La intervención de la Fiscalía en el caso del millonario sobrecosto de Reficar le va dando más fuerza al que ya muchos consideran el mayor escándalo de los últimos años en la industria colombiana. El ente investigador, además de las oficinas de Reficar y Chicago Bridge & Iron Company (CB&I), allanó las casas de tres empleados de la firma norteamericana en busca de información que ayude a desenmascarar a los responsables.
La obra de la plataforma industrial, gracias a la que se dobló la capacidad de refinación del país, costó el doble de lo presupuestado al inicio, US$8.015 millones. Mientras avanzan las investigaciones, aunque se barajan nombres, lo cierto es que no existe un solo documento que demuestre que un ministro, un presidente o un funcionario estén relacionados con los sobrecostos, o al menos no directamente. Omisiones hay muchas.
En cambio, las decisiones aprobadas en las juntas directivas de Ecopetrol y Reficar desde la configuración del proyecto son claves. El órgano de administración fue uno de los filtros importantes y, a menos que la información que se les hubiera suministrado no fuera real o se omitiera parte de la misma, era virtualmente imposible no saber que CB&I —encargada de la construcción— estaba usando a su antojo la chequera de Ecopetrol.
Más aún cuando las personas que conformaban esas juntas directivas están ampliamente capacitadas y por su recorrido académico y experiencia laboral son los llamados a asegurar la sostenibilidad y el crecimiento de la sociedad. Su función es tan importante que en la asamblea general de accionistas del 22 de marzo de 2012 decidió lo siguiente:
“Aprobó por mayoría de 105 accionistas presentes establecer 105 honorarios de 105 miembros de la Junta Directiva en seis salarios mínimos legales mensuales vigentes (6 SMLMV) por sesión de Junta Directiva y/o Comités, y reconocer 105 gastos por desplazamiento y hospedaje a 105 miembros de la Junta Directiva cuando lo requieran para el cabal desempeño de sus funciones, por votación de 38,160,567,165 acciones ordinarias, que representan el 99.02748475% de las acciones presentes y representadas en la reunión”.
Esto quiere decir que, por cada sesión, y generalmente se hace una cada mes, un miembro de la junta, con el salario mínimo legal vigente este año, puede ganar $4’136.724, o sea, por lo menos $50 millones anuales. Según los últimos reportes de Ecopetrol, la empresa ha invertido casi $4.000 millones en este rubro durante los últimos tres años.
La relación de la refinería con CB&I fue conocida el 30 de agosto de 2007, cuando la administración le informó a la junta que había aceptado “la oferta comercial irrevocable de trabajo anticipado de la empresa CB&I Americas Ltd. para realizar la consultoría, incluyendo servir de interface con los consultores de tecnología para soportar el desarrollo de las mejoras de configuración de la ampliación y modernización de la refinería y el modelo LP y la selección de los licenciantes”.
Dos meses después se vino el primer incremento de presupuesto, que fue debidamente aprobado por el órgano. Para mantener mayor rango de producción y ceñirse a estándares internacionales ya no bastaban los US$2.229 millones inicialmente pactados sino que fueron necesarios otros US$389 millones.
Según la Contraloría, el 2 de noviembre de 2007 se autorizó la suscripción de un contrato Engineering, Procurement and Construction (EPC) con costos reembolsables, que fue la entrada de CB&I al presupuesto de Ecopetrol.
En la junta directiva del 28 de octubre de 2008, el presidente de Reficar, Orlando Cabrales, explicó a los miembros las bondades de esta modalidad contractual. Aunque Glencore ya no hacía parte del proyecto, como lo recordó recientemente, lo cierto es que la suscripción de este tipo de contrato ya se estaba cocinando cuando aún estaba allí.
El exministro de Minas y Energía Hernán Martínez aseguró que “cuando Glencore devolvió la refinería a Ecopetrol, ya había contratado a CB&I. Eso fue heredado. El desarrollo del proyecto empezó cuando nosotros habíamos salido del Gobierno”.
La penosa salida de la multinacional —a la que Ecopetrol le pagó US$549 millones por el 51% de la participación— fue el 27 de mayo de 2009. Un mes después de su salida, y al final del segundo gobierno Uribe, la administración consideró que el contrato EPC con costos reembolsables era la mejor alternativa, porque “permite tener más control de la negociación”, lo que a la postre no sucedió.
Foster Wheeler, que se desempeñaba como consultor en la refinería de Barrancabermeja, fue elegido para hacer seguimiento y asegurar la transparencia y buenas prácticas del contrato de CB&I. La administración Uribe dejó las condiciones contractuales ya mencionadas, un proyecto que le costaría al país US$3.221 millones, cifra que debía cubrir “todos los materiales, servicios, subcontratos y el presupuesto de contingencias”.
Quince días después de la posesión del presidente Juan Manuel Santos, el costo de la refinería ya era de US$4.199 millones. Ante el escenario, en el que el proyecto ya costaba 100% más de lo que inicialmente se presupuestó en 2007, el Gobierno intentó modificar el compromiso contractual. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, argumentó que eso hubiera implicado fuertes sanciones contra Ecopetrol y amenazaría la construcción de la plataforma.
De allí para adelante, la historia es conocida. En los últimos cinco años se ejecutaron US$8.015 millones. El hoy presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, casi se va a los golpes con quien dirigía la refinería, Orlando Cabrales, por los sobrecostos. Y los rumores de un proyecto costoso se oían en cocteles, congresos y reuniones. Las acciones fueron pocas y el resultado no podía ser diferente al que dio a conocer la Contraloría. La improvisación estuvo a la orden del día.
