Autoridad del Canal de Panamá rompe negociaciones con Sacyr

La ampliación del canal de Panamá se ve amenazada por la disputa entre los dos socios y podría terminar en un largo litigio legal.

Concluyó sin acuerdo el plazo que se habían trazado para solucionar el conflicto sobre la ampliación del Canal de Panamá, el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) y la Autoridad del Canal de Panamá. Con la ruptura de las negociaciones, el proyecto que va en un 70% podría tambalear y el conflicto trasladarse a los tribunales.

En un duro comunicado, el grupo español Sacyr que hace parte del consorcio junto a la italiana Salini-Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña Constructora Urbana, criticó la posición rígida que han tomado los negociadores panameños y dijo que las obras están en "riesgo inminente" de paralizarse. A pesar de esto, insistieron que su intención es negociar y llegar a un pacto sobre la financiación.

Tras conocerse la tensa situación, Sacyr sufrió una dura caída en la bolsa. Sus acciones perdieron un 7,04% del valor que tenían al principio de la semana cuando el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli había afirmado que las partes estaban "cerca" de llegar a un acuerdo.

"La ruptura de las negociaciones pone la expansión del Canal de Panamá y hasta 10.000 puestos de trabajo en riesgo inminente", afirmó Sacyr en su comunicado y advirtió que "sin una solución inmediata, los socios enfrentarán años de disputas ante los tribunales nacionales e internacionales sobre los pasos que han llevado el proyecto al borde del fracaso”. Estos "años de litigios y arbitraje en las jurisdicciones de todo el mundo dejará una sombra continua sobre el grupo y el Canal de Panamá".

La causa del conflicto entre los socios han sido los sobrecostos de la obra. El consorcio constructor le reclama a la Autoridad del Canal de Panamá unos 1.600 millones de dólares extra al presupuesto inicial. Este sobrecoste se debe, según el GUPC, a "condiciones geológicas imprevistas". Para los panameños la cifra es desproporcionada pues equivale al 50% del contrato inicial que rondaba los 3.200 millones de dólares.

El consorcio constructor, conformado por Sacyr, , ha propuesto compartir "la carga del financiamiento hasta la terminación del proyecto a través de un cofinanciamiento 50%-50%" y que después un tribunal internacional de arbitraje decida quién era el responsable de esos costos. Para los panameños la solución propuesta va en contravía del contrato inicial.