Cuando firmó el decreto con el que asumía una nueva responsabilidad en el Estado, Hernando José Gómez ya tenía en mente las primeras acciones que su nuevo despacho tendría que implementar para llevar a buen puerto el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre Colombia y Estados Unidos.
Antes de dejar la Dirección de Planeación Nacional para convertirse en el ‘zar’ del acuerdo, el Gobierno había identificado 50 puntos urgentes con 253 tareas concretas para implementar antes de su puesta en marcha; hoy, al transcurrir el primer mes de 2012, se han completado 88 de las poco más de 100 actividades realizadas.
Pero en su lista el nuevo director de la Oficina de Coordinación para el Aprovechamiento del TLC aún tiene asuntos por definir, como la implementación de un registro en línea para el descargue de mercancías en los puertos o la implementación y difusión de una nueva nomenclatura arancelaria.
“Son temas puntuales que tendrán que resolverse en los próximos meses”, comentó Gómez ayer durante el Innovation Day que la multinacional tecnológica Hewlett-Packard realizó en el Club El Nogal para analizar las ventajas e impactos que traerá la entrada en vigor del TLC.
Pero antes de que esa fecha se cumpla, es preciso que el país cumpla con ciertos requerimientos en áreas tan vitales como la aduanera, la tramitomanía o el manejo de contingentes para que no se presenten mayores dificultades en los intercambios comerciales.
Aquellas reformas también implican reformas estructurales en los organismos del Estado. Uno de ellos es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), que desempeñará un papel fundamental en la adopción de las normativas sanitarias y fitosanitarias internacionales. Tras realizar un estudio técnico, de cara a la reorganización de sus funciones, el Gobierno cuenta ya con el borrador de decreto que le dará una nueva misión a la entidad.
“El decreto definitivo se presentará este mes e, incluso, ya tenemos definida a la nueva cabeza que adelantará este proceso”, indico Gómez, pero se rehusó a dar un nombre.
Otro punto vital es la industria. El gran objetivo es crear clústers (encadenamientos industriales) en cada región, los cuales se encargarán de diversificar y mejorar la calidad de la oferta exportadora de Colombia. Una tarea que cuenta como punto de partida con la definición de sectores estratégicos, siendo el más importante el de maquinaria y equipos (aprovecharía el 43,6% de las oportunidades que traería el TLC), seguido por el de aparatos eléctricos (27%), química, petroquímica y refinación (18,3%), metales básicos (13,6%), elaborados de metal (12,5%), autopartes (10,3%), entre otros
Entre los puntos ya ejecutados se encuentra la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, que s resolverá las disputas que puedan surgir con particulares de EE.UU de la mala aplicación de los acuerdos consignados en el TLC, especialmente en los capítulos de propiedad intelectual y derechos de autor, servicios e inversiones.
Surgida el año pasado como un mecanismo para evitar el desangre del erario por cuenta de las innumerables demandas instauradas por particulares, se convertirá en el primer recurso si algún ciudadano estadounidense decide recurrir a los tribunales al sentirse perjudicado por determinada ley o política pública colombiana. Y es en este escenario donde aparecen las primeras falencias.
“Es vital que se haga un completo proceso de capacitación para que las entidades y las regiones se cuiden mucho de violar los términos acordados en el TLC a la hora de suscribir convenios con empresas de ese país”, señala Germán Umaña Mendoza, catedrático de la Universidad Nacional, quien también considera que las universidades del país deberán incluir nuevos elementos del derecho anglosajón en sus programas académicos.
Pero en un escenario más inmediato, el Congreso tramita actualmente dos proyectos de ley para armonizar los requerimientos en materia de propiedad intelectual y reglas de origen con la normativa internacional; asimismo, la Corte Constitucional le realiza los controles respectivos a una iniciativa de protección de inversiones.
“Lo más importante en estos procesos es concluirlos. Aún hay otra serie de compromisos que faltan por entrar en vigor, pero son más sencillos, porque sólo están pendientes de la expedición de una ley o un decreto. Pero no dejan de ser vitales porque comprenden un número importante de capítulos del TLC”, comenta Camilo Reyes, presidente de la Cámara de Comercio Colombo-Americana.
De ellos dependería que el buen ritmo de las inversiones estadounidenses en Colombia (US$4.600 millones entre 2005 y 2010) siga gozando de buena salud.