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Una vez más los altos precios de los combustibles, los fletes y las condiciones de trabajo de los transportadores se confabularon hasta desencadenar un cese de actividades del sector que llegó a 25 días y deja pérdidas por más de $6 mil millones al país. Un escenario nada deseable en momentos en que Colombia debe hacer frente a las turbulencias de los precios del petróleo, el repunte del dólar y la caída de las exportaciones, entre otros.
Dicha situación obligó al Ejecutivo a emplearse a fondo ayer para tratar de conjurar la crisis con los camioneros en momentos en que sus efectos se sienten con preocupación en los precios de los alimentos y hasta podrían ser aprovechados por sectores que desean sacarle rédito político al asunto tratando de extender la ola de inconformismo a otros sectores. De hecho, Gobierno y gremios afinaban anoche detalles técnicos del principio de acuerdo para el levantamiento de la protesta.
El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, dice que en el caso de Bogotá, “a Corabastos normalmente un miércoles llegan entre 600 y 800 camiones. Ayer miércoles arribaron 752. Usualmente traen entre siete mil y nueve mil toneladas de alimentos, ayer fueron 7.849 toneladas”. En cambio, la presidenta de la Asociación de Transportadores de Carga por Carretera (ATC), Alejandra Vaquero, asegura que “hay desabastecimiento total en el país”.
Detrás de las manifestaciones, la militarización de las carreteras, las capturas por bloqueo de vías y la falta de reglamentación hay un problema que persiste hace 20 años: la falta de una política pública en el transporte de carga que regule el pago justo de los costos operativos, el control del parque automotor, entre otros.
El problema, según los agremiados, es que el sistema de libertad vigilada funciona a medias.
“Hay una herramienta que tiene el Mintransporte, el Sistema de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga, que forma parte del esquema de la libertad vigilada. Éste permite controlar el mercado y establecer si en las contrataciones entre la empresa de transporte, el remitente de la carga o el conductor del equipo se paga por debajo de unos costos establecidos. De ser así, se podría, en una decisión gubernamental, obligar el pago de ese valor mínimo”, explicó el presidente de Colfecar, Juan Carlos Rodríguez.
Según la presidenta de la ATC, “ha habido una mala interpretación. Siempre dicen que protestamos por fletes y no es por eso, sino por el cumplimiento de la ley (...) Los generadores tienen una presión muy fuerte porque no quieren pagar los costos reales del transporte, nadie en condiciones lógicas les llevaría las mercancías”.
Los gremios dicen que también hay sobreoferta de vehículos en las carreteras, más de cien mil, y las vías no dan abasto.
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Peticiones de los transportadores
Disminución del precio del acpm.
Cumplimiento del Decreto 2228 que regula, vigila y controla el sector del transporte.
Acabar con la sobreoferta de vehículos de carga en el país. Según los gremios, podrían haber más de 100 mil vehículos de más funcionando.
Regular los precios que deben pagar las empresas a los transportadores por prestarles el servicio.