidas en su mayoría por el Gobierno y empresarios, quienes consideran que para desarrollar zonas apartadas, pobres, despobladas y con tierras costosas de adecuar, se necesita el músculo financiero de los privados. Han insistido en algo: la ley no habla de titularidad de la tierra, sino simplemente de ponerla a producir, con modelos asociativos con los campesinos.
Los detractores de las Zidres no las han concebido así. Ven en la norma una afrenta para el acceso a tierras por parte de los campesinos pobres, incluso riesgos para la propiedad privada y posible legalización de acumulaciones irregulares de baldíos. También hay algunos que no la rechazan del todo, pero le ven falencias, como que la autonomía de los territorios se desdibuje o que no haya claridad sobre cómo funcionará la “asociatividad” planteada en la ley entre grandes empresarios y campesinos.
Virtudes y defectos
Héctor Santaella, docente investigador de la Universidad Externado de Colombia y magistrado auxiliar del Consejo de Estado, señaló un doble beneficio de las Zidres. Según él, se pone la tierra a producir y los arriendos que pagan quienes exploten los baldíos de la Nación (porque no se les da la propiedad) significan ingresos para el Estado, que servirán para dotar de tierras adecuadas a campesinos que no las tienen. Así lo sostuvo durante un encuentro convocado este martes por la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), apoyado por la Universidad Externado.
La SAC, desde el debate y después de la promulgación de la norma, en enero de 2016, ha apoyado las Zidres. De acuerdo con Luis Fernando Forero, secretario general de ese gremio, una de las grandes virtudes de esas zonas es que no contemplan los límites de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), un máximo de tierra creado en la Ley 160 de 1994. “Establecer hasta dónde puedo llegar a crecer es una condena a la pobreza. Las Zidres son un instrumento que permite el desarrollo incluyente, social y un estímulo a la asociatividad”, dijo.
En eso ha estado parte de las críticas de quienes demandaron la ley ante la Corte Constitucional. Por un lado, parlamentarios del Polo Democrático, la Alianza Verde y ONG como la Comisión Colombiana de Juristas y Oxfam, reprochan que la ley modifica el régimen de baldíos y el Gobierno no lo quiso reconocer. Según ellos, un parágrafo de la norma (el 3° del artículo 3°), permitiría que se legalicen acumulaciones de tierra, algo desmentido por el Gobierno. Además, señalan que los propietarios que se encuentren dentro de una Zidres tendrán dos posibilidades: asociarse a un proyecto o transferir el dominio o el uso y goce de sus bienes.
Santaella expresó sus inquietudes sobre las Zidres, entre las cuales están los vacíos de lo que se entiende por “asociatividad”: “¿Pasará a ser una dominación con el agravante de ser subsidiada por el Estado?”, se preguntó. Por otro lado, la capacidad operativa de las entidades estatales le generan dudas: ¿serán capaces de hacer seguimiento a todos los proyectos que se hagan en las Zidres para asegurarse de que marchen bien? ¿Podrán ordenar social y productivamente todo el territorio? ¿Cómo se hará efectivo que acumuladores de tierras no participen de las Zidres?
La Corte Constitucional, que aceptó varias demandas y las agrupó en dos, este jueves llevará a cabo una audiencia pública, “teniendo en cuenta la importancia de la materia analizada”, según el auto de convocatoria. Desde las 8 de la mañana, posturas a favor –como la del Ministerio del Interior, la Procuraduría y la SAC- se enfrentarán a los argumentos en contra de demandantes como el senador del Polo Democrático Jorge Robledo y la abogada Rocío Peña, del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria.
Zidres y la paz
En las palabras que alias ‘Timochenko’ dio durante el anuncio del acuerdo del fin del conflicto hizo alusión a la Ley 1776 de 2016. El acuerdo “requerirá de la organización y la movilización de la gente por su cumplimiento. Lo pone de presente la insistencia oficial en las Zidres pese a lo pactado en La Habana”, dijo el jefe guerrillero. Por lo demás, organizaciones campesinas –población que compone gran parte de las víctimas del conflicto armado- también han rechazado la política de las Zidres. Entonces, ¿es la 1776 una contradicción al desarrollo rural pactado en Cuba?
Según el antropólogo Darío Fajardo, cuya investigación ha tratado de violencia y conflicto, la coexistencia de distintos modelos de desarrollo incluida en la Ley 160 del 94 (con la creación de las zonas de desarrollo empresarial), la cual nunca se reglamentó, resurgió en el acuerdo de La Habana. En la página 9, el documento logrado con las Farc asegura que la Reforma Rural Integral reconoce el papel del desarrollo rural “en coexistencia y articulación complementaria con otras formas de producción agraria”.
En entrevista con El Espectador, Mariana Escobar, la recién posesionada directora de la nueva Agencia para la Renovación del Territorio explicó sobre la economía campesina, familiar y comunitaria que se promueve: “En ninguna parte (del acuerdo) dice que es la única forma de desarrollo económico en el campo. Deja margen para que coexistan diferentes formas productivas”. Como las Zidres. (Lea Así será la gerencia del acuerdo rural).
Algo cierto es que las Zidres aún no convencen del todo a todos, y la última palabra la tendrá la Corte Constitucional. Según Fajardo, si las Zidres ayudan o no al desarrollo rural o si son una política regresiva o progresiva son inquietudes que solo una bola de cristal podría resolver. Los académicos reunidos este martes en el Externado coincidieron en que en los detalles de la norma y su aplicación podrían estar los vacíos. Los privados la defienden a capa y espada, y el acuerdo final con las Farc probablemente se firmará con una ley de Zidres vigente.