Cargos contra Asosubastas por fijar precios y comisiones

A la dura situación que vive el agro colombiano se le acaba de sumar una grave acusación en contra de 19 empresas y su gremio encargadas de subastar el ganado en Colombia.

De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, Asosubastas estaría violando las normas de libre competencia y habría liderado un presunto cartel que acordaba y fijaba precios en servicios y comisiones.

Los implicados son la Asociación de Subastas Ganaderas (Asosubastas), la Sociedad Central Ganadera, la Comercializadora de Ganados de Sucre, Proagan, la Compañía Comercializadora Ganadera, el Mercado Ganadero de Santander, la Sociedad Subastadora de Ganados de la Costa, Subagan Soga S.A., Subagauca, Subastar, Isaye, Suganar, Sugasam, Subacasanare, Asocebú, Comité de Ganaderos y Agricultura de Buga, J.V. Inversiones Jaime Hernando Lafaurie Vega, Agrocomercial Koran, Compañía Ganadera del Meta y Suganorte S.A.

“A los investigados, la Superintendencia les imputa presuntas infracciones al régimen legal de la libre competencia en el mercado de comercialización de ganado en pie a través del sistema de subasta, por conductas derivadas de un presunto acuerdo para unificar el valor de la comisión que por el servicio de intermediación se cobra tanto a proveedores como a compradores de ganado. De igual manera, por la presunta influencia por parte de Asosubastas a sus asociados para la realización del mencionado acuerdo”, detalla el ente regulador.

El pliego de cargos también se abrió contra los 19 representantes legales de las distintas empresas, a quienes la SIC les envió un mensaje: “podrán acogerse al programa de beneficios por colaboración, derivados de la presunta participación en las conductas contrarias a la libre competencia que se investigan dentro del presente trámite radicado con el No. 12-061309, en caso de que informen a esta Superintendencia acerca de la existencia de las conductas que aquí se describen y/o colaboren con la entrega de información y de pruebas”.

Y acto seguido les lanzó una costosa advertencia: “En el caso de que el proceso termine declarando que existió violación a las normas de libre competencia, la Superintendencia, además de adoptar medidas para que cesen las conductas anticompetitivas, puede imponer multas a quienes infrinjan las disposiciones de prácticas restrictivas de la competencia hasta por cien mil salarios mínimos legales mensuales, es decir, hasta $58.950 millones por cada infracción; y a las personas naturales por $1.179 millones”.