¿Cómo debería ser la próxima reforma tributaria?

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La Red de Trabajo Fiscal, un grupo de organizaciones de la sociedad civil y centros de pensamiento de varias universidades, presentó este viernes nueve propuestas de reforma fiscal que consideran esenciales para la reactivación económica que necesita el país.

La iniciativa, que contempla recomendaciones para una eventual reforma tributaria, está firmada por el Centro Externadista de Estudios Fiscales, el Observatorio de Hacienda Pública y Derecho Tributario Universidad del Rosario, Cedetrabajo, Dejusticia, la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol), el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, el Centro de Pensamiento de Política Fiscal (CPPF) de la Universidad Nacional de Colombia y la Maestría en Tributación de la Universidad de los Andes.

Sin mayor grandilocuencia, este es uno de los mayores aportes de organizaciones por fuera del Gobierno sobre cómo deberá ser la próxima reforma tributaria, que se da por descontado será presentada en 2021 como mecanismo para tratar de ajustar los golpes recibidos por cuenta de la pandemia.

Si bien los centros de pensamiento de la red admiten que las propuestas no estudian todas las posibilidades de mejora del sistema tributario, consideran que son elementos claves que se deben tener en cuenta a la hora de plantear una nueva reforma fiscal en el país, más aún cuando se buscará mitigar los efectos económicos ocasionados por la pandemia del COVID-19.

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“Esto es una especie de regalo (de la academia) para aportar a la discusión. Queremos que cuando se hable de reforma tributaria haya un debate con mucho contenido y se evalúen todas las propuestas porque estamos en una crisis. Si la comisión tributaria necesita estos insumos, nos reuniremos con ellos. Estamos abiertos”, dijo María Fernanda Valdez, coordinadora del proyecto regional Tributación para la Equidad en Fescol.

Estos son los puntos clave en el análisis de los centros de pensamiento.

Un ‘test’ para aprobar beneficios tributarios

Si bien el grupo coincide con que los beneficios fiscales pueden estimular la inversión o la generación de empleo, también afirma que tienden a erosionar la base fiscal “de manera ostensible”, a aumentar la brecha entre las tarifas nominales y efectivas y a deteriorar tanto la progresividad como la equidad del sistema. “A ello se suma que los beneficiarios principales son los grandes conglomerados y las personas con mayores ingresos”.

En esa línea, proponen la creación de un ‘test’ de proporcionalidad para la aprobación de dichos beneficios que permita evaluar su pertinencia. Con él se determinaría la necesidad del mismo, su contraprestación -para constatar si el beneficio es proporcional al costo fiscal que representa- y el impacto en los principios de progresividad y equidad del sistema.

Dicha evaluación estaría a cargo de la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal (OATP).

Acceso a datos anonimizados

La segunda propuesta tiene que ver con la creación de mecanismos que permitan el el acceso a datos anonimizados de las declaraciones de renta, información de beneficios tributarios y sanciones a evasores. En este apartado también sugieren añadir una casilla de género en declaraciones de renta para evaluar la equidad de la estructura tributaria entre mujeres y hombres.

De acuerdo con la red, la Administración Tributaria debería reportar y poner a disposición dichas bases de datos para que la academia y la sociedad civil puedan evaluar la equidad del sistema tributario y conocer cuánto dinero se deja de recaudar por conceder beneficios. Además, creen que revelar información sobre las sanciones a evasores podría ayudar a disuadir a quienes contemplen esta posibilidad y valorar la efectividad de las sanciones actuales.

Afirman que el acceso a esta información “es indispensable para que los principios constitucionales en materia tributaria dejen de ser una aspiración teórica y se pongan en práctica”.

No gravar la canasta básica familiar

Los académicos se manifestaron en contra de gravar la canasta básica familiar con el impuesto al valor agregado (IVA), especialmente en el marco de la pandemia, que ha tenido efectos contundentes sobre los ingresos de los hogares colombianos.

Señalan que este gravamen tendría efectos negativos en la población de bajos recursos y cuestionan la capacidad técnica del Gobierno para hacer una devolución efectiva del IVA a los más pobres.

“Hay que reconocer no sólo las magnitudes de las exenciones, sino la progresividad que esto implica. No es lo mismo una exención para los más ricos que para los más pobres”, aseguró Juan David Oviedo, asesor de finanzas públicas del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

Según Oviedo, la devolución del IVA sólo incluye a cierta población priorizada dentro de Colombia Mayor y Familias en Acción, pero deja por fuera a buena parte de las personas vulnerables.

La red también señaló que hay otras alternativas para compensar el recaudo que se dejaría de percibir, como la creación de una sobretasa que se calcule con base en los gastos de consumo de la canasta familiar de los hogares más favorecidos (gastos estipulados por el DANE), y que se cobre a través de la declaración del impuesto sobre la renta.

En este par de semanas, funcionarios del Ministerio de Hacienda, incluyendo al ministro Alberto Carrasquilla, han comenzado a ventilar sus perspectivas sobre lo que será el panorama tributario en 2021. El viceministro Juan Alberto Londoño, por ejemplo, aseguró que toda la canasta familiar debe estar cubierta con un IVA de 19 %, entre otras medidas.

Impuesto saludable a las bebidas azucaradas

Entre las iniciativas también se destaca un impuesto a las bebidas azucaradas para disminuir el consumo de estos productos y desplazarlo hacia sustitutos saludables.

Aunque no proponen una tarifa concreta, pues afirman que ésta se debe discutir en el Congreso, recordaron que en la exposición de motivos de la Ley 1819 de 2016, el Gobierno nacional estimó que el impuesto simple a las bebidas azucaradas recaudaría un estimado de $750.000 millones.

“Con la pandemia nos hemos dado cuenta de la importancia de desarrollar políticas de salud pública para evitar enfermedades. Esta es una propuesta de la que ya hay evidencia sobre sus impactos y si se quiere proteger la salud pública este puede ser el momento propicio para pasarla”, aseguró Alejandro Rodríguez, de Dejusticia.

Impuestos Verdes

Los académicos recordaron que en Colombia, la ley 1819 de 2016 creó un impuesto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, causadas por el consumo de combustibles fósiles. Sugieren reformular dicha norma para mejorar los impactos de este impuesto.

En esencia, proponen ampliar el hecho generador del gravamen, incrementar de forma progresiva la tarifa de este impuesto y que el precio del carbono no tenga un límite superior, así como la adopción de alternativas que disminuyan el riesgo de impactar a los más pobres en virtud del traslado de costos, y la garantía de que sus fondos sean utilizados para temas ambientales en su totalidad.

“En su primer año de implementación, este impuesto recaudó $476.900 millones de pesos. Sin embargo, ha dejado de gravar emisiones de CO2 provenientes del gas natural y del carbón, motivo por el cual se podría ampliar el hecho generador del impuesto para incluir estas emisiones y, consecuentemente, aumentar su recaudo”, indica la propuesta.

Fiscalidad Internacional

Según la red, es clave unificar la definición de beneficiario final dentro del sistema tributario colombiano (pues actualmente existen diferentes alcances de este concepto como, por ejemplo, en el reporte de información exógena).

También proponen que las empresas que operan en Colombia registren a los beneficiarios efectivos de sus transacciones para poder identificar los flujos financieros ilícitos ocultos e impulsar acuerdos automáticos de información.

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Sobre esto último, explican que si bien el sistema tributario habilita el intercambio de información a través del Estatuto Tributario y los diferentes Convenios de Doble Imposición, “es pertinente realizar acuerdos recíprocos de información con distintas jurisdicciones para que el control frente a las transacciones sea mucho más efectivo y eficiente”. Estos procedimientos deben cumplir con la regulación de protección de datos.

Impuesto a servicios digitales

Aunque la OCDE, a la que pertenece Colombia, establece que expondrá lineamientos para que los países miembros graven los servicios digitales, la red señala que es necesario que el país establezca un mecanismo que le permita gravar las rentas de la economía digital.

Proponen un nuevo impuesto sobre los servicios digitales ubicados en el exterior y cuyos beneficiarios estén en el territorio colombiano (impuesto GAFAH). Este gravamen implicaría una modificación del ordenamiento tributario y “debería constituirse con una tarifa baja, teniendo en cuenta que no es un impuesto deducible”, dice el apartado.

Elevar la tarifa del predial

La red también propone elevar la tarifa media del impuesto predial, en el marco de la Autonomía de las Entidades Territoriales. Así mismo, se plantea evaluar la posibilidad de establecer una única administración del impuesto, “lo cual no implica que las entidades territoriales dejen de entender esta renta como ingreso propio, sino que se considere como una medida que garantiza el recaudo y, por lo tanto, la eficiencia del impuesto”, dice la propuesta. Esto contribuiría a fortalecer la institucionalidad de las entidades territoriales y, por ende, a la descentralización fiscal.

En este apartado también se invita al Gobierno a fijar una propuesta para desarrollar el catastro multipropósito con integración de la Nación. “Una forma de lograr esta integración podría ser a través de alguna entidad del Estado que les otorgaría créditos a las entidades territoriales para realizar la actualización del catastro, los cuales se pagarían con el nuevo recaudo”, indica el documento.

Crear una asignatura de cultura tributaria

La última propuesta consiste en incluir una asignatura obligatoria en los planes de estudio que se enfoque en el entendimiento financiero del Estado, los tributos, el gasto público, la deuda, el sistema financiero y el rol del ciudadano como financiador del Estado.

“Las reformas han introducido beneficios, pero también amnistías que minan la cultura tributaria. El mensaje ha sido contradictorio. Por eso debe haber una enseñanza sobre el deber de contribuir”, asegura Eleonora Lozano, directora de la maestría en Tributación de la Universidad de los Andes.