La industria minera del país sigue en medio de la incertidumbre, no solo por la caída de las materias primas, sino por la montaña rusa en la que se ha convertido la le-gislación para esta actividad en Colombia. Esta semana se tomaron dos decisiones fundamentales en la Corte Constitucional que dejaron un sabor agridulce.
Aunque el artículo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que establece la creación de las Áreas Estratégicas Mineras fue declarado exequible, el alto tribunal estableció unos condicionamientos para su funcionamiento.
Para que el Gobierno pueda seguir adelante con la implementación de estas áreas, en las que hay alto potencial de minerales estratégicos como carbón y oro, tendrá que lograr un consenso con las regiones. De otra forma, la adjudicación por medio de subastas no será posible.
“Este fallo es importante porque establece que los temas de ordenamiento minero y territorial no se pueden decidir desde el orden central, ni de manera vertical”, explicó Ximena González, una de las abogadas de la ONG Tierra Digna.
Con esta decisión el alto tribunal abrió, además, un nuevo debate sobre una eterna premisa de la propiedad del suelo. Si bien el subsuelo sigue estando en cabeza del Estado, no se podrá perder de vista la adecuada utilización de la tierra en las regiones. Y acá empiezan las dudas de si realmente se podrá lograr una coordinación entre los poderes central y departamentales.
“Ese cambio de paradigma y la nueva coordinación con las autoridades regionales es algo que apenas ahora estamos coordinando y trabajando en conjunto. Con estas reglas, al Gobierno le toca recoger velas y revisar si va a seguir con el esquema de adjudicación que tenemos hoy o si siguen adelante con estas áreas”, explicó el presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Santiago Ángel.
Esta figura, que pareciera seguir estancada, engloba cerca del 20 % del territorio nacional que el Ejecutivo ve con potencialidad para la extracción minera. La importancia, dice el ministro de Minas y Energía, Tomás González, es que gracias a ellas el país podría “tener una minería más ordenada y más productiva”. Por esta razón, el líder de esta cartera considera que “por la forma como están concebidas, vamos a encontrar la manera de que estas áreas sean compatibles con los planes de ordenamiento territorial” de los municipios, como ordenó la Corte Constitucional.
Entre tanto, el Consejo de Estado suspendió hace un año las Áreas Estratégicas Mineras, pues para su creación no solamente se había vulnerado el derecho de consulta previa, sino que se puso en riesgo la utilización de la tierra en actividades agropecuarias.
“El fallo de la Corte en el que también suspende la minería en páramos se conecta con la acción que adelantamos contra las Áreas Estratégicas, porque fueron elegidas sin terminar el proceso de ordenamiento ambiental y del territorio. El Gobierno viene tomando decisiones relevantes pero sin concluir el ordenamiento territorial, poniendo en riesgo incluso a los inversionistas”, señaló Ximena González.