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Luego de que la Procuraduría General de la Nación anunció la indagación preliminar a la junta directiva del Banco Agrario por el crédito por $120.000 millones que otorgó a Navelena, conformada en un 87% por Odebrecht, la entidad financiera afirmó que "tanto el Banco Agrario de Colombia como su junta directiva están prestos a atender cualquier requerimiento de la Procuraduría General de la Nación u otro organismo de control".
Los recursos de por medio terminaron en manos de la sociedad encargada de recuperar la navegabilidad del río Magdalena, compuesta mayoritariamente por la firma brasileña señalada de haber entregado en Colombia cerca de US$11 millones en sobornos para quedarse con millonarios contratos de infraestructura.
Según un comunicado emitido luego de recibir el primer requerimiento de información por parte de la Procuraduría, el banco público informó que "considera fundamental poder presentar las aclaraciones que el país y los organismos de control requieran en todas las instancias", acerca del préstamo que fue aprobado en noviembre de 2015, con Aurelio Iragorri ya en la cartera agropecuaria y mientras el presidente de la entidad era Francisco Solano.
Al tiempo que Luis Enrique Dussán, actual presidente de la entidad, afirmó el viernes pasado que el crédito se otorgó en condiciones "normales", consultados por este diario, miembros de la junta que dio el visto bueno al crédito coincidieron en que no recibieron ningún tipo de recomendación o presión para aprobar el préstamo.
Por otro lado, aseguraron que las condiciones eran las adecuadas, como la garantía de la fiducia, en la que, de acuerdo con Dussán, hoy hay cerca de $150.000 millones, que servirían para pagar las acreencias con el Banco Agrario. Sería un pago con prioridad, según Dussán, debido a que el banco prestó el dinero para la etapa de la preconstrucción.
En todo caso, Navelena, dijo el presidente del banco, ya incumplió los dos pagos que debió hacer en diciembre, y la entidad inició el proceso del cobro de la garantía.
Los miembros de la junta directiva consultados, asimismo, advirtieron que al momento de la aprobación aún no había ninguna alerta sobre las operaciones de Odebrecht en Colombia. Fue días después, el 4 de diciembre de 2015, que la Superintendencia de Sociedades “determinó que la sociedad con estados financieros a junio 30 de 2015 cuenta con unos activos por valor de $25.494 millones y unos pasivos de $29.399 millones, lo que refleja que ha quedado en causal de disolución”, como se lee en una carta enviada por el ente de vigilancia al representante legal de Norberto Odebrecht Colombia, Luis Antonio Mameri, y su revisora fiscal, Diana Paola Ortegón.