Cali no está con la onda

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Luego de que en 2013 la Corte Constitucional ordenara al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) regular la distancia entre las antenas de telefonía móvil y los asentamientos humanos, y de que las comunidades de ciudades como Quibdó, Barrancabermeja, Cali y Neiva se opusieran —aún lo hacen— a que los operadores instalaran las antenas en lugares próximos a sus casas, argumentando daños a la salud de las personas, un debate en el Concejo de Cali, en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), puso el asunto nuevamente sobre la mesa.

El cabildo local aprobó en primer debate dos temas que afectarían la intención de los operadores de telefonía móvil de instalar más antenas que mejorarían el servicio para los usuarios: el primero fue determinar que cada 250 metros debe haber una repetidora, y el segundo —claro está que sin la aprobación de la Alcaldía como lo determina la ley—, que se tramite una autorización de uso de suelos, lo que implicaría que quien pretenda instalar antenas debe pedir permiso a la comunidad del sector.

El miedo de las personas radica en los supuestos problemas de salud que han generado en algunas personas las microondas emitidas por las antenas.
Según el concejal Fernando Alberto Tamayo Ovalle, “este fue uno de los temas más neurálgicos durante el debate, por la presión ciudadana”.

Estas medidas tienen a los operadores con los pelos de punta, pues el hecho de que la distancia entre las antenas quede reglamentada impediría poner los dispositivos según la necesidad y el tráfico de usuarios de cada zona. Además, como señala la presidenta de Asomóvil, Nancy Patricia Gutiérrez, “si no hay antenas cerca de los hospitales, no pueden usar las comunicaciones móviles por ejemplo para la telemedicina y para los equipos internos de comunicaciones, y si no se dejan poner cerca de los colegios, pues los muchachos tendrían restricciones para el acceso a internet”.

A la fecha, la Agencia Nacional del Espectro ha realizado más de 15 millones de pruebas que certifican que la potencia de las ondas está por debajo de los valores exigidos por la Organización Mundial para la Salud. Medida que fue adoptada por medio del decreto 195 de 2005.

Para el director general de esta organización, Óscar León, la actitud de las personas a la instalación de estos dispositivos en lugares cercanos a sus casas es producto del desconocimiento, por lo que la reacción normal “es oponerse. Los operadores deberían darnos facilidades para que podamos hacer campañas de divulgación masiva. Nosotros lo hacemos hasta donde nos alcancen los medios”.

Sobre el particular, la Alcaldía de Cali aclaró que su posición es que “debe haber una distancia entre las antenas de 250 metros para que estén adecuadamente distribuidas en la ciudad y no haya sobrecarga de emisiones. Y no vamos a supeditar la decisión a otros aspectos que no sean técnicos y que tengan que ver con la aceptación de una comunidad, en el entendido de que no podríamos tener las antenas y tampoco existen elementos de juicio para prohibir su instalación”, aclara el alcalde (e) Javier M. Pachón.

Aunque Asomóvil advirtió que, de aprobarse esta medida, el 70% de la ciudad quedaría sin cobertura de comunicaciones móviles a través de teléfonos celulares y de replicarse en otras ciudades de Colombia el 48% de la población se vería afectada, el concejal Tamayo Ovalle desmintió que ellos se estén oponiendo a que se instalen nuevas antenas en la capital del Valle. “Nosotros proponemos que se instalen antenas verdes que se mimetizan, que no generan impacto visual para el tema urbanístico y que son amigables con el ser humano. La dificultad para los operadores es que son un tanto más costosas y la inversión se incrementa en un 30% o 40%”.

Una de las alternativas que se estudian para dar solución a este debate es expedir una norma que rija en todos los municipios donde sea necesario instalar nuevas antenas, ya que el otro problema que enfrentan los operadores es cumplir con las exigencias de cada alcalde, lo que obligaría, según León, a cumplir “más o menos unas 1.120 reglamentaciones diferentes”.

Pero la propuesta no suena ni en la capital del Valle ni en otras ciudades y municipios del país, pues consideran que sería desconocer su autonomía.

“Nos oponemos a que se desarrolle una ley como esta, porque sería violar la autonomía municipal en materia de orden territorial, que les corresponde a las alcaldías locales. Esto no es de imposiciones, sino de concertar y de educar y hacer entender que una buena cobertura es un beneficio para todos”, afirma Gilberto Toro, director de Fedemunicipios.

A diferencia de Ibagué, Neiva y Pasto —ciudades donde se exige cierta distancia de centros educativos o con limitaciones absolutas para la instalación de las antenas—, “Medellín es un ejemplo de una buena planeación desde el punto de vista del POT, que permite la instalación de antenas y no hay inconvenientes de conectividad”, dice el CEO de Asomóvil, Sergio González Guzmán.

Así, pues, continúa una discusión en la que se están jugando dos factores importantes: el de garantizar el buen estado de salud de los ciudadanos y, por otro lado, el acceso a un servicio de calidad en la telefonía celular en un mercado en el que la penetración del servicio de datos tan sólo llega al 10% y sigue en aumento.
Lo que más preocupa es que esta situación no se presenta exclusivamente en la capital del Valle, sino en ciudades tan importantes como Bogotá, donde las restricciones amenazan la calidad del servicio en el 25% de la urbe, y en Barranquilla, un lugar en desarrollo, donde hace poco el gremio de operadores estuvo hablando con la alcaldesa Elsa Noguera sobre la importancia de mejorar las telecomunicaciones de la ciudad.

Barrio Champagnat, una mala señal

Alexánder González, profesor universitario, ha vivido en carne propia lo que él dice son las afectaciones generadas por las antenas de telefonía celular: la trombositosis que sufre su hijo, según él, se agudizó por la presencia de estos dispositivos.

“Mi hijo tiene cinco años y empezó a sufrir de alteraciones en las manos y en las plaquetas, y la doctora le diagnosticó trombositosis. Las manos se le partieron, como cuando una persona sufre del hígado, y lo llevamos a todos los especialistas y no podían dar con la enfermedad. Uno de los doctores nos preguntó dónde vivíamos y le dije que en el barrio Champagnat. Dijo, a manera personal, que la razón podría ser la presencia de esas antenas.

Entre las precauciones que tomamos estuvo cambiar de lugar la habitación del niño, que estaba a un metro de la torre de telefonía, y mejoró un poco, pero de todas maneras sigue con el diagnóstico de la enfermedad.

Nosotros hicimos un derecho de petición a las instancias y en su momento tanto Planeación como la Secretaría de Salud dijeron que no había ningún permiso para que esa antena estuviera ubicada allí. Cuando llamaron a los dueños de esas antenas, mostraron permisos que no aparecen registrados en el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente.

Alrededor de nuestra casa hay más de 20 personas con cáncer. No está demostrado que las ondas que generan las antenas son dañinas, pero hace unas décadas tampoco se decía que el tabaco era nocivo para la salud”.