Argentina declara emergencia social para luchar contra la pobreza

El objetivo de la medida, que se extenderá hasta 2019, es "garantizar la paz social" y luchar contra el desempleo y la pobreza, que padecen tres de cada 10 argentinos.

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El Senado de Argentina aprobó este miércoles por unanimidad una iniciativa que declara la emergencia social en el país hasta 2019, lo que supondrá una inversión de 1,8 millones de dólares para luchar contra la pobreza, situación en la que, según estadísticas oficiales, se encuentra más del 32 % de los ciudadanos.

El proyecto de ley, fruto de un acuerdo entre el Gobierno y las principales organizaciones sociales, ya fue aprobado el 7 de diciembre por la Cámara de Diputados y ahora se convirtió en ley tras recibir el voto favorable de los 49 senadores presentes en la sesión.

La ley, que requerirá una inversión de unos 30.000 millones de pesos (1,8 millones de dólares), crea el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, así como el Registro Nacional de la Economía Popular, donde deberán inscribirse los trabajadores de esta categoría para poder acceder a los beneficios.

Además, el jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña, quedará facultado para efectuar reestructuraciones presupuestarias para proveer de fondos adicionales durante los 3 años que dure la Emergencia Social.

El objetivo es "garantizar la paz social" en el país y luchar contra el desempleo y la pobreza -actualmente en el 32,2 % de la población según estadísticas oficiales- mediante medidas como el aumento de las asignaciones universales.

El opositor Miguel Ángel Pichetto, del peronismo, recordó, según añadió el Senado en una nota de prensa, que la iniciativa tuvo su origen en el Senado y fue posteriormente corregida y votada en Diputados, y realizó un "reconocimiento al Gobierno y al Ministerio de Desarrollo Social" por la actuación que también tuvieron en el asunto.

Por su parte, oficialista Pedro Braillard Poccard destacó que con esta ley los trabajadores informales contarán "con una obra social (seguro médico), y no sólo por el impacto favorable que va a tener sobre el ciudadano, sino sobre el sistema de hospitales públicos".