Asignación de espectro: pelea de argumentos millonarios

La subasta de este recurso, que permitirá la entrada de la tecnología 4G al país, se convirtió en un pulso de poderes en vista de una mayor ventaja en el mercado de telefonía móvil.

Es uno de los principales negocios del año y puede reportarle al Estado ingresos de alrededor de $480.000 millones. Se trata de la asignación del espectro radioeléctrico, una subasta con la que el Gobierno, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), busca que los operadores celulares y de internet le ofrezcan al mercado la tecnología LTE, también conocida como de cuarta generación o 4G.

Es una apuesta que, aunque beneficiaría al usuario con una mayor velocidad y capacidad de navegación, no está exenta de choques. Y de diferencias.

Las compañías interesadas en hacerse con los 225 megahertz (MHz) disponibles, asignados a través de subasta, protagonizan una intensa disputa plagada de argumentos jurídicos y técnicos en la cual se distinguen, por lo pronto, dos bandos: los operadores ya establecidos en el mercado colombiano (o incumbentes) y aquellos que pretenden competirles.

El enfrentamiento se había restringido hasta el momento a los conceptos técnicos enviados al ministerio de TIC en respuesta a los borradores de la licitación, pero ayer adquirió una dimensión mucho más pública.

Sucedió en Bucaramanga, durante la reunión de los entes reguladores de telecomunicaciones adscritos a la OEA, en un panel especial dedicado a analizar el proceso colombiano. El primer punto de la discusión giró en torno a los 70 MHz que el Gobierno quiere destinar exclusivamente a la entrada de un nuevo operador, condición rechazada por los incumbentes.

“Es una medida beneficiosa para la industria, pues nuestros estudios señalan que un nuevo competidor ayudaría a incrementar en 3% el PIB del sector”, aseguró Raúl Amaya, vicepresidente de Servicio y Tecnología de Avantel, compañía que busca aumentar su participación actual con la subasta.

Pero esta ventaja estratégica fue rechazada por Rodrigo Lara, presidente de la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomovil): “Va a desincentivar la inversión de los ya establecidos, lo cual significa un atraso tecnológico para el país y menos tecnología y servicios para los usuarios”.

Otro punto que generó discordia es el capítulo que le permitiría al nuevo operador utilizar la red de los incumbentes (roaming) durante los primeros cinco años de operación, disposición calificada como “exagerada” puesto que en el caso de Tigo y Une aquel plazo no excedió los tres años. “Es un período sumamente excesivo. Lo ideal es que las partes acuerden los tiempos para que la operación se consolide”, dijo Fabián Hernández, vicepresidente jurídico de Movistar.

“Estamos hablando de un tema clave. Si uno quiere darle entrada a una compañía de datos móviles sin roaming, en un mercado donde dos operadores tienen el 85% de los usuarios, es imposible”, indicó Andrés Solé, vicepresidente de Desarrollo de Directv, operador que ofrece en Brasil servicios de 4G bajo la marca Sky.

Su argumento fue apoyado por Amaya: “El Estado destinó US$138 millones en los últimos 10 años en infraestructura para que los operadores actuales pudieran llevar su señal a los lugares más apartados. Esa inversión debería estar habilitada para todos en un tiempo similar, porque cinco años es un período muy corto”.

La pelea continuará a lo largo de este mes, mientras el ministerio TIC concluye la redacción final del pliego de condiciones de la subasta, un acto que, de acuerdo a analistas, es natural en este tipo de procesos. “Ocurre en todos los países y es algo saludable, porque crea competencia y diálogo abierto de cara a una buena administración del espectro”, dijo Dawood Khan, socio de la consultora canadiense RedMobile.

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