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De nada sirvió la jugada del gobierno nacional de mantener inalterados los precios de los combustibles durante agosto y así evitar que los camioneros se sumen al paro nacional agropecuario proyectado para el 19 de este mes.
Ese fue el resumen que hizo la directora ejecutiva de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), Alejandra Baquero, quien explicó que la salida al grave problema que vive el sector transportador de carga no pasa por congelar los precios de los combustibles por un mes, sino hallar una fórmula para impedir que sigan disparados. “Del año 2000 a la fecha, el precio del acpm ha subido $4.000, y al mes estamos gastando 1.400 galones. Estamos prácticamente subsidiando a la industria”, recalcó.
Asimismo indicó que mientras en Colombia un galón de acpm cuesta $8.277, en Ecuador vale un dólar ($1.850) y en Venezuela aún menos. “Lo que requerimos hoy es que subsidien el combustible para que la industria del transporte sea competitiva, ya que los buses intermunicipales y el propietario de un vehículo particular también sufren, cuando somos un país productor pero nos cobran el combustible como si se vendiera en el golfo de México a precio internacional”.
La dirigente explicó que no es posible que un equipo que cuesta más de $400 millones tenga utilidades mensuales de $2 millones, que no alcanzan a cubrir los gastos del propietario, ya que mensualmente se debe destinar $1,4 millones para comprar una llanta para tener el stock y así poder hacer el cambio en una pacha de un troque.
A esto se tienen que sumar el pago de la seguridad social del conductor y el mantenimiento del equipo, lo cual lleva a que al propietario no le quede mayor cosa, recalcó.
Por su parte, los representantes de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) señalaron que el problema del sector no sólo es de combustibles, sino también de fletes, los cuales están por el suelo. A esto se suma que los generadores de carga abusan de los conductores a quienes les cobran una comisión, que oscila entre los $80.000 y los $100.000 para poder obtener un viaje. Además consideran que los peajes son muy caros y que el estado de las vías no es el mejor.
Entre tanto el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Transporte de Carga por Carretera (Asecarga), Jairo Herrera, señaló que el diésel es un combustible exclusivo del sector productivo —como lo es el transporte de carga— y por lo tanto no debería equipararse con los precios internacionales del petróleo.
El dirigente señaló que la sobreoferta de vehículos tiene en alerta al sector.
Otros de los gremios que agrupan empresas de transporte, como Colfecar, señalaron hace algunos días que están es disposición de buscar una política para eliminar la volatilidad en el precio de los combustibles, insumo que representa el 35% de la canasta de costos operativos.
El presidente de Colfecar, Jaime Sorzano, mostró su preocupación por los problemas que vive el sector y anunció que está presto a trabajar en la búsqueda de políticas que contribuyan a erradicarlos.
Frente a esta situación, el Ministerio de Minas y Energía señaló que se están haciendo esfuerzos para buscar una salida e invitó a los transportadores a no sumarse a la inmovilización porque se afectará la economía del país, desde los conductores hasta los empresarios.
Pero mientras los dirigentes y el Gobierno fijan su posición frente a la problemática del sector, lo cierto es que quien sufre esta situación es el conductor raso de una tractomula.
Uno de ellos, Juan de Jesús Castañeda, sostiene que un viaje se convierte en una verdadera tragedia, ya que un recorrido que sólo debería tardar 16 horas entre Medellín y Cartagena se convierte en casi una semana en la que debe pasar penurias por el mal estado de las vías y porque se tiene que convertir en bodeguero de una carga que no es suya, por la cual debe responder a pesar de que está asegurada.
Este viaje a Cartagena, que logró pagando una comisión al generador de la carga, se facturó por $1,9 millones, de los cuales gastó $832.000 en acpm, $223.000 en peajes, $130.000 de cargue (cuando debía asumirlo el dueño de la carga), $150.000 de parqueo (porque tuvo que estar de jueves a martes esperando que le recibieran la carga), $190.000 de adelanto para la comida, dormida y otros gastos, sumando $1’670.000, es decir que al dueño de la mula le quedaron $230.000 y estar ‘botado’ en una ciudad lejos de su familia.
Así como este hay muchos casos de conductores, ya que en el país hay cerca de 346.000 vehículos de carga. Por esta razón, Castañeda sostiene que se quedará sin trabajo, ya que la orden de los dueños a partir del 19 de agosto es apagar los camiones y echarse a dormir.
jchacon@elespectador.com
@jairochacong