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Francisco Reyes, responsable del ente de control, dice que, en general, sólo la mitad de los procesos son exitosos.
Otranspel Limitada gozó de la bonanza petrolera en el Meta. Esta empresa vio en el aumento del precio del petróleo y el desarrollo de la industria en ese departamento una oportunidad de crecimiento, planes que no contemplaban el desplome de los precios del commodity, ni la reducción de sus ingresos a la mitad.
El negocio era tan prometedor que la decisión de adquirir maquinaria para establecer una planta de procesamiento de material de río para empresas como Pacific Rubiales no se hizo esperar. Por supuesto fueron necesarios créditos y la adquisición de los equipos a través de leasing.
Desafortunadamente, con la caída de los precios vimos diezmada la compra que nos hacían grandes petroleras y no fue posibles seguir pagando nuestras obligaciones”, explica la representante jurídica de la compañía, Pilar Aponte. Más de cien trabajadores dependían del funcionamiento de Otranspel, pero desde junio de 2014 dejó de recibir los acostumbrados $1.000 millones mensuales y el mundo comenzó a venírsele encima.
Como la mayoría de empresas y autoridades del sector, para el segundo semestre del año pasado esperaban con nerviosismo la recuperación del precio, situación que hasta la fecha no ha sucedido. Desde el Ministerio de Minas y Energía se calcula que el sector tendrá que acomodarse a una nueva realidad en la que la cotización no superará los US$60 por barril.
Si bien empresas como Ecopetrol o Pacific Rubiales, aún cuando resultan fuertemente afectadas poseen un músculo financiero que les permite maniobrar y crear nuevas estrategias, esta posibilidad no la tienen las pequeñas firmas que prestan servicios adicionales en el sector de hidrocarburos. Según la Superintendencia de Sociedades en el primer trimestre de 2015 quince compañías han hecho la solicitud para acogerse a la Ley de Insolvencia Económica.
El encargado de la entidad, Francisco Reyes, aseguró que a hoy “se ha recibido solicitud de quince compañías del sector de servicios petroleros y de esas unas trece han ingresado a procesos de reorganización y solamente dos compañías han llegado a tramite de liquidación”.
Asimismo, un estudio que realizó el ente de control en 56 compañías del sector de hidrocarburos arrojó que el 43% de ellas presentó un alto nivel de riesgo de insolvencia económica, “ocasionado por los resultados operacionales, netos y Ebitda deficitarios, así como signos de retraso en los pagos de obligaciones, en algunas de ellas, y la tendencia a la baja en el precio del petróleo”. El 57% restantes, aunque no les fue tan mal el año anterior, pueden verse impactadas de manera negativa por este fenómeno global.
Esta figura, que entró en funcionamiento hace poco menos de dos años, permite a una sociedad que se declare insolvente económicamente rehacer su estructura administrativa y a la vez negociar con sus acreedores la forma y el plazo en el que va a cumplir con las obligaciones contraídas con anterioridad.
Juan Carlos Urazán, gerente general de la firma Urazán y Abogados Asociados, explica que “esta ley permite que una empresa se acoja a unos beneficios cuando tenga más de dos obligaciones vencidas, o más de dos procesos ejecutivos en su contra, cuyos tiempos superan los 90 días y equivalen a más del 10% de su pasivo total”.
Hacer esta solicitud, sin embargo, no garantiza el fortalecimiento de la compañía, pues apenas la mitad de las empresas que se someten voluntariamente a esta ley logran salir avante y reponerse económicamente.
Uno de los cuestionamientos que existen en el caso de las firmas de servicios petroleros es cómo saber si realmente los problemas financieros que enfrenta son producto de la coyuntura internacional o si son producto de problemas administrativos que no fueron solucionados en su momento.
Reyes manifiesta que “los empresarios que hacen las solicitudes deben revelar las causas. En la mayoría es la caída de los precios del petróleo. Y es que cualquier empresa que deje de recibir la mitad de lo que recibía, se va a ver afectada. Hemos comprobado que existe una conexidad entre la crisis del petróleo y la iniciación de estos trámites”.
Mientras otros piensan en zambullirse en estas aguas antes de hacerlo en una inminente proceso de liquidación, Otranspel vive su realidad: “Tenemos más de cien trabajadores y les debemos a los bancos más de $5 mil millones. Si las empresas del sector no nos compran, no podemos operar. Estamos mirando otras opciones de mercado, pero el problema es que estamos instalados en las zonas petroleras y entrar a los mercados del centro del país no nos conviene, porque se aumentan los precios de los productos. Lo que tenemos claro es que no vamos a dejar acabar la empresa”.