Cámara Colombiana de la Infraestrcutura propone cruzada nacional contra la corrupción

Además de expulsar a Odebrecht, la junta directiva de la Cámara Colombiana de Infraestructura anunció está tarde un plan estratégico para combatir las malas prácticas de contratación.

AFP

Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI, aprovechó la posesión del nuevo procurador general de la nación, Fernando Carrillo, para proponer un gran acuerdo nacional contra la corrupción.

"Queremos invitar a las instancias de control, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, a emprender una cruzada nacional para combatir el lamentable fenómeno de la corrupción", añadió Caicedo. (Lea: Juan Manuel Barraza, esposo de Andrea Serna, deberá responder por caso Odebrecht)

El plan propuesto por la CCI está conformado por cuatro puntos principales y pretende romper de forma definitiva la relación entre contratación y politiquería.

Lo primero en lo que Caicedo hizo énfasis fue en la urgencia de sanciones ejemplarizantes para quienes ofrezcan y reciban sobornos. En ese punto, el líder gremial reconoció la eficiencia de la Fiscalía General de la Nación y anunció que el equipo de investigación de la Cámara ya estaba trabajando de la mano del gobierno nacional para poder obtener nuevos resultados en el menor tiempo posible.

El segundo punto busca agilizar el proceso y la aprobación del proyecto de ley 084 radicado en 2016 y que incluye la puesta en marcha y la regulación de Pliego tipo vinculante para que no se pueda manipular las condiciones habilitantes de los contratos. El propósito de esta proyecto es que aumenten los oferentes y halla transparencia en todos los departamentos del país.

El tercer componente de la propuesta radica en desvincular la política de la contratación. "Lo que hemos ganado en democracia lo hemos perdido en corrupción", reconoció Caicedo cuando se refería al hecho de que tanto en las ciudades como en los pequeños municipios del país las empresas financian la campaña de los candidatos y a cambio exigen la adjudicación de cientos de contratos.

El último requerimiento consiste en fortalecer las entidades de control regionales para que dejen de ser "cómplices silenciosos" de las irregularidades y de las malas prácticas de contratación.

 

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