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Desconocidos atacaron este viernes con explosivos una plataforma petrolera ubicada en una zona rural del departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, informó la petrolera estatal Ecopetrol. En medio de un consejo de seguridad, el gobernador del departamento, José Facundo Castillo, confirmó que seis hombres con brazaletes de las extintas FARC detonaron un material explosivo.
”Rechazamos categóricamente el ataque terrorista contra la plataforma petrolera Cosecha C en zona rural del municipio de Arauquita, departamento de Arauca. Grupos al margen de la ley ingresaron y activaron cargas explosivas contra la infraestructura”, detalló la compañía en sus redes sociales. En la publicación, Ecopetrol publicó una imagen y un video en el que se ve la plataforma en llamas mientras las autoridades tratan de apagar el fuego.
A su vez, Castillo señaló que se ofrece hasta 30 millones de recompensa para quién suministre información sobre el paradero de los actores materiales del atentado. El gobernador, además de condenar enfáticamente este atentado terrorista que se convierte el séptimo en lo que va corrido del años, dijo que las autoridades ambientales evalúan los daños al ecosistemas del lugar.
“Las condiciones demográficas y poblacionales del territorio, las características físico-ambientales y ventajas estratégicas de su ubicación geográfica, de su condición de frontera internacional, las aptitudes agropecuarias de sus suelos y la instalación de importante infraestructura vial y energética, la convierten en blanco de atracción de los grupos subversivos del ELN y facciones disidentes de las extintas Farc, a través de ataques terroristas contra la infraestructura petrolera”, ha señalado la Defensoría del Pueblo a través de su sistema de alertas tempranas.
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”Condenamos estas acciones violentas que ponen en riesgo la vida y la integridad de los trabajadores y de las comunidades vecinas, e impactan gravemente el medio ambiente”, añadió la empresa, que detalló que el incendió aún está vivo. Ecopetrol denunció que hasta el 5 de mayo hubo 25 atentados, en especial contra los oleoductos Caño Limón-Coveñas y Bicentenario, en los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Boyacá, todos fronterizos con Venezuela.
En 2018 la infraestructura petrolera colombiana sufrió 107 atentados, de los que 89 afectaron al oleoducto Caño Limón-Coveñas y 18 al Transandino. En enero pasado, la organización Human Rights Watch (HRW) denunció en un informe que en Arauca y el vecino estado venezolano de Apure la población está a merced de grupos guerrilleros y otras organizaciones armadas que cometen todo tipo de abusos.
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Con testimonios de un centenar de habitantes, HRW documentó abusos en ambos lados de la frontera por parte del Eln, una disidencia de las desmovilizadas Farc y las venezolanas Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN). La Fuerza Pública, tiene una importante presencia en este municipio a través de las brigadas y batallones que conforman la Octava División, dirigidos especialmente a proteger la infraestructura vial, energética y petrolera.
El escalamiento de la violencia propiciada por los grupos guerrilleros del Eln y las facciones disidentes de las ex Farc ha sido mencionado en varias oportunidades por las autoridades departamentales. El Eln, en su estrategia de mostrarse fuerte ante el Gobierno nacional (saliente y entrante) de cara a la negociación en Quito y posteriormente en La Habana, comenzó a incrementar sus acciones violentas contra la población civil y la infraestructura petrolera regional.
En los municipios de Arauquita, Saravena, Fortul y Tame, la extorsión sigue causando un detrimento al patrimonio de quienes se han visto sometidas a esta violencia empleada por parte de estos grupos armados ilegales. Entre las personas que sufren estas presiones sonl os pequeños productores, agricultores, ganaderos, transportadores y comerciantes (formales e informales), contratistas del sector público y privado, a las multinacionales petroleras (al parecer por medio de empresas contratistas del sector).
La Defensoría del pueblo también ha dicho que en esta zona también es común los conflictos sociales que no han sido resueltos. “Dichos conflictos son de naturaleza laboral (protestas por falta o atraso en los pagos de salarios, contratación o incumplimientos laborales por parte de empresas petroleras, entre los más comunes), ambiental (protestas por proyectos con presuntos impactos ambientales, obras que se realizan sin el respeto de derechos ambientales, entre otros)”, señala el organismo adscrito a la Procuraduría.