Camioneros no dan su brazo a torcer

Luis Orlando Ramírez, uno de los líderes de la protesta, asegura que el Gobierno le dio la espada a la negociación y que está abusando de su autoridad.

Luis Orlando Ramírez, director ejecutivo de la ATC y miembro de la Cruzada Camionera.
Luis Orlando Ramírez, director ejecutivo de la ATC y miembro de la Cruzada Camionera.

¿En qué estamos tras 43 días de paro?

No estamos en nada. El Gobierno le ha dado la espalda a la negociación. Desde el pasado sábado, cuando tuvimos el debate en la comisión sexta, en el que el señor ministro no se hizo presente, estamos sin ningún tipo de comunicación, y eso a pesar de que le hemos hecho varias llamadas, pero pareciera que el señor ministro está contento con la inmovilización que afecta al país, porque no hay ningún tipo de canal, de diálogo abierto. Y esto no se va a acabar con el silencio, como lo pretende el Gobierno. Mantenemos la protesta, la inmovilización.

El Gobierno tomó la decisión de incautar carros y cancelar licencias por bloqueos de vías. Les pusieron mano dura...

Esa es una irregularidad del Gobierno, es un abuso de autoridad. Toman fotos incluso de camiones que están dentro de los parqueaderos, de los que están estacionados fuera de la carretera, en la berma. Justamente ese listado que tiene, de más de 900 carros para llevar a proceso judicial para expropiación, pues le digo, es una violación al derecho fundamental y constitucional de la protesta, al trabajo.

El expediente judicial de Pedro Aguilar ha salido públicamente. ¿Lo van a retirar de la mesa para que no se vea opacada la negociación?

La misma autoridad tiene ese proceso desde el 2014. ¿Por qué en dos años no ha dado trámite a la investigación? Lo vemos como una presión. Pedro Aguilar ha contestado a la Fiscalía y está presto a responder. Pero no hay unas pruebas que dicen tener, y lo que están haciendo es tratar de deslegitimar la protesta. Sabemos que el Gobierno no tiene los argumentos para la negociación, porque le estamos pidiendo cosas reales para el sector transportador que ordenan gasto público, pero hay unas dificultades e intereses creados de algunas personas del Gobierno por desarrollar proyectos viales y logísticos en beneficio propio.

¿Quiénes son esas personas?

Es gente que toma decisiones en el Gobierno. No sabría decirle nombres, pero es evidente que hay interés por montar grandes flotas empresariales aquí.

En sus bases se habla de Impala, que es la empresa que traería 2.500 camiones a Colombia, aseguran. ¿Tienen pruebas?

Las bases son las que recorren el país, han visto los carros rodando. Usted tiene razón Las bases nos dicen y usted sabe que la opinión del pueblo es la opinión de Dios. Hay un rumor generalizado y es lo que nosotros ponemos sobre la mesa.

Pero la empresa y el Gobierno dicen que eso no es cierto...

Eso esperamos. Existe el temor, y le corresponde al Gobierno darles tranquilidad a las bases, no entregar en licitación pública ocho corredores logísticos que ya tiene reglamentados, no entregar la operación, porque de pronto nos sucede como con la venta de Isagén, que se hizo una subasta y ya estaba el ganador. El temor es que se liciten los corredores logísticos y que se los gane el único proponente, como dicen nuestras bases, que es Impala.

Ustedes piden un aumento del 30 % en promedio y el Gobierno les ofrece 8,5 %...

No es verdad que estamos pidiendo el 30 %. La estructura de costos de transporte tiene un 40 % por debajo del costo operativo. Lo que estamos pidiendo es que se nos nivele. No pedimos incrementos de fletes: pedimos nivelación de los costos operativos. Ese 8,5 % que ofrece el Gobierno no asiste a nuestra realidad.

¿Qué se debería firmar para que levanten el paro?

Que el Gobierno acepte cambiar la estructura del SICE-TAC (Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga), que ha sido una mentira sistemática desde el 2011, por un sistema estructural de costos operativos que derive en un piso mínimo y que tienen que pagar los generadores de carga, que llevan ya 10 años en el coche de la comodidad pagando por debajo. Hemos subsidiado a la industria colombiana y a todo el sector productivo del país.

¿Y sobre las empresas de transporte que son, al final, las intermediadoras?

Eso lo hemos pedido. Deben montar una política de flete limpio, quitar esos descuentos ilegales y todo tipo de arbitrariedades que han cometidos en los últimos 10 años de manera abusiva.

¿Hasta cuándo van a aguantar?

Hasta que mi Dios nos lo permita y nuestra resistencia aguante. Declinar sería ceder el terreno al Gobierno para que entregue el transporte a las multinacionales y desplace el camionerismo colombiano.

¿Cuántos son pequeños camioneros?

De un parque automotor de 313.000 vehículos, el 87 % somos terceros civilmente contratados, propietarios de uno o dos vehículos máximo.

¿Y cuántos son vehículos viejos?

De más de 25 años, aproximadamente 60.000. Esa es la preocupación. Queremos tener el derecho a la reposición, y el Gobierno no ha contado con los recursos y el flujo de caja adecuados. A las personas que han entregado sus carros desde el año pasado no les han pagado. Hay angustia en el transportador que ha pretendido que la reposición sea una herramienta para modernizar y que hoy no ha contado con la respuesta adecuada del Gobierno. Dicen tener la plata en documentos, pero nosotros la necesitamos disponible para pagarle a quien ha chatarrizado.

¿Qué hacer por parte del Ministerio y de los camioneros para sanear el drama de la chatarrización? ¿De la corrupción?

Hay cientos de intermediarios en ese programa, la mayor parte de ellos, por no decir todos, ajenos a la Cruzada Nacional Camionera, personas que se han conectado con funcionarios del alto gobierno ya identificados por la Fiscalía y que han montado un negocio, una práctica indebida tolerada por el Ministerio, quien debe tener el control de la situación. Hemos pedido que, para darle claridad al proceso de desintegración, lleguen organismos internacionales para que sean veedores de todo este proceso, que se sepa dónde están los recursos y a quién se destinan.

¿Qué proponen para denunciar entre todos el lavado de activos que hay en el sector?

Para eso están la UIAF, la DIAN y la Policía. Pero no están haciendo su trabajo para que este, como otros sectores donde están ellos, tenga control permanente.

Ayer el ministro dijo que se mantenía el uno a uno y que no se volverá a la tabla de fletes...

Hay que pedirle claridad al ministro. El viernes nos pasó un documento que dice que en 18 meses quita el uno a uno... ¿entonces? La Cruzada hizo la inmovilización y no aceptamos sentarnos con otras personas. Si él no se quiere sentar, seguimos la protesta.

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