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Mientras continúa la pelea por reglamentar Uber y otras plataformas similares, la regulación sobre las personas que trabajan con estas aplicaciones avanza. Dentro del Congreso de la República se encuentra un proyecto de ley que busca crear una categoría laboral especial para los más de 20.000 colombianos que dependen económicamente de estos servicios digitales, que de esta manera podrán cobrar seguridad social y tener seguro en caso de accidentes.
Se trata del proyecto de ley 110 de 2016, impulsado por el representante a la Cámara Rodrigo Lara Restrepo, quien propone para las personas que laboran en estas plataformas crear la categoría trabajador autónomo económicamente dependiente, la cual será una mezcla entre los empleados con vínculo directo con la empresa y los contratistas. De esta manera, tanto las aplicaciones móviles, como los empleados que prestan sus servicios en ellas, repartirán en partes iguales la carga del pago de la seguridad social.
La necesidad de sacar del limbo a este tipo de trabajadores es cada vez mayor, pues están creciendo significativamente. Cifras del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario revelan que hay entre 20.000 y 25.000 colombianos trabajando en estas aplicaciones. De este número, el 45 % desarrolla sus labores como su actividad principal para la generación de ingresos. Y en promedio una persona que se desempeña en este nuevo modelo de negocio obtiene ingresos entre $2,5 millones y $3 millones, por lo que algunos deberían declarar renta.
Para Iván Daniel Jaramillo Jassir, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, “la incorporación de un categoría intermedia entre la subordinación y la autonomía laboral es una innovación europea que ha sido utilizado como parámetro para regular nuevas formas de trabajo en modelos de economía colaborativa como los utilizados por Uber y Rappi. El proyecto de ley presenta al debate nacional la inclusión de diversas formas de trabajo no regulado en Colombia que merecen un sistema de protección del sistema laboral para, en este caso, trabajadores independientes económicamente dependientes de una actividad de la cual derivan los ingresos para satisfacer las necesidades personales y familiares”.
Asimismo, el verano de 2015 fue crucial para la regulación laboral de estas plataformas. La calificación jurídica de estos empleados llegó a Estados Unidos el 16 de junio del año pasado como resultado del caso que ganó Barbara Ann Berwick, en el que el comisionado laboral de ese país determinó que ella era trabajadora dependiente de Uber. Lo mismo pasó en España el 12 de junio del mismo año, pues el tribunal catalán determinó que las personas que prestaban sus servicios eran realmente empleados de esta aplicación para conseguir transporte.
El proyecto de ley propone repartir los costos de seguridad social entre las plataformas y los empleados en partes iguales. De esta manera ambos harían los pagos: Salud, en 6,25 % cada uno; pensión, en 8 %; ARL, en 50 %.
De esta manera, aunque con la reforma el costo por empleado en seguridad social no representaría el 51 % del salario, como pasa con los trabajadores directos, “las plataformas pasarían de pagar nada por este concepto, a cerca del 14,5 % de los ingresos de sus trabajadores”, dijo Jaramillo. Además, estos empleados se verían obligados a reportar la remuneración que ganen por sus servicios. De manera que desde ahora serán formalizados.
El Espectador intentó hablar con Uber Colombia sobre este proyecto de ley. Sin embargo, funcionarios de la empresa dijeron que no se pronunciarán al respecto. Rappi, por su parte, explicó que todavía siguen estudiando cuál será el impacto económico sobre su compañía en caso de que esta iniciativa se convierta en ley, pero le contó a este diario que todos sus rappitenderos cuentan con seguro (ARL) en caso de accidente a la hora de entregar un pedido, el cual los cubre incluso en caso de una incapacidad permanente. Asimismo, hay un seguro de responsabilidad contractual que cubre daños a terceros.
Además de los beneficios en salud y en seguros en caso de riesgo, el proyecto de ley también propone que estos trabajadores tengan garantía de asociación, lo que abre la posibilidad de crear organizaciones sindicales de empleados de plataformas móviles.
Fabio Arias, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, afirmó que “si pasa este proyecto de ley, se crearía una contradicción, pues en el caso de Uber estarían formalizando sus conductores pero no el servicio que prestan, lo cual es injusto con los taxistas, pues todo su sector es legal. El Gobierno debe primero definir cuál es la suerte de este modelo de negocio y luego ver qué hacer con estos empleados. En este escenario tan ambiguo nos quedaría muy difícil representar a los taxistas y a los conductores de esta aplicación al mismo tiempo”.
Todavía no se da el primer debate de este proyecto de ley, por lo que hay espacio para que los diferentes sectores, y sobre todo el Gobierno, se manifiesten sobre las contradicciones de las que hablan los sindicatos en el caso de aplicaciones como Uber. Sin embargo, la iniciativa es válida si se tiene en cuenta que hay más de 20.000 colombianos trabajando con este esquema y la población podría aumentar con la llegada de nuevas plataformas.