Agencia Nacional de Hidrocarburos sabía que le podían robar información

El ente de control le había hecho la advertencia desde el año pasado a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pero el robo de los cuatro discos duros prueba que no le prestaron atención.

Varios contratos prueban la inversión de más de $28 mil millones en la ANH para cuidar la información petrolera. / Bloomberg

La Agencia Nacional de Hidrocarburos sigue entre la espada y la pared. Primero, fue su mismo presidente, Mauricio de La Mora, quien tuvo que salir de la mano del Ministro de Minas, Tomás González, a ponerle el pecho a un escándalo de no poca monta: se habían perdido cuatro discos duros con importante información petrolera que ponían en entredicho la seguridad de la entidad. Para sumar, en un segundo caso, encontraron que la ANH había recibido cartas de garantía falsas en varios contratos, hecho que cuestionaba nuevamente su labor. Y ahora para sumar, es la Contraloría la que revela que desde el año pasado se había advertido de la posible pérdida de la información en el Servicio de Información en Exploración y Producción, EPIS, por sus siglas en inglés, agravando aún más el caso.

El documento redactado por el ente de control y conocido por El Espectador, muestra en detalle tres asuntos que preocupan al Estado. El primero tiene que ver con la pérdida de información del EPIS (los cuatro discos duros), el segundo las cartas de garantías falsas (que respaldaban seis contratos suscritos con cuatro contratistas) y el tercero, los también contratos con las firmas Antek y THX, donde se observaron precisamente los incumplimientos de esos negocios avaluados en más de $140.000 millones, relacionados con pozos estratigráficos.

Ya, en detalle, lo que dice de cada uno alerta, más aún si se tiene en cuenta que el texto fue finalizado la semana pasada. “En la auditoria del año anterior se le oficio al presidente de la ANH de la época sobre la posible pérdida de información del EPIS y del incumplimiento de los contratos 097 de 2010 y 193 de 2013”. Apunta que “el equipo auditor a su vez, observó que la entidad reconoce 18 vulnerabilidades de criticidad alta en el aplicativo del contrato 193 de 2013, lo cual conlleva a un posible riesgo en la pérdida de la información petrolera de vital importancia para el cumplimiento de las misiones asignadas por ley a la ANH”.

Y respecto al EPIS, que es el Banco de Información Petrolera de Colombia, revela cómo desde el 2012 se le han invertido casi $29 mil millones para prestar los servicios de recepción, verificación, clasificación, carga, marcación de confidencialidad, certificación de entrega y expedición de paz y salvo relativos a la información técnica de exploración y producción de hidrocarburos adquirida en el país. Entonces, ¿si se sabía del riesgo y se hicieron estas cuantiosas inversiones, por qué se perdieron los discos duros?

En cuanto a las cartas de garantías, la Contraloría encontró que son nueve y corresponden a seis contratos suscritos con cuatro contratistas: “Valle Superior del Magdalena 1, Putumayo 5, Valle Medio del Magdalena 7, estos tres adjudicados en desarrollo del Procedimiento Competitivo Ronda Colombia 2012 a las sociedades Optima Oil Corporation y Range Resources Limited, bajo la modalidad de Consorcio (Optima-Range)”. Aparece el “contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos Llanos 27, suscrito con Santamaría Petroleum INC. Contrato de exploración y producción de hidrocarburos Valle Medio del Magdalena 15, suscrito con LOH Energy sucursal Colombia” y el “contrato de exploración y producción de hidrocarburos Llanos 18, suscrito con LOH Energy Sucursal Colombia”. Lo grave aquí es que no fueron incluidos en el proceso de auditoria. Y, además, que ante la falta de autenticidad de las garantías, es necesario determinar el valor que no fue amparado y conocer la afectación para la entidad. Para el Estado colombiano.

Todos estos contratos se encuentran en custodia de la oficina jurídica de la ANH, mientras la investigación judicial sigue en curso en la Fiscalía General de la Nación. Por ahora, según declaró de La Mora, entre las medidas que ya se tomaron está el “fortalecimiento de los protocolos de seguridad para tener acceso al área donde reposa la información e instalar cámaras de vigilancia”. El ministro de Minas, Tomás González, dijo el mismo día que denunció los hechos: “estamos investigando las revisiones técnicas detalladas para saber cuáles son los procesos que hay que hacer fiscales, penales o administrativos”. La Contraloría, por su parte, ya hizo la tarea y con papeles en mano aportó su informe a la indagación que engorda el escándalo petrolero del año.

 

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