Barranquilla, de sorpresa en sorpresa

Tras dos tutelas favorables a autores de irregularidades, los entes de control piden investigar la actuación de funcionarios judiciales.

La nueva junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla debió haberse elegido en junio de 2012./ El Heraldo
La nueva junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla debió haberse elegido en junio de 2012./ El Heraldo

Algo no huele para nada bien en los alrededores de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Por cuarta ocasión, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) convocó, a través de un acto administrativo, las elecciones a su junta directiva para el próximo jueves 16 de mayo. El problema reside en que este proceso contabiliza una tardanza de 10 meses.

Desde entonces, las irregularidades han dictado el curso de esta historia, plagada de empresas desafiliadas para votar, acciones legales para revertir las decisiones y, ante todo, los indicios de una larga cadena de corrupción. El hecho más reciente se dio en abril pasado, cuando el Juzgado 19 Civil Municipal de Bogotá suspendió nuevamente el proceso electoral programado para el 18 de abril tras fallar una acción de tutela.

“Pero el juez, al otro día, habida cuenta de su incompetencia, decidió revocar la orden de suspensión. Hoy no hay ningún impedimento para hacer elecciones”, aseguró el superintendente Pablo Felipe Robledo, al tiempo que reveló una solicitud al Consejo superior de la Judicatura para que abra una investigación en contra del funcionario judicial: “Para que determine si hubo fraude o manipulación del reparto que llevó esa tutela a conocimiento del Juzgado 19 Civil Municipal, y que investigue sus actuaciones”.

Originalmente las votaciones debían realizarse en junio de 2012 y habrían culminado con éxito si los organismos de control no hubieran notado un aumento irregular en el número de empresas creadas en las semanas previas y, peor aún, una concentración atípica de su propiedad en unos cuantos particulares. Así se inició un extenso proceso de depuración de las 5.800 personas jurídicas y naturales inscritas, en el cual se excluyeron alrededor de 2.500 por no renovar su matrícula comercial, a 1.476 por orden judicial de la propia SIC y a 350 que no acreditaron su condición de comerciantes.

“Con la actualización, participarán 1.456 comerciantes entre personas naturales y jurídicas”, anunció Robledo. Pero la serie de irregularidades en el caso de Barranquilla arroja más dudas. El Consejo Superior de la Judicatura investiga si existió fraude en el sistema de repartición de las tutelas presentadas por los afectados y falladas a favor, primero, por el Juzgado 22 Civil Municipal de la capital atlanticense, en diciembre, y más recientemente ante el tribunal bogotano.

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