Bloqueos petroleros dejan pérdidas por $11.300 millones

Entre enero y mayo, el país dejó de producir más de 9.000 barriles promedio diarios por protestas sociales en 11 departamentos.

Las protestas sociales están afectando la producción petrolera en varias regiones. / Gabriel Aponte.
Las protestas sociales están afectando la producción petrolera en varias regiones. / Gabriel Aponte.

“Hablando de offshore (proyectos costa afuera), no se descarta que van a aparecer varias ‘comunidades submarinas’ haciendo reclamaciones”. Este es un chiste que se escucha entre los inversionistas del sector minero-energético para ilustrar la presencia de comunidades “fantasmas” que están interrumpiendo los proyectos, haciendo millonarias peticiones. Ecopetrol y otras empresas han sido víctimas de ataques que impiden la búsqueda de crudo en el subsuelo colombiano.

Entre enero y mayo de 2016, el país dejó de producir más de 9.000 barriles promedio diarios (bpd), “a causa de los bloqueos y protestas sociales que las comunidades llevaron a cabo en 11 departamentos con actividad hidrocarburífera”, señala un informe de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol). Los recientes ataques contra las instalaciones de Ecopetrol en Paujil (Caquetá) han impedido que la empresa ejecute los programas de sísmica, primer paso para la búsqueda de hidrocarburos. Otros proyectos han sido afectados en Antioquia, Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cesar, Córdoba, Meta, Putumayo, Santander y Sucre.

El presidente de Campetrol, Rubén Darío Lizarralde, señala en un documento que “si se toma como referencia el precio promedio del barril Brent para 2016, de US$42,43, la producción petrolera deja pérdidas por esta situación de US$382.548 por día, algo más de $1.182 millones diarios”. Teniendo en cuenta el efecto multiplicador que genera la producción de petróleo en el resto de la economía, muestra que cada $1 que se produce se traduce en $3,3, es decir, el país dejó de percibir cerca de $3.900 millones por día, destaca el estudio.

Durante los primeros cinco meses de este año se realizaron 35 bloqueos por parte de las comunidades, que sumaron 206 días de cese de operaciones. Sólo a las empresas del sector petrolero, estas actuaciones provocaron pérdidas por $11.300 millones.

Ricardo Sierra, presidente del grupo energético Celsia, denunció que uno de sus proyectos en Buenaventura fue afectado por la aparición “en la mitad de la selva, en territorio de comunidades, de un barrio de mil casas, desocupadas todas, que esperan indemnización”. Hacer proyectos en Colombia está costando entre 30 % y 50 % adicional a lo presupuestado.

Hay que mejorar las condiciones de entorno para el desarrollo de las operaciones, especialmente en el relacionamiento con las comunidades, pide Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), el gremio que agrupa a las multinacionales petroleras con actividad en el territorio nacional.

Ecopetrol informó recientemente al Congreso de la República que “las inversiones sociales y ambientales se enmarcan en el Código de Estrategia para la Gestión del Entorno y en el Procedimiento de formulación y evaluación de proyectos de inversión socioambiental”, el cual define cinco líneas de inversión social: proyectos productivos sostenibles; reducción de brechas en salud y educación; conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos; conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de ecosistemas estratégicos, y fortalecimiento institucional.

Campetrol manifiesta que entre las causas de los paros y bloqueos que manifiestan las empresas de bienes y servicios están la exigencia de vinculación de personal local adicional a las capacidades reales de contratación de las empresas estipuladas en la ley y el ajuste de salarios. “Algunas comunidades demandan la construcción de acueductos, escuelas, hospitales, instalación de servicios públicos y arreglo de la infraestructura vial, obras que el Gobierno Nacional, los regionales y municipales deben construir con recursos de impuestos de regalías”.

El presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, dice que “hay un tema de soberanía por parte del Estado”, y señala que la protesta social hay que enmarcarla dentro de lo razonable. “Esto se ha vuelto objeto de oportunismo”. La gente sabe que se va a operar en una determinada coordenada y allí aparecen dos o tres familias que antes no estaban.

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