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hace 46 mins

Argentina camina por la cornisa

Un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó al país pagar a sus acreedores extranjeros pero, ¿hay con qué?

El jefe del gabinete de Argentina, Jorge Capitanich (centro), y el ministro de Economía, Axel Kicillof (derecha), en la reunión con el Congreso en Buenos Aires. / AFP

Argentina tiene que pagar. Ese fue el veredicto de la Corte Suprema de Estados Unidos, que no aceptó negociar la deuda de Argentina con sus acreedores sino, por el contrario, dejó en firme el pedido del juez Thomas Griesa de amortizar a los llamados ‘fondos buitres’ la suma de US$1.330 millones antes del 31 de diciembre del año en curso.

Esta decisión representa para el país austral estar entre la espada y la pared, ya que la suma a cancelar es un 50% de las reservas del Banco Central, lo que lo dejaría prácticamente con un margen mínimo de stock de capital. Además, si la remuneración de este compromiso se hace efectiva, podría incitar a otros bonistas a cobrar sus deudas, lo que significaría un desembolso adicional de US$15.000 millones, recursos con los que el país no cuenta.

Entre los economistas y analistas de los medios de comunicación la situación es catalogada como un baldado de agua fría, ya que no sólo afectaría al gobierno. El argentino promedio o “de a pie” también tendría que sufrir el golpe de esta ola en sus bolsillos, porque se generaría más austeridad en sus hábitos de compra, inconformismo, frustración y, como ya es costumbre en la Argentina, más protestas. La realidad es que la situación tiene al país en vilo.

Según Ismael Bermúdez, columnista y redactor de la sección de negocios del diario Clarín, las consecuencias que se podrían derivar de la decisión del legislativo estadounidense se podrían resumir así: menor ingreso de capital al país austral, suspensión de pagos de la deuda, acentuamiento de una inminente recesión que se ha estado gestando desde fines de 2013, incremento del desempleo, alza en el precio del dólar y aumento de la inflación.

Estando Argentina en situación de deuda, es menor la confianza que genera frente a los inversores extranjeros, por tanto, también se reduce la posibilidad de que realicen transacciones en el país, frenando de tajo el escaso crecimiento proyectado de la economía y traería como represalia efectos adversos entendidos por los analistas como la hiperinflación y la temida crisis económica en el peor de los casos.


¿Acuerdo o catástrofe?

Las consecuencias enumeradas por Bermúdez suenan bastante trágicas. Sin embargo, Rubén Ramallo, economista, editor del diario online IProfesional y catedrático de la Universidad de Palermo da una visión mucho más alentadora del panorama.

Ramallo asegura que esta situación debe ser tomada con pinzas y negociada no desde la perspectiva económica sino judicial, es decir, son los abogados de las partes los que deben llegar a un acuerdo. “Los argentinos vivieron el default de 2002, el país se hundió y aún no ha logrado tomar por las riendas el mercado de capitales. Esto no tiene otra salida que la negociación seria”.

Si algo es seguro, es que la suspensión de pagos no debería estar entre el abanico de posibilidades del gobierno. Para Ramallo esta es la última instancia, porque es la más peligrosa y la que se debe evitar, ya que una interrupción en los desembolsos podría generarle a la Argentina la entrada en un período de volatilidad económica que no les caería nada bien a sus finanzas.

Asimismo, que el país se declare en default les significaría a los ‘fondos buitres’ (que van por el todo) no ver ni un centavo. “Aquí se acabaron acostumbradas curitas que ponía el gobierno sobre la economía, no hay soluciones intermedias, se negocia o se negocia”, afirma el catedrático, quien también sostiene que la administración debe aplicar toda la astucia y pericia para sortear este y los demás obstáculos que se presenten para salir bien librado.

Argentina amaneció ayer llena de manifestantes que protestaron precisamente contra esos capitales especulativos que se han llevado las pocas ganancias que ha dejado el gobierno y que ahora quieren, de la mano de la corte estadounidense, cobrar por ventanilla. “Basta, buitres. Argentina unida en una causa nacional”, rezaban los carteles. Una deuda que viene desde la crisis económica de 2001, que se intentó negociar en 2005 y 2010 pero que hoy está en los estrados judiciales norteamericanos. Por ahora lo único que está claro es que Axel Kicillof, ministro de Economía argentino, comenzó ayer la campaña del ejecutivo ante el Parlamento para explicar los pasos que están empujando a esa nación a un nuevo cese de pagos.