La Colombia de las concesiones de cuarta generación

Si se ejecutan 40 concesiones por US$50 billones, el tiempo de viaje se reduciría 30% y los costos de operación caerían 20%. Habría 400 mil nuevos empleos.

El país espera tener 100 kilómetros de túneles en siete años para enfrentar el cambio climático. / Óscar Pérez -El Espectador

A lo largo de los últimos años, luego de que el Ministerio de Obras Públicas y Transporte perdiera parte de su carga para buscar transformarse en una entidad ágil y moderna, y decidiera quedarse sólo con su último apellido (Transporte), la mayoría de colombianos han escuchado el anuncio de innumerables proyectos que les permitirían volver en tren a Santa Marta, ir de Bogotá a Villavicencio en 90 minutos, movilizarse desde el interior del país a la Costa Caribe en tan sólo 10 horas o cumplir con el sueño de los abuelos de atravesar el tormentoso Alto de La Línea a través de un túnel. En pocas palabras, tener buenas carreteras.

Pero esto no se ha podido lograr debido a diferentes factores que han obligado al Gobierno a tomar medidas urgentes para atender las preocupaciones de sus ciudadanos y honrar los compromisos comerciales en los que se ha embarcado el país.

Así lo cree el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, quien considera que si el país logra sacar adelante su programa de concesiones viales de cuarta generación (4G), entre 2015 y 2020, en el que se invertirán cerca de $50 billones, una cifra nunca antes vista en sector alguno, Colombia sin duda habrá dado un paso importante en la reducción del atraso carretero en que está sumido y se harían maravillas.

Andrade tiene la responsabilidad de poner en marcha y sacar adelante 40 proyectos viales que permitirían que, para finales de la década, los 12.000 kilómetros de vías más importantes del país estén construidos bajo las más altas especificaciones, lo que haría posible que las tractomulas puedan transitar a velocidades de 80 kilómetros por hora. Sin embargo, hay denuncias de expertos que consideran que esto no será posible, ya que hay carreteras con altas pendientes, como los túneles de La Línea (11%) en la vía Bogotá-Buenaventura, y los de La Mona y El Trigo, con pendientes de 7 y 8%, respectivamente, en la Ruta del Sol, lo que se convertiría en un obstáculo para mejorar la competitividad del país.

De esos 12.000 kilómetros, de los que habla Andrade, 3.500 estarían en doble calzada, es decir, 2.400 kilómetros adicionales a los que tenía el país al cierre del año pasado. “Se tiene proyectada la construcción de 25 túneles largos, con una longitud total de 100 kilómetros, lo que permitirá elevar el crecimiento del país a un 6% y con la generación de 400 mil empleos en un período de cinco años, según las proyecciones del Departamento Nacional de Planeación. Esta es la razón por la cual estoy defendiendo con tanta vehemencia este programa de sus enemigos”.

Y si bien existen diferencias marcadas entre el Gobierno y los gremios, como ha ocurrido en los últimos gobiernos, las partes coinciden en que el país requiere que se cumpla con lo contractual para permitir que Colombia avance para erradicar el retraso.

Sin embargo, los analistas consideran que el país no será competitivo con la ejecución de estos proyectos, que si bien mejorará la movilidad, lo que requiere es que la industria se mude a los puertos como sucede en gran parte del mundo, pero mientras esto ocurre hay que construir las vías.

Hoy transportar una tonelada de carga desde los centros de producción a los puertos es más costoso que traerla desde algún país europeo a Cartagena o Buenaventura.

Si se cumple el deseo del Gobierno, el tiempo de viaje en estos corredores se reduciría en 30% y el costo de operación caería 20%, lo que sin duda se vería reflejado en la dinamización de la economía, que para este período crecería entre 4,6 y 5,3%, es decir, que se tendría un Producto Interno Bruto (PIB) adicional del 1,6%, según los estudios del Consejo de Política Económica y Social (Conpes).

Algunos analistas difieren de esta posición por considerar que se incluyeron carreteras que no aportarían nada a la competitividad del país y que las vías más importantes ya están contratadas, como Bogotá-Buenaventura y Bogotá-Santa Marta.

Pese a este pesimismo de algunos sectores, la calificadora Fitch considera que con el despegue de estas obras, en el primer semestre de 2014, las vigencias futuras ocupen un lugar preponderante en el soporte plurianual de los mismos y se lograrán grandes avances.

Sin embargo, analistas económicos consideran que en los primeros años se verá el impulso a la economía, pero luego se desvanecerá. Por ahora hay que hacer fuerza para que los contratos se cumplan y no se contagien de los problemas de Commsa, con la vía Tobia Grande-Puerto Salgar, que hoy heredó la Ruta del Sol.

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